Llamado para que el Estado de Honduras cese las amenazas, ataques, y persecución

Comunicado conjunto de la familia de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e  Indígenas de Honduras (COPINH), el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las familias de los defensores del agua de Guapinol encarcelados ilegalmente tras el anuncio de la lista de finalistas por el premio Sajarov.

Comunicado conjunto COPINH – Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

El lunes 12 de octubre, Berta Cáceres y ocho defensores del río Guapinol, encarcelados ilegalmente en Honduras, fuimos honrados por el parlamento de la Unión Europea y preseleccionados entre un grupo de tres finalistas para el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2020, el máximo galardón de este ente europeo que honra a individuos y grupos de personas que han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos.

Con esta nominación como finalistas, el Parlamento Europeo reconoce la legítima y necesaria lucha mundial por la soberanía indígena, la defensa del agua y el territorio y da un paso necesario para salvar nuestro planeta, los ríos y toda la vida que sostiene la Madre Tierra. Las y los parlamentarios comprenden el devastador papel del capitalismo extractivo que destruye vidas para servir a un modelo económico que está matando a nuestro planeta y quienes lo defienden.

Honduras, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para proteger los ríos, el territorio y para defender el medio ambiente. La lucha por la autonomía y la autodeterminación da lugar a constantes y brutales ataques contra los pueblos indígenas y garífunas que ejercemos nuestros derechos. El tejido social de las comunidades rurales se destruye cuando nos levantamos para proteger los bienes comunes, mediante la violencia, corrupción y criminalización. Los Pueblos somos excluidos de la toma de decisiones que nos afectan directamente, pero soportamos la mayor parte de las consecuencias mortales.

Cuatro años y medio después de su asesinato, los autores intelectuales del despiadado crimen contra Berta Cáceres no sólo permanecen en la impunidad, sino que sus sangrientos proyectos extractivos permanecen intactos y es la familia de Berta y su organización quienes somos objeto de campañas de difamación por exigir una justicia integral. Mientras tanto, la organización que ella fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es sistemáticamente excluida de participar en los procesos judiciales que la afectan. Además, son constantemente amenazadas las comunidades Lencas que se levantan para protegerse de los proyectos extractivos de muerte.

Guapinol y las comunidades de Tocoa nos encontramos atrapadas entre el gran alcance de los cárteles de la droga y el capitalismo extractivo, los grupos de vigilancia y políticos que participan y se benefician de ambos.  En lugar de cumplir sus obligaciones de proteger a las comunidades vulnerables, el Estado hondureño perpetúa la violencia mediante la militarización, la vigilancia y la presentación de cargos falsos que sirven para proteger los intereses de las empresas de extracción, y los más altos tribunales demuestran ser una parte importante de esta alianza represiva y que actualmente mantienen en prisión preventiva arbitraria y sin sustento legal a 8 defensores y con auto de formal procesamiento a 5 defensores en una clara persecución política.

El asesinato del compañero Arnold Joaquín Morazán este martes, evidencia la violencia sistemática, el terror y amenazas a las que se enfrentan los Pueblos Indígenas y las comunidades organizadas que luchan contra empresas extractivas para proteger el agua y el medio ambiente en Honduras y que forman parte de un patrón perverso que se repite en todo el mundo cuando un pueblo se levanta para detener un modelo económico basado en el saqueo y demuestra además la impunidad en la que se mueve el modelo extractivo en el país.

Esta nominación es un importante llamado de atención de parte de la comunidad internacional que reconoce el trabajo en la defensa de la Madre Tierra. Es un llamado para que el Estado de Honduras cese las amenazas, ataques, y persecución contra las personas que defienden sus derechos y los del planeta y a los bancos y las empresas extractivas que detengan sus inversiones mortales.

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar,” -Berta Cáceres, 2015

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Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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