El Plan Nacional de Desarrollo no es un “pacto por Colombia” sino por el extractivismo

En el segundo semestre de 2018 conocimos el cronograma para el trámite de radicación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque.

El “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” será presentado el 7 de febrero ante el Congreso de la República, para lo cual citarán sesiones extras.

Luego de leer los puntos “Campo como progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural” y “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” podemos aseverar que estamos ante la profundización del modelo extractivista.

Esto en razón de que, en el marco de la nueva división internacional del trabajo, países como Colombia se han ‘especializado’ en producir materias primas para países industrializados.

El proceso de especialización productiva ocasionó en la práctica una disminución dramática de cultivos transitorios propios de la economía campesina, deforestación, uso intensivo de tierras y agua, una gran huella de carbono, así como contaminación en materia ambiental que ha repercutido en la salud y bienestar de las personas.

Por ello, bienes primarios como el carbón, petróleo, y la siembra extensiva de palma de aceite, caña de azúcar y banano, particularmente, son los que más se promueven, tal y como se evidencia en las Bases del PND.

A lo anterior, debe sumarse el histórico problema de acceso y distribución de la tierra que llevó a sectores económicos ligados al narcotráfico, a grandes proyectos agroindustriales, ganaderos y terratenientes a acaparar grandes extensiones de tierras y que han sido determinantes – junto al conflicto armado – para que se dieran las condiciones para acentuar el extractivismo.

Bajo ese esquema es que debe entenderse el ‘boom’ de los proyectos agroindustriales y minero-energéticos, los cuales conviven en el país con un entorno social empobrecido y generando una debacle ambiental.

Precisamente, al tener una economía basada en la extracción de recursos y una mirada exclusiva de desarrollo económico, perfilaron al país como un enclave para el gran capital, es decir, el modo de producción privilegia la producción de materias primas destinadas al mercado global, lo cual profundiza nuestra dependencia económica y política con los países que dominan los mercados y las relaciones de poder a nivel mundial.

Los anteriores elementos nos ayudan a comprender que, en materia rural, la expedición de la Ley 1776 de 2016 que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) se aprueba para favorecer a los grandes capitalistas del campo, entregandoles tierras por largos periodos de tiempo y subsidios y, así, sepultando la función social y ecológica de los baldíos.

Y en materia minero-energética, con la política de liberalización se dio vía libre a la explotación de los recursos extractivos. Esa visión –en ambos casos- de corte neoliberal, hizo que el Estado entregara al capital privado seguridad jurídica y enormes incentivos tributarios para desarrollar su actividad. En síntesis, tierras y recursos minero-energéticos están privatizados.

¿Cómo se profundiza el extractivismo con lo contenido en las bases del PND de Duque?

En el “campo con progreso una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”, el enfoque es el desarrollo de una agroindustria de talla internacional, es decir: competitividad, atributos económicos en lo rural y el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales.

Para ello se plantea regularizar la propiedad, hacer un ordenamiento productivo en función de encadenamientos (clúster), que el Estado les provea de todos los bienes y servicios, otorgue mayor seguridad jurídica y consolide las Zidres, entre otros.

Es un peligroso ‘perfeccionamiento´ del modelo a través de la agricultura por contrato y agricultura climáticamente inteligente (ambas planteadas en las Bases), las cuales constituyen mayores alianzas productivas –incluidas las público-privadas-, la utilización a mayor escala de paquetes tecnológicos, uso intensivo de fertilizantes y semillas genéticamente modificadas.

Esto con un telón de fondo, crear un mercado de capitales para atraer mayores inversiones.

Lo anterior se complementa con la retórica del crecimiento verde, proyectos de pago por servicios ambientales, bonos verdes, que se sintetizan según el gobierno en “fondear proyectos sostenibles”. No olvidemos que en esa lógica trabajan instituciones como el Banco Mundial y la FAO las cuales promueven a nivel global la ‘reorientación’ de los sistemas agrícolas.

En cuanto al “Pacto por recursos minero energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, el objetivo central es convertir al sector en un ‘aliado’ en el territorio.

Recordemos que hasta hace muy poco las consultas populares desarrolladas en varias regiones del país votaron positivamente por la defensa del territorio y el agua frente a la amenaza del extractivismo que generan los proyectos minero-energéticos.

La potencia de este movimiento, que incluye organizaciones comunitarias, ambientalistas, políticas, de trabajadores, juveniles, de mujeres, tuvo como respuesta el fallo de la Corte Constitucional -orientado por intereses corporativos- que busca paralizar la autonomía en las decisiones a nivel territorial y bloquear la movilización y por otra parte desconocer el carácter vinculante de las consultas.

Se justifica en las bases del PND la importancia de este sector, como el que más atrae inversión extranjera, genera regalías e impulsa el desarrollo territorial y bajo el sofisma de “un aprovechamiento ordenado y responsable” abre las puertas para ampliar la frontera minera con el Área Estratégica Minera -u otra figura- que incluye 20 millones de hectáreas en departamentos de las zona oriental, andina y en el Chocó, también busca que las más de 9.000 solicitudes de títulos que están en la Agencia Nacional Minera sean adjudicados.

Adicionalmente, se profundiza y ‘perfecciona’ el modelo extractivista, con la idea de que empresas minero-energéticas pueden cancelar un porcentaje de sus pagos por regalías a través de la ejecución de proyectos en las regiones Eso es, nada más y nada menos, que ampliar el mecanismo de obras por impuestos, que les permite a las empresas que hasta el 50 por ciento de su impuesto de renta lo destinen al desarrollo de proyectos de inversión, los cuales son el paso definitivo para que las empresas ‘mejoren sus relaciones con el entorno’ –objetivo central de este Pacto-.

No descartemos la construcción de carreteras, proyectos de agua potable, construcción de escuelas o puestos de salud –que son responsabilidad del Estado- hechos bajo la dirección de multinacionales con su logo corporativo.

Así las cosas, en el contenido de las Bases del PND 2018-2022 se advierte la profundización del extractivismo y se perfeccionan asuntos incompletos de los anteriores gobiernos, como por ejemplo mercados de capitales, financiarización de tierras y recursos minero-energéticos, exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

Esto nos lleva inexorablemente a la urgencia de incluir en la agenda de movilización, en las jornadas de análisis y discusión del PND el rechazo al modelo de desarrollo para que podamos impedir que lo contenido en las Bases se convierta en Ley de la República.

La Silla Vacía, Paula Álvarez Roa es Politóloga, investigadora de temas ambientales y rurales 

Fuente: CENSAT