El 20 de junio de 2007 la lucha del pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722, que defiende los ríos de la provincia de la megaminería metalífera. Pese al lobby minero, a la connivencia del arco político y a sus intentos de modificarla, la ley sigue tan vigente como la convicción popular de que "el agua de Mendoza no se negocia".
