Movimientos sociales y organizaciones

En un manifiesto contundente publicado a las puertas de la COP30, 55 movimientos y organizaciones de 14 países latinoamericanos y del Caribe, se han unido para rechazar los mercados de carbono y defender sus territorios contra una avalancha de proyectos de compensación de carbono que está causando daños en toda la región.

La declaración exhorta a los movimientos climáticos, ambientales y de justicia social a rechazar radicalmente las “Soluciones Basadas en la Naturaleza” y todos los mecanismos de compensación porque no están concebidos para resolver la crisis climática.

Jubileo Sur/Américas de la mano de organizaciones y movimientos sociales aliades, nos hemos reunido para actuar por la anulación de la deuda y la justicia climática.

Grupos en todo el mundo llaman a movimientos y organizaciones comprometidos con la justicia climática, ambiental y social a firmar esta declaración en rechazo absoluto a las “Soluciones Basadas en la Naturaleza” y todos los mecanismos de compensación.

"Al respecto, queremos manifestar categóricamente: Chiloé es un territorio patrimonial indispensable para la vida, no un botadero. Por ello exigimos que las normas internacionales vinculantes al estado chileno relacionadas al respeto de las personas, al medio ambiente y particularmente a la seguridad marítima, se cumplan y se implementen de buena fe".

El proceso de negociación secreto del TTP violó nuestro derecho humano a la información y ahora los gobiernos presionan a los congresos para que lo ratifiquen. Frente a ello, las organizaciones sociales de los países involucrados en el TTP, levantamos la voz de alerta y protestamos ante la pretensión de que aceptemos una legislación supranacional, que ha sido construida a espaldas del pueblo y según los dictados de los grandes capitalistas. Nos negamos a que se consume la violación de nuestros derechos.

"Más de tres años después de la adopción de las Directrices, el acaparamiento de la tierra y los recursos naturales sigue medrando en todo el mundo con impactos devastadores en las comunidades locales, el medio ambiente y los abusos de los derechos humanos que los acompañan. La implementación y adopción de las Directrices son, entonces, una cuestión de máxima urgencia."

"Hacemos un llamado a los Estados a que se unan para reconocer y garantizar en mayor medida la realización de los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Los Estados y las organizaciones de las Naciones Unidas deben seguir trabajando para encontrar la mejor manera de promover y proteger la subsistencia y los productores de alimentos a pequeña escala y de las poblaciones rurales. "