Las autoridades deberán ir comprendiendo que la voluntad popular debe ser tomada en consideración, no solo porque es un principio de la democracia, sino porque las comunidades combinan estrategias y suman a la consulta, la presión social, la denuncia internacional y la demostración técnica de la inconveniencia de desarrollar la minería, sobre todo cuando existen alternativas productivas mas incluyentes o ecosistemas frágiles
