Mendoza campesina: cronología del avance extractivista y pistas para comprender las disputas por agua y territorio

El vínculo de las sociedades con la tierra y el agua configura parte de los acertijos de la actual fase del capitalismo a escala global. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el capitalismo produce una desacralización en masa de toda cultura (Fisher, 2009). La concentración económica y las desigualdades son intrínsecas a este sistema; la apropiación territorial también lo es. En un análisis sugerente, que revisita la obra de Félix Guattari, los investigadores mendocinos Liceaga, Ivars y Parise Schneider (2020) indagan en las sensibilidades que emergieron durante el conflicto minero en Mendoza. Bajo el apelativo al “agenciamiento colectivo de enunciación”, estos autores reclaman la idea de una cierta subjetividad hidropolítica, que actúa como zona de tránsitos y articulaciones entre fragmentos subjetivos y procesos de singularización, en los que la estatalidad asume un papel central de esa reproducción subjetiva. Me gustaría retomar algunos elementos de una subjetivación territorial que se presenta en la defensa del agua y la lucha por la tierra en la provincia de Mendoza. 

Condiciones territoriales 

La provincia de Mendoza está situada al pie de la Cordillera de los Andes, se extiende desde el límite montañoso con la Republica de Chile hasta las espacialidades del este más sedentario. Limita al norte con San Juan y al sur con la provincia de Neuquén. Tiene en la escasez de agua una nota distintiva. Sin embargo, oasis naturales se acumulan en los ríos de deshielo desde lo alto a la llanura. En su costado oriental lejano, las aguas parecen desaparecer. Son dos los oasis principales de la provincia: al Norte, los ríos Mendoza y Tunuyán, en tanto en el Sur se despliegan los ríos Diamante y Atuel. De los 2 millones de habitantes, una proporción mayoritaria habita la urbanidad cuyana (Indec, 2022). Los lugares de riego con aguas superficiales y/o subterráneas, además de las áreas antropizadas bajo riego el oasis, sólo ocupan el 4,8% del territorio provincial. Estos oasis alojan casi el 95% de la población con densidades máximas en las zonas urbanas de aproximadamente 300 habitantes/km2. 

El esquema hidrológico que tiene Mendoza corresponde al Sistema del río Colorado con vertiente Atlántica. La fusión de las nieves y glaciares ubicados en la Cordillera de los Andes es la principal abastecedora de agua en la provincia. En primavera y verano hay lluvias acotadas, inclusive en términos históricos. La precipitación anual promedio en el llano es de alrededor de 220 mm, de allí que los deshielos de alta montaña y el agua subterránea sean vitales en esta espacialidad. Además de esto, se debe tener en cuenta que las variaciones climáticas contribuyen a regular los ciclos hídricos, como así también los afecta el calentamiento global. La Cordillera de los Andes, en gran medida, resulta un elemento distintivo en la vida y cultura locales. Dada su relevancia hidrográfica, el resguardo ecológico de ese macizo andino es central para este territorio. 

El proceso de desarrollo económico de Mendoza, asociado a la expansión del área de cultivo a mediados del siglo XIX, tuvo un hito importante en la sanción de la Ley Provincial de Aguas de 1884. Esa ley ha sido el marco normativo que permitió formar la estructura de uso del agua superficial para riego. La implementación de la Ley de Aguas permitió una planificación y distribución eficiente del recurso hídrico, lo que facilitó la expansión de la agricultura bajo riego en los oasis del norte, este y sur de Mendoza. Desde entonces, tuvieron lugar obras de captación y canalización en los principales ríos de la provincia, como el Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, lo que permitió el desarrollo de una agroindustria diversificada. En tanto, la vitivinicultura se consolidó como la actividad económica predominante, especialmente en el oasis norte, gracias a la disponibilidad de agua para riego. 

Los cambios económicos y políticos actuales, han puesto en cuestión la flexibilidad de una normativa como ésta que tiene ya muchos años de antigüedad. En el marco de las transformaciones en las formas de producción y las nuevas demandas sociales han generado debates sobre la necesidad de actualizar el marco legal para adaptarlo a las prioridades actuales, como el consumo humano, la producción agraria y el uso industrial del agua. Lo que resuena desde hace ya más de quince años en Mendoza, es un fuerte lobby por imponer la actividad minera como alternativa a los puntos ciegos de la actividad agrícola. De allí que sea también otra normativa que tiene como eje el resguardo del agua, la que haya ganado peso en las discusiones sociopolíticas de los últimos tiempos. 

La Ley 7722 fue sancionada el 20 de junio de 2007 en la provincia de Mendoza, Argentina, como respuesta a una creciente preocupación social por los impactos ambientales de la minería metalífera. Esta ley surgió en un contexto de movilización ciudadana que exigía la protección del agua y del medio ambiente frente a los riesgos asociados al uso de sustancias químicas tóxicas en la minería. 

Una ley para prevenir 

Durante el gobierno del mendocino Julio Cobos logró colarse, allá por 2007, uno de los reclamos ambientales más fuertes de la época. Esta demanda tenía en las comunidades de los departamentos de General Alvear, del Valle de Uco y del Gran Mendoza una persistente práctica que venía advirtiendo los peligros del impulso megaminero en la provincia. Fue así como nació la ley 7722. 

En un contexto de prolongada crisis hídrica, y dada la fuerte metabolización social de algunos movimientos ambientales, especialmente las asambleas por el agua pura (Yaccar, 2019), con auspicios de pocos funcionarios políticos y espacios científicos, el 20 de junio de 2007 es sancionada la 7722. Esta ley, entre otras cosas, fue la encargada de exigir evidencia empírica sobre el impacto ambiental de las potenciales explotaciones, incorporó la noción de cuenca en la determinación del área afectada, al tiempo que prohibió definitivamente el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y “otras sustancias tóxicas similares” en los proyectos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración e industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo (Moreno, 2020). 

Ley 7722 prohíbe en todo el territorio de Mendoza el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. A su vez, establece que los proyectos mineros deben presentar una Manifestación Específica de Impacto Ambiental (MEIA), exigiendo con ello que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sea ratificada por la Legislatura provincial. 

Esta ley que, por un lado, protege el recurso escaso del agua en tierras secas y por el otro limita la potencialidad extractivista de la provincia, en sus pocos años de vida –16 años ganados o perdidos según la lente socioeconómica que se elija para mirar-, aglutina muchos debates a su alrededor. Sobre la importancia de estas medidas, Facundo Martín -investigador del CONICET y militante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra- dice: “Junto con otras seis provincias, la sanción de la Ley 7722 en 2007 posicionó a Mendoza a nivel nacional como una de las provincias consideradas “anti-mineras” por el establishment desarrollista. Tres aspectos centrales de la Ley valen destacar: es la cámara de diputados de la provincia quien debe autorizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), establece un control específico del agua y de la cuenca potencialmente afectada por los proyectos y; prevé la evaluación de toxicidad de los insumos utilizados en cada proyecto. Esto ha implicado en la práctica que las empresas y el gobierno deban formalmente realizar estudios y evaluaciones más exigentes y serias, aunque muchas veces no alcanzaron siquiera estándares mínimos y fueron por eso rechazados” (Comunicación personal, 2019). 

Cuestionar la defensa del agua 

En diciembre de 2019, la Legislatura de Mendoza aprobó la Ley 9209, que modificaba la Ley 7722 para permitir el uso de ciertas sustancias químicas en la minería, argumentando beneficios económicos y generación de empleo. Sin embargo, esta modificación provocó una masiva protesta social conocida como el «Parientazo», con marchas multitudinarias en defensa del agua y del medio ambiente. Ante la presión social, el gobernador Rodolfo Suárez derogó la Ley 9209 el 30 de diciembre de 2019, restableciendo la vigencia plena de la Ley 7722. 

Durante el gobierno de Alfredo Cornejo, (2015-2019) las asambleas por el agua entreveían las intenciones futuras con la mentada 7722. Al llegar al gobierno, el también radical,Rodolfo Suarez (2019-2023), tal como indicaba el recetario de su mentor, debía tratar de dar los primeros golpes, al menos tenía que procurar incomodar desde el día uno a ese viejo estrado antiminero “que no deja crecer”. Así, sin más, el primer acto de gobierno del flamante ejecutivo fue reformar la 7722 (CMSJ, 2019), dando por tierra las limitantes a las sustancias tóxicas y eximiendo la pluralidad en las evaluaciones mineras, entre otras cosas. 

No es una novedad pensar la dinámica de las espacialidades campesinas/indígenas en Mendoza. Ese sustrato de sujetos subalternos ha adquirido, en las últimas décadas, una importancia creciente. En gran medida, debido a que aquellas sentencias teóricas que suponían la inequívoca reconfiguración del mundo rural o su desaparición poco predijeron acerca de la re-emergencia campesino/indígena en el sur global, especialmente la que se ha organizado para reivindicar los derechos campesinos en un continente (y una Argentina, particularmente) cada vez más urbanos. El campesinado, como clase que incomoda, ha reafirmado la importancia simbólica y material de los territorios en la disputa frente a la avalancha neoliberal. 

¿Cómo se organiza ese mundo rural? En la región Cuyana de nuestro país convergen geografías áridas y multiplicidad de tareas laboriosas, una de las cuales es el trabajo de la tierra. Agricultores, pequeños productores, crianceros, finqueros, cosechadores se dedican al trabajo rural como una forma de persistencia histórica. En ese marco, organizaciones campesinas han visto la luz en plena efervescencia neoliberal para resaltar la insistencia política de los sujetos y sujetas que viven/habitan/trabajan la tierra de manera ancestral. La tierra es de quien la trabaja, por eso las organizaciones campesinas han encarado un recorrido de luchas para defender sus espacios vitales. En ese sentido, la educación campesina, como proceso político objetivo y estrategia de formación subjetiva, se ha tornado un aspecto central en la sedimentación de las resistencias rurales en toda Nuestra América. Concretamente, el despliegue de Escuelas Campesinas y el fortalecimiento de la propuesta de re-existencia agroecológica es visible en la praxis educativa del movimiento campesino que se articula en torno de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina (CLOC-VC); en pocas palabras, su proyecto pedagógico situado es una forma de decir en actos que otro mundo más humano es posible (Soto, 2023). 

Si bien la problemática rural argentina data de la constitución del periodo colonial, es a partir de los primeros años de aplicación del recetario neoliberal en la Argentina que se agravan, de manera más intensa, las condiciones de vida de las mujeres en el campo, acompañadas en toda la región por la instalación de un tipo de capitalismo transnacional por vías del agronegocio en el espacio rural. El desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas realiza el recorrido idéntico al desarrollo de la apropiación de territorios rurales y la enajenación de las poblaciones a partir de este fenómeno político-económico. 

Cuando tenga la tierra… y el agua 

Es posible entonces, pensar que este territorio no sea la excepción a la conflictividad territorial a los que la ecología política remite. En esta parte de Argentina, el territorio está recurrido por la condición social que subsume a ese trabajador que vive de la tierra y el agua. En definitiva, en nuestro actual sistema de acumulación económica, el trabajo puja por no caer en la total enajenación bajo el dominio del capital, cada vez más distanciado de su productor (Collado, 2005). 

¿Cómo entender entonces estas subjetivaciones rurales de cara al conflicto hídrico y territorial? La tarea no es sencilla en una Argentina concebida desde una apatía a lo campesino o más bien con una admiración occidentalizante, que se percibe hegemónicamente urbana y “civilizada”. El laborioso pero significativo aporte de la lucha rural de los movimientos campesinos en Mendoza reposiciona el debate antes referenciado dentro del campo popular y el pensamiento crítico latinoamericano respecto del acceso a la tierra y el agua. Los sin tierra, campesinos, agricultores, puesteros y trabajadores rurales en términos generales, pese a su definición subjetiva por vía de la negación, justamente devienen colectivos despojados de sus tierras, trabajo y condiciones de vida, constituidos en la identificación política de su desposesión, pero reafirmados en su agenciamiento colectivo de enunciación. 

El 23 de diciembre de 2019, miles de personas marcharon hacia la Casa de Gobierno en Mendoza para protestar contra la modificación de la Ley 7722. La movilización comenzó el 22 de diciembre en San Carlos, donde habitantes del Valle de Uco iniciaron una caravana a pie y en vehículos, sumando participantes a lo largo de la Ruta 40. Esa larga marcha urbana y rural a la vez reflejó el espíritu comunitario de la protesta. Para entender las dimensiones políticas de la reforma, Diego Montón de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) aclara: “La 7722 es por sobre todo una barrera a la dinámica neoliberal de saqueo de bienes naturales, porque en términos objetivos pone un freno a las corporaciones a llevarse las riquezas en las condiciones legales y jurídicas actuales de ventajas desproporcionadas para el capital financiero por sobre los magros recursos que le quedan a los Estados nacional y provincial, en un marco de alto riesgo de contaminación del agua y degradación ambiental” (Comunicación personal, 2019). 

Tanto la ocupación de territorios, la resistencia a los desalojos, como las avanzadas de la UST en sistemas de comercialización justa, el armado de una red de economía popular campesina o la conformación de una Escuela Campesina de Agroecología, articulan un proceso de subjetivación política, de interpelación al Estado y la sociedad. La defensa del agua no es ajena a este proceso. 

En el gobierno nacional tanto como en la nueva administración provincial, se dirimía (y se dirime ahora) dos posibles escenarios: ampliar la matriz productiva en el corto plazo, y como consecuencia dar un golpe eficaz en el fuero íntimo de las ansias laborales de la población -aun cuando el costo social, político y ecológico sea demasiado alto-; o rediscutir todo el aparato productivo local, la histórica concentración del uso del agua y las posibilidades efectivas del Estado provincial para mejorar las condiciones sociales locales. La primera opción es el camino corto de la megaminería –que al menos en los tiempos fugaces de la política, se cree una puerta de entrada de divisas-; la segunda, un remoto boleto que no tiene fecha de partida prevista. 

Diego Montón profundiza un poco más para entender lo espinoso del asunto: “por el propio sistema de diques derivadores, en Mendoza no hay agua pura y hay discriminación geográfica. Departamentos como Lavalle, La Paz y Santa Rosa sufrieron la apropiación de las aguas rio arriba, también con mecanismos de dudosa legalidad y legitimidad. Allí, la “crisis hídrica” se siente de sobremanera, pues no solo no alcanza para regar, sino que en los “puestos” los animales se mueren de sed, y las familias campesinas apenas tienen agua para sobrevivir, con menos de 20 litros por día por persona, e incluso en los barrios urbanos de esos departamentos, el agua es un bien escaso y contaminado” (Comunicación personal, 2019). 

Sucede que Mendoza es urbana y también rural. Mientras en el Gran Mendoza hay un consumo de más de 700 litros de agua por día y por persona, con un promedio de consumo provincial de 450 litros por persona (muy por encima del consumo en Barcelona, donde el promedio es de 120 litros por persona, o de Córdoba que es de 330), hay departamentos, en las zonas más áridas de la provincia, que tienen grandes dificultades para el riego, con muchas hectáreas que no logran regarse (más de la mitad de la superficie, dicen desde la UST) y la mayoría de ellas son napas subterráneas contaminadas. A esta situación se suma la contaminación de los cauces de riego con agrotóxicos y la grave situación en el Rio Tunuyán y el Rio Mendoza. 

Lo cierto es que Mendoza también sufre una de sus peores crisis económicas. Hasta la prensa que acompaña al oficialismo radical resalta los frutos heredados de las gestiones Macri/Cornejo: la pobreza en Mendoza alcanzaba, solo en los primeros años del gobierno de derecha provincial, a poco más del 38% de los mendocinos; esto equivalía a casi 400.000 personas en el Gran Mendoza, pero podría duplicarse si se considera la provincia completa, contando sus parajes rurales. Es (paradójicamente) consecuencia directa de este presente afiebrado, que se propone la alternativa minera para “calmar las aguas”. 

En Mendoza el empleo es un problema, pero el agua lo es en proporciones iguales. D.  Montón, dese el campesinado mendocino, apunta: “En estos días, una genuina y poderosa movilización popular tumbó los intentos de modificar la 7722. Sin embargo, esta ley lejos está de poder cuidar o garantizar el agua pura para el pueblo mendocino” (Comunicación personal, 2019). Es que estamos ante un viejo problema de la región cuyana: “En Mendoza desde fines del siglo XIX la acumulación y la restructuración de las clases sociales se desarrolla a partir del acaparamiento del agua. Este proceso tiene diferentes etapas en las cuales se consolida una aristocracia que mantiene el control del agua de las cuencas y luego también su expresión neoliberal con el desarrollo del capital financiero en el sector vitivinícola, donde nuevas empresas se apropiaron del agua subterránea con métodos de dudosa legalidad. Este proceso profundizó la concentración de la tierra, pero por sobre todo del acceso al agua en la provincia” (Entrevista a D. Montón, 2019). 

Las preguntas actuales 

Repasemos entonces. Mendoza se encuentra paralizada en términos económicos. Las gestiones de Cornejo y Suarez en más de doce años de gobierno no han logrado más que alimentar la reprimarización de la economía, a partir de su política de privatizaciones y concesiones a sectores corporativos, de adentro y de afuera. Esa es la mejor forma de explicar  apuestas como las del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y los intentos por  concesionar la gestión del uso del agua. El MDMO es una iniciativa del Gobierno de Mendoza que contempla 27 proyectos de exploración minera en el sur de la provincia. Si bien se promueve como una oportunidad para el desarrollo económico y la generación de empleo, ha generado preocupaciones por su posible impacto en las actividades ganaderas y el ambiente 

Lo cierto es que el reverso de ese proceso de enajenación y cercamiento territorial ha profundizado una conciencia socioecológica, especialmente en espacios rurales, donde hace tiempo se denuncia no solo el extractivismo minero, sino también la concentración vitivinícola que ha excluido a los  verdaderos hacedores de vendimia que ven cómo se concentra la producción mientras crece el abandono de viñedos, cae el consumo y se profundiza la exclusión de la agricultura tradicional. 

El costado rural de la región de Cuyo atraviesa el desafío de sostener su agenciamiento hidropolítico para demandar a los gobiernos provinciales y nacional una política de resguardo de los bienes comunes. Aunque eso, claro, por momentos parece una vedada ilusión en estos tiempos distópicos. 

Bibliografía 

CMSJ- Cámara Minera de San Juan. (2019). Suárez promulgó la reforma a la ley minera 7722, pese a los reclamos.  https://camaraminerasj.com.ar/suarez-promulgo-la-reforma-a-la-ley-minera-7722-pese-a-los-reclamos/ 

Collado, Patricia. (2025). Metamorfosis del trabajo o metamorfosis del capital. Revista Herramienta N° 30, Buenos Aires 

El Sol. (2015). 7 a 0: la ley antiminera es constitucional.  https://www.elsol.com.ar/7-a-0-la-ley-antiminera-es-constitucional.html

Fisher, Mark. (2009). Realismo capitalista ¿No hay alternativas? Reino Unido, Caja Negra. 

La Izquierda Diario. (2019). Cornejo lo hizo: nuevos pozos de fracking y baja de regalías para Vila-Manzano  http://www.laizquierdadiario.com/Cornejo-lo-hizo-nuevos-pozos-de-fracking-y-baja-de-regalias-para-vila-manzano 

Liceaga, Gabriel, Ivars, Jorge Daniel, Parise Schneider, Nicolás. (2020). Subjetividades hidropolíticas y megaminería en Mendoza (Argentina). Revista de Paz y Conflictos, Vol.13 (2), 195-213. 

Indec. (2002). Censo Nacional Agropecuario Disponible en: indec.gov.ar. 

Moreno, Juan Manuel. (2020). Prohibición de sustancias toxicas en la actividad minera y preservación del recurso hídrico. Trabajo Final de Grado. Universidad Siglo XXI.  https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22323 

Sosa, Eduardo. (2019). Minería metalífera y ley 7722: no nos hacemos las preguntas correctas.  https://ecososa.files.wordpress.com/2019/12/anc3a1lisis-de-la-reforma-de-la-ley-7722-final.pdf?fbclid=IwAR0Vce5JB3vbt9RdleNnFKJaEPjyRyJYFvr3Dw5a5JiU_Bna4y7-I8D3Ags 

Soto, Oscar. (2023). Campesinado y contrahegemonía. Politicidad y resistencia en los movimientos populares en América Latina. Buenos Aires, El Colectivo. 

Yaccar, María Daniela. (2019). Una asamblea de asambleas en el valle de Uspallata. La lucha por el agua en Mendoza. Pagina12.  https://www.pagina12.com.ar/238954-la-lucha-por-el-agua-en-mendoza 

Fuente: Noticias UNSAM