Prensa Comunitaria

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional de Honduras, Fuerzas Armadas y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de ese país, realizaron un violento desalojo en la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, en Roatán, Honduras, la primera comunidad garífuna asentada en Centroamérica que carece de título comunitario.

Timoteo Váldez es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado. 

Al calor del sol abrazador del área sur del municipio de El Estor, Izabal, varios hombres maya Q’eqchi’ de voz firme, con botas de hule y rostros cubiertos, apelaban a la Constitución Política de la República de Guatemala para frenar a las fuerzas de seguridad del Estado que una vez más pretendían desalojarlos de sus hogares. El aparato estatal, nuevamente puso la mirada sobre la comunidad y giró la orden para que Palestina Chinebal desaparezca.

El domingo 24 de octubre, tras dos días de brutal represión por parte de Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército contra la población Q’eqchi’ que se opone de manera pacífica a la operación ilegal de la empresa suiza rusa minera Solway, el Estado guatemalteco decretó de Estado de sitio en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El mismo domingo, la policía allanó las instalaciones de la Defensoría Q’eqchi’ y de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, imponiendo la censura y vulnerando el derecho a la información de los medios no oficialistas.

Carlos Ernesto Choc es un joven comunicador comunitario q’eqchi’, originario y residente en El Estor, donde la empresa CGN Pronico está extrayendo níquel desde hace más de diez años. Pertenece al equipo de Prensa Comunitaria, y su labor como testigo de los acontecimientos ocurridos  en este lugar le ha valido la persecución y la incriminación penal. En esta entrevista, Carlos nos cuenta de forma ágil y resumida los hechos que le han llevado a esta situación.

¿Está usted de acuerdo con la explotación minera a través de minería química de metales en el municipio de San Carlos Alzatate?

La respuesta estatal para quienes muestran su desacuerdo con los proyectos extractivos ha sido la represión y la criminalización, acusándoles de “terroristas, delincuentes y atrasados". Este es el caso de Rigoberto Juaréz que ha sido encarcelado por dos procesos penales desde el día 24 de marzo de 2015.

Hoy es un día de alegría pues los comunitarios de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA.