Ruth Vicente

Aunque es evidente que la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua beneficiará a grupos de poder nacionales y extranjeros, las preguntas sobre quién o quienes son realmente los consorcios detrás del proyecto, y a qué intereses geoestratégicos responden, siguen sin respuesta. Desde la sociedad civil, asociaciones feministas, personas campesinas, comunidades indígenas, comunidad científica y otros grupos sociales, está habiendo un movimiento activo de movilización en contra del proyecto. La respuesta del Estado: movilización de la policía y del ejército.

Los gobiernos e instituciones internacionales comienzan a demostrar un interés creciente en la conservación: lo demuestran proyectos como el Corredor Biológico Marino, iniciativa a nivel regional que ha logrado el apoyo de los estados centroamericanos y México. Financiado y gestionado de forma mayoritaria por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, este proyecto prevé el incremento de la actividad económica en la zona, a través de la implementación de medidas para lograr un desarrollo sostenible en sus actividades. Su evidente relación con otro millonario proyecto, el Plan Puebla Panamá, ha creado dudas razonables sobre el objetivo principal: la sostenibilidad de ecosistemas megadiversos. ¿Es una iniciativa pionera en el área de la conservación? ¿O son otros intereses los que mueven a grandes inversionistas públicos y privados a apoyar esta iniciativa?