¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?
