Argentina: el monte sigue en pie. Homenaje a Sandra Eli Juárez

Idioma Español
País Argentina

Sandra Eli Juárez, Campesina santiagueña. 33 años. Defendió el monte, defendió su casa, defendió a sus dos hijos, defendió la vida campesina. Sandra Eli Juárez murió de un para cardiaco el 13 de marzo de 2010, cuando se paró frente a una topadora que pretendía arrasar el territorio ancestral.

Hoy habrá un acto en su comunidad, paraje San Nicolás. El monte sigue en pie, pero no hay condenados por el asesinato.

Sandra Eli Juárez, un “efecto colateral” de un modelo “exitoso” y una política de Estado que arrasa territorios y sacrifica vidas.

La vida por la tierra

Ver aquí, 16 de Diciembre de 2011

Por Luciana Peker

 

Toda risa. Así la definen a la campesina Eli Sandra Juárez que nació rodeada de quebrachos santiagueños el 12 de julio de 1977. Las fotos la muestran con sus hijos: Damián (14) y Agustina (7), su esposo Gustavo –que cortaba leña, quemaba carbón y criaba animales– o sus ahijadas en la iglesia. Las fotos la muestran pero ella no está. Ni su imagen es reconocida. Eli es una víctima más del atropello de la frontera agropecuaria. Y, como muchas mujeres, es la que le puso el cuerpo a la topadora que se llevó su vida de 33 años de un ataque al corazón cuando fueron a desmontar su tierra. Y, como el de tantas mujeres, su nombre no resuena cuando hay que hacer resonar los nombres para que la memoria haga eco en la Justicia.

 

La impunidad que no se detuvo en su edad para robarle la tierra que era su vida y que se llevó la vida cuando quisieron dejar seca de soja a su tierra. “Eli era una mujer campesina, esposa y madre, animadora comunitaria en San Nicolás y, como toda mujer del monte santiagueño, se ocupaba de la crianza de sus dos hijos chicos, las tareas de la casa, cuidar los animales, buscar leña para la cocina. También trabajaba como cocinera en la escuela durante las mañanas”, la describe el cura Sergio Gustavo Raffaelli, quien no se conforma con el cielo para la ex presidenta de su capilla. Quiere que su muerte prematura e injusta no se barra como el polvo que se acumula en las puertas de las casillas.

 

“Eli mostró el camino del compromiso por un tiempo nuevo, resurrección y Pascua. Lo sabemos, lo contrario a resurrección no es la muerte porque la muerte ha sido vencida. Lo contrario a resurrección es la incapacidad de vivir como hermanos y hermanas, es la fiebre posesiva que se refugia en el poder y el tener, actitud propia de miedosos que piensan que su vida está asegurada por lo que acumulan. Eli lo sabía y nosotros también. Podemos considerar a Eli una verdadera mártir –define Raffaelli– y habría que pensar qué nos dice su testimonio, a nuestra iglesia que peregrina en Santiago, tan pusilánime, ante tanta muerte y mentira; casi pactando con el poder que está arrasando no sólo el monte santiagueño, sino también nuestra conciencia y solidaridad, manipulando con la dádiva y despojando con un discurso tramposo a un pueblo que sigue siendo chantajeado por la injusticia en que vive.”

 

Eli era una mujer que murió plantada como nació y que se explica con tan pocas palabras como hacen falta pocas semillas cuando la tierra es fértil. Fue el 13 de marzo del 2010, a las 17.00, en medio de un desmonte, cuando tres topadoras de la empresa Namuncurá avanzaron sobre las tierras de San Nicolás, con una orden judicial en la mano y policías uniformados asegurando el desalojo de su comunidad. Ni ella, ni su corazón, lo pudieron resistir. Se descompensó después de que voltearan la primera planta. “Esta tierra es nuestra”, gritó y cayó. Hace tres meses el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) y la Mesa Provincia de Tierra se declararon en asamblea permanente por el despojo de tierras, el modelo agroexportador, la concentración de la riqueza, el freno de los agrotóxicos, la creación de juzgados de tierras, el freno de los desalojos y el daño al medio ambiente. Hace un mes asesinaron a Cristian Ferreyra. Su crimen mostró la impunidad del acoso a los que defienden sus raíces y que se plantan para defender sus derechos.

 

Pero antes que Cristian murió Eli y con su muerte se conoció la de ella. El sacerdote Raffaelli explica que el fallecimiento de Eli es consecuencia de la violencia social del desmonte y del rol de trinchera de las campesinas marcadas por su rol de género. “Cuando se produce el conflicto con la empresa Namuncurá la mayoría de los varones estaban trabajando fuera de la provincia, como trabajadores golondrina. Por eso, la resistencia a que avancen las topadoras la realizaron las mujeres, entre ellas Eli.”

 

Donde no estaban ellos, estaban ellas, donde estaban ellas estaba Eli, donde vinieron las topadoras, arrancaron a Eli como se arranca una planta que no puede subsistir a ras del viento.

Otra víctima por defender su territorio

Ver aquí, 18 de Noviembre de 2011

Por Darío Aranda

 

Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.

 

Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios.

 

 

Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.

 

 

El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. “Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli”, aseguró Roqué. “Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con una escopeta”, concluyó. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.

 

 

“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.

 

 

El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.

 

 

Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales, que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse.

 

 

La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.

 

 

La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.

 

 

El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.

 

 

La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.

 

 

En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.

 

 

El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.

 

 

“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, aseguró: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.

Fuente: Página 12

Temas: Agronegocio, Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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