La Vía Campesina en la SB62 de Bonn: agroecología campesina frente a la mercantilización climática

Una delegación de La Vía Campesina se encuentra en Bonn, siguiendo de cerca las negociaciones, las tensiones y el lugar —cada vez más reducido— que ocupan las verdaderas soluciones frente a la crisis climática. 

En estas negociaciones, los movimientos sociales alertan sobre el avance de narrativas que, bajo el lenguaje de “soluciones basadas en la naturaleza” y “transiciones energéticas”, abren aún más las puertas al acaparamiento de tierras, a la expansión de los mercados de carbono y a una profundización del modelo extractivista. Las discusiones en torno a los nuevos mercados de carbono del Artículo 6, por ejemplo, siguen priorizando la compensación sobre la reducción real de emisiones. En la práctica, esto se traduce en más desplazamientos de comunidades por parte de grandes empresas que, incluso aumentando sus emisiones, logran “reducirlas” adquiriendo créditos de carbono en países del Sur, configurando así el llamado colonialismo verde.

Uno de los ejes centrales de las negociaciones en Bonn gira en torno a la llamada hoja de ruta de Baku a Belém, que marca el camino desde la COP29, realizada en Azerbaiyán, hasta la próxima que se llevará a cabo en Brasil : se habla de transiciones justas, financiamiento, adaptación y revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), pero en muchos casos sin claridad sobre los compromisos reales de los Estados, sin mecanismos de rendición de cuentas y sin una participación efectiva de los pueblos. Así por ejemplo, las NDCs siguen siendo tratadas como herramientas de mercado, abiertas a proyectos de compensación que no reducen emisiones, pero sí generan lucro para empresas intermediarias.

Si bien esta cifra ha sido presentada como un ambicioso avance, los movimientos sociales presentes en Bonn han cuestionado profundamente tanto su origen —donde lo público garantiza las ganancias privadas dejando desprotegidas a las comunidades vulnerables— como su estructura, por la cual lo que se presenta como apoyo financiero podría reforzar mecanismos de dependencia o incluso nuevas formas de despojo.

Muchas de las herramientas promovidas —como préstamos verdes, seguros climáticos o asociaciones público-privadas— imponen nuevas formas de endeudamiento para los países del Sur global, a menudo bajo condiciones poco transparentes. En algunos casos, estos mecanismos otorgan a las entidades financiadoras derechos sobre tierras, recursos o infraestructuras estratégicas. Ante esta realidad, la pregunta que se impone no es cuánto se financiará, sino con qué instrumentos y bajo qué relaciones de poder. Desde los movimientos campesinos, como La Vía Campesina, se ha sostenido una posición clara en estos espacios: “subvenciones, no préstamos” (Grants, not Loans), como principio que reconoce que el financiamiento climático no debe ser una carga más, sino una reparación sin condiciones por la injusticia histórica y la deuda ecológica del Norte global con los pueblos del Sur.

La falta de este enfoque político deja en segundo plano las verdaderas soluciones impulsadas desde los territorios. La agroecología campesina, por ejemplo, ha sido casi ausente en las discusiones oficiales, a pesar de su probado rol en la resiliencia climática, el enfriamiento del planeta y la soberanía alimentaria. En cambio, se promueven paquetes tecnológicos como la « agricultura climáticamente inteligente », el uso intensivo de bioinsumos industrializados y sistemas de certificación que exigen altos costos a las comunidades campesinas sin resolver las causas estructurales de la crisis.

La creciente influencia de actores corporativos en las negociaciones climáticas se traduce en una arquitectura multilateral cada vez más fragmentada y menos vinculante. Se habla de “transición energética”, pero sin discutir seriamente la reducción del consumo de energía en los países del Norte. Se menciona la “inclusión de las comunidades”, pero se limita la participación efectiva de los movimientos sociales, al mismo tiempo que no se discute ni se actúa contra la criminalización de defensores del territorio en muchos países.

Aunque existe un reconocimiento generalizado sobre la necesidad de movilizar más recursos para apoyar la adaptación y mitigación en países del Sur global, de hecho, buena parte de los eventos organizados en el marco de la SB62 parecen más ruedas de negocios que espacios para contribuir a la definición de políticas efectivas contra la crisis climática. Empresas energéticas, bancos de desarrollo, fondos de inversión y consultoras presentan proyectos, tecnologías y modelos de negocio como si se tratara de una feria.

Desde la participación en Bonn, resulta evidente que el lenguaje de la justicia climática ha sido apropiado por múltiples actores, pero vaciado de contenido político. Frente a ello, varias organizaciones presentes —incluyendo La Vía Campesina— buscan visibilizar las contradicciones, generar análisis conjunto y articular una agenda de acción popular hacia la COP30, que recupere el protagonismo de quienes habitan y defienden los territorios y enfrentan los impactos del cambio climático en primera línea. La apuesta es doble: resistir al avance de las falsas soluciones y seguir construyendo alternativas reales desde abajo.

Este trabajo de seguimiento y denuncia se inscribe en un proceso más amplio de articulación entre movimientos sociales y aliadas y aliados del Movimiento Mundial por la Justicia Climática, con la mirada puesta en la COP30 en Belém. En ese camino, la participación activa de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, pescadorxs artesanales, mujeres y juventudes será fundamental para disputar el rumbo de las negociaciones climáticas. Se busca exigir a los Estados que antepongan los derechos de los pueblos a las ganancias empresariales, reafirmando que otro modelo de vida —justo y en armonía con la naturaleza— no solo es posible, sino urgente.

Fuente: La Vía Campesina