Violencia estatal y despojo a las comunidades campesinas e indígenas en Paraguay - Podcast de la Revista Biodiversidad
El 2025 inició con un recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, revelando un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el acaparamiento de tierras por sectores agroexportadores, aliados históricos del Estado.
Intensificar la represión ha tenido un respaldo institucional al promulgar la Ley núm. 6830/2021, o “Ley Zavala-Riera”, que criminaliza la ocupación de tierras, herramienta histórica de lucha campesina, aumentando la agresividad policial en desalojos. Esto es anticonstitucional y contraviene el Estatuto Agrario (García e Irala 2022).
Al legalizar violentos atropellos, esta normativa agrava la pauperización de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, evidenciada en la disminución del 40% de la población rural entre los censos agropecuarios del 2008 y 2022 (MAG 2022).
Esta pérdida de 431 mil habitantes rurales refleja el desarraigo, la expulsión y la migración forzada, provocados por la expansión del modelo agroexportador (Rojas 2023).
En la lectura del abogado Walter Isasi —especialista en Derechos Humanos— la orientación represiva del gobierno actual se visibilizó con la designación de Riera, uno de los principales impulsores de la mencionada ley, como Ministro del Interior. Por otra parte, en el marco de una serie de leyes autoritarias, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica de la Policía, que le da autonomía para investigar (Isasi 2025).
Las instituciones del sistema de justicia del país, vinculadas al crimen organizado y al partido de gobierno (ANR), se ubican como telón de fondo que caracteriza al presente escenario altamente represivo.
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Fuente: Revista Biodiversidad