El desplazamiento forzado de 8 millones de personas, que abandonaron el campo para buscar oportunidades en las ciudades, la frontera norte o incluso en actividades relacionadas con el crimen organizado, es el saldo social más profundo provocado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. Frente a esta realidad, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) exige que toda renegociación del T-MEC se someta a una consulta nacional vinculante, donde participen quienes han sido más afectados por la migración y el desmantelamiento del sector rural.
