La Ley de glaciares y el lobby minero en ascenso en la Argentina

En una nota reciente del diario Clarín firmada por Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (desde ahora CAEM), se defiende el modelo de la megaminería en diferentes aspectos.

El titular de la cámara y también presidente de la empresa privada Minera Santa Cruz S.A (asociada a holdings transnacionales), plantea que la Argentina se viene constituyendo como un actor mundial en la producción metalífera a partir de los años 90, cuando el menemismo dispuso la Ley de Inversiones mineras 24.196 que, según Cacciola, marcó un “punto de inflexión de la industria”, ya que la “Argentina se convirtió en un destino atractivo para el desarrollo de grandes proyectos”. Una “excelente ley” según este señor.

Dicha norma, sostenida por todos los gobiernos posteriores, otorga a las mineras beneficios enormes sin dejar grandes recursos al país: treinta años de estabilidad fiscal garantizada, cero por ciento de aranceles para importar maquinaria y materiales, posibilidad de descontar el doble de los gastos de exploración en el Impuesto a las Ganancias, devolución del IVA en apenas seis meses, amortización acelerada y un tope de regalías provinciales del 3 %, una cifra irrisoria que apenas deja algo a las provincias. Ahora bien, estos privilegios se actualizaron en el gobierno de Milei con el RIGI que va todavía más allá, profundizando este esquema de beneficios, eliminando regulaciones y quitando poder de decisión a las provincias. Además, habilita que cualquier conflicto se resuelva en la justicia federal o, incluso, en tribunales internacionales como el CIADI del Banco Mundial, junto con la vía libre para la fuga de capitales de las empresas extranjeras hacia sus casas matrices sin muchos obstáculos. Una fiesta para las empresas y sus negociados a costa de nuestros bienes comunes.

Este es el marco jurídico que reivindica Cacciola y la CAEM en beneficio de las grandes transnacionales como la Barrick Gold, Hochschild Mining, entre otras empresas transnacionales.

La Argentina se encuentra en un contexto de ampliación de proyectos en cuanto a la actividad minera a nivel internacional. Según el informe mensual de octubre del 2025 de la Secretaría de Minería dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, el país presentó un superávit de la balanza comercial de 438 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 63%. Los minerales que se extraen centralmente son el oro, litio, plata, y se sabe que el potencial de las reservas de cobre es muy alto (de los más altos del mundo), junto con las reservas de uranio.

Diversas empresas chinas se encuentran en territorio argentino extrayendo estos minerales y es lo que EE.UU. pretende modificar, pujando porque empresas estadounidenses ganen porción en el mercado. Esta puja no es reciente, se viene gestando hace tiempo. A través del gobierno de Trump, en el 2024 se firmó un “ Memorando de Entendimiento” entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina con el Departamento de Estado de EE.UU. para asegurar el aprovisionamiento de la cadena de suministros de estos minerales. En las últimas semanas, diversas declaraciones de apoyo de Trump y Bessent al gobierno de Milei se dieron a partir de negociar, entre otras cosas, la mayor inserción del país del norte sobre los minerales críticos.

El Memorando de Entendimiento firmado plantea, en el artículo 4, que la Argentina brindará información a los EE.UU. de futuras licitaciones, priorizando a los capitales de EE.UU. para su inserción en el país.

Es en este contexto que el Lobby minero presiona por un cambio significativo en las regulaciones que atañen a la actividad minera, entre ellas la ley de glaciares.

Contra la “Ley de Glaciares”

Sobre la base de estas leyes que favorecen el saqueo, la CAEM pretende cambios “necesarios” en algunos aspectos que aún a las empresas no les cierra: en una comunicación del 12 de septiembre del 2025, luego de una presentación en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Congreso Nacional, se destaca el discurso de Roberto Cacciola en la comisión del Congreso, al decir que “una de las afirmaciones más firmes fue la relacionada con la Ley de Glaciares y cómo sus imprecisiones afectan directamente al desarrollo de los proyectos. ‘El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva. No podemos seguir escondiendo esta realidad. Hay que ocuparse’. Y explicó que se la llama ‘Ley de Glaciares’, pero en realidad su texto se refiere a crioformas, un concepto mucho más amplio y que incluye formaciones que no cumplen una función hídrica significativa. ‘Todos estamos de acuerdo en proteger los glaciares’ —reafirmó— y advirtió que esta ley es lo suficientemente confusa como para impedir cualquier tipo de actividad productiva, además de la minería”.

Para comprender este planteo es necesario realizar una breve síntesis de los ambientes glaciares y periglaciares. Ponemos en negritas este último porque es, justamente, el ambiente que, de manera intencional, los actores mineros suelen omitir y que Cacciola denomina “crioformas” de manera imprecisa. El término “crioformas” alude a todas las formas del relieve generadas por procesos ligados a la acción del frío —ya sea por el hielo glacial, el hielo estacional o la congelación del suelo—, por lo que abarca tanto ambientes glaciares como periglaciares. Es decir, el concepto de crioformas es mucho más amplio que el de ambiente periglaciar e implica todo ambiente que fue “modelado” por la acción del frío.

Un glaciar es básicamente una gran masa de hielo y nieve que se mantiene a lo largo del tiempo. Brinda una belleza paisajística enorme, son imponentes al observarlos o caminar en ellos y en nuestra cordillera están presentes en todas las provincias. Cualquiera que los haya visto o pudo caminar sobre ellos entiende la importancia de su protección. Se forman porque, durante el invierno, la nieve se acumula, se compacta y se transforma en hielo, y esa masa no llega a derretirse del todo cuando llega el verano. Luego de un tiempo, el hielo alcanza cierto grosor y la fuerza de la gravedad hace que empiece a deslizarse cuesta abajo. Por eso, dentro de un glaciar hay distintas zonas: en la parte de arriba, donde hace más frío, se suma más nieve y el glaciar crece; esa es la zona de acumulación. Más abajo, en cambio, está la zona de ablación, donde el hielo y la nieve se derriten o se evaporan y el glaciar pierde masa. Como los glaciares dependen tanto de la cantidad de nieve que cae como de la temperatura, sus comportamientos brindan indicadores para saber y entender los procesos ligados al cambio climático. Este es el ambiente que supuestamente Cacciola dice que “todos estamos de acuerdo en proteger”.

Sin embargo, empresas como la canadiense Barrick Gold, socia fundamental de la CAEM, construyó minas como la de Veladero en San Juan sobre diferentes glaciares. Diversas fuentes documentales de ambientalistas junto con investigaciones demuestran la política destructiva que tienen las empresas con los glaciares, con fotos tomadas de los caminos hacia la Mina Veladero, en San Juan, que cortan y destruyen directamente parte de los glaciares circundantes.

La empresa Barrick Gold construyó caminos que destruyen la dinámica de 3 glaciares: Brown Superior, Glaciar Norte y el Glaciar Brown Inferior cercanos a la Mina Veladero. El Glaciar Brown inferior, que se alimentaba del Brown Superior hoy está extinto producto de la construcción del camino que desconectó a las dos formaciones. Este es sólo un ejemplo de los tantos que podemos tomar como derrames de cianuro y otros acontecimientos.

La ley de glaciares, en su esencia, reconoce a estos gigantes de hielo como un bien público, destacando su importancia como reservas de agua y su rol fundamental en la recarga de las cuencas. De esta manera, la norma deja sin sustento los argumentos de las empresas que intentan minimizar el valor de los glaciares más pequeños, diciendo que no aportan lo suficiente en términos hídricos.

Para la ley, todos los glaciares son valiosos simplemente por el hecho de almacenar agua y por su función clave como reguladores del agua en el ambiente. Tengamos en cuenta que la Argentina posee más de 16.000 glaciares y que “la Cordillera de los Andes es una de las cadenas montañosas con mayor variedad de cuerpos glaciares y periglaciares en el mundo.

Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina. Los cursos de agua superficiales y subterráneos que reciben agua de la Cordillera se extienden más allá del territorio de una provincia, por lo que también se debe garantizar un manejo integral y sostenible de cada una de las cuencas hidrológicas, de las que los glaciares y el ambiente periglacial son parte fundamental en extensas regiones del país. Está demostrado que el deterioro del ambiente y de sus funciones ecosistémicas acarrea una gran cantidad de impactos negativos, genera mayores desigualdades económicas y disminuye la calidad de vida de las personas. Habilitar actividades que deterioren nuestras reservas hídricas estratégicas en general, y en el ambiente periglacial en particular, afectaría directamente las zonas de recarga de agua de las cuencas hídricas cordilleranas, exponiendo a un mayor riesgo a los ecosistemas y actividades que se desarrollen en sus inmediaciones o aguas abajo” [ 1].

Hoy esta ley está completamente desfinanciada, suponiendo fuertes limitaciones para continuar con los estudios de este ambiente y así mejorar su protección.

¿Los ambientes periglaciares?

Este es un aspecto sustancial que las empresas quieren modificar de la ley y que incluso ya hubo antecedentes de este planteo. El veto presidencial que realizó Cristina Fernández en el año 2008 bajo el decreto 1837 a la primera ley de glaciares se argumentó a partir de dos elementos: a) no se puede ubicar al ambiente por encima de las actividades económicas que, supuestamente, pueden ser “amigables” con la naturaleza; b) el problema de incluir al ambiente periglacial en la propia ley. El decreto que vetaba la normativa planteaba que:

“La prohibición de actividades descripta en el referido artículo 6º del Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas [...] La prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente [...] Que por ello, Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”.

Al igual que los planteos del empresario Roberto Cacciola en sus recientes declaraciones ya citadas, la expresidenta atacaba la inclusión del ambiente periglacial como un espacio a proteger y denominaba la ley como “excesiva”. Distintas palabras, mismo planteo.

Luego del veto presidencial, se intensificó el lobby de la Barrick Gold junto con las presiones de los Estados provinciales y del apoyo total del gobierno nacional por la megaminería. Cuando se volvió a votar nuevamente la ley hubo todo tipo de trabas, incluso se formó el OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros) para ejercer más presión aún desde las provincias por la no aplicación de la ley. Al respecto, Viale y Svampa planteaban que “la presidenta dio luz verde a la megaminería y lo hizo como suele hacerlo, sin admitir discusiones, incluso burlándose de aquellos que la cuestionan, visitando luego el emprendimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, una provincia en quiebra… Hay que recordar, además, que la presidenta siempre mostró más interés en reunirse con Peter Munk, el CEO de la Barrick, que en dialogar con los pobladores de Famatina, Tinogasta, Loncopué o Andalgalá, por mencionar solo algunos casos” [ 2]. Finalmente, la ley se votó nuevamente y años después se reglamentó a partir de la enorme movilización popular en las calles, no sólo en el congreso, sino en las provincias que más sufren de la megaminería, a partir del planteo popular de que “el agua vale más que el oro”.

Ahora bien, para entender el problema comprendamos qué es un ambiente periglaciar. Este se encuentra cercano a los ambientes glaciarios, pueden estar rodeándolos pero también pueden no estar asociados, es decir, el ambiente periglacial puede no estar dentro del entorno de un glaciar. En una investigación sobre este ambiente, se lo define como “una zona donde, por la baja temperatura del ambiente, generalmente cercano a los 0˚ centígrados o menos, la tierra, está congelada. Este congelamiento puede ocurrir en la superficie, por encima de la superficie, y/o por debajo de la superficie. Es importante el ambiente periglacial porque si hay humedad en la tierra, esa humedad se congela (se hace hielo). Y si hay hielo en el ambiente periglacial, se convierte en una reserva hídrica, ya que si se llega a descongelar de manera temporaria o de manera definitiva, ese hielo se convierte en agua. Pueden existir zonas en el ambiente periglacial donde el ambiente está congelado pero no hay humedad con lo cual no habría hielo y no sería por ende, una reserva hídrica. Puede haber zonas en el ambiente periglacial que permanecen congeladas todo el tiempo, y otras que se congelan y se descongelan cíclicamente” (Taillant,2012:14) [ 3].

Teniendo en cuenta que en los Andes del Norte y los Andes Centrales de la Argentina hay una fuerte preponderancia de climas Áridos o muy Áridos como en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, cualquier reserva de agua como la de los ambientes periglaciares son sustanciales para el aporte hídrico de la región, tanto para actividades humanas como para el propio funcionamiento del ecosistema. El ambiente periglacial se suele encontrar debajo de los glaciares y por encima de la línea de bosques o vegetación (si es que hay) y es donde mineras como la Barrick Gold necesitan construir sus caminos para llegar a los espacios de extracción.

A partir de estas presiones para la modificación a la “Ley de Glaciares” y las propias prácticas de las empresas transnacionales que siguen contaminando y saqueando los bienes comunes como el agua, el presidente de la Cámara de Empresas Mineras de la Argentina plantea, en la nota ya citada del diario Clarín, que “la minería es hoy una aliada del ambiente, que permite fabricar paneles solares, turbinas eólicas, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Esto lleva a repensar su rol como herramienta clave para un futuro más verde, inclusivo y productivo”.

Para sostener este argumento de una “minería verde”, se pone el eje central en la idea del “capitalismo verde” y de la necesidad de responder a las demandas de cobre y litio del mercado internacional para la transición energética y la electromovilidad. Pensar que la llamada transición energética en el capitalismo va a frenar de verdad las emisiones a partir de combustibles fósiles es, en realidad, más un cuento de ciencia ficción que una solución concreta.

Como lo plantea esta nota de Seb Nanzhel en profundidad, existen datos del Centro Finlandés de Investigaciones Geológicas que aportan a la conclusión de que habría que multiplicar por 28 la producción anual de cobre para poder transformar sectores enteros de la economía global hacia las llamadas energías "renovables" que utilizan este mineral. Esto no es sólo cambiar autos a eléctricos, sino también pasar el transporte comercial al hidrógeno ( que no es una energía tan “limpia” como se lo plantea) y generar electricidad de otra manera. El mismo informe advierte que, para lograr esa transición energética, en apenas tres décadas tendríamos que sacar de la tierra la misma cantidad de metales que se extrajo en toda la historia de la humanidad. Una verdadera locura que demuestra que el “capitalismo verde” no es la salida que nos quieren vender, sino la intensificación de la megaminería contaminante y el desarrollo de otro nicho de valorización del capital.

El “capitalismo verde” también favorece el enorme negocio que representa para empresas de extracción del litio como XtraLit, de capitales israelíes, que desembarcó en la Argentina para la extracción de este mineral de la mano de un convenio con la estatal YPF hace unos pocos meses. Esto es lo que realmente defiende la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la profundización del “ Extractivismo en la Argentina” de la mano de las empresas trasnacionales atraídas por las políticas de los diferentes gobiernos que mantienen el extractivismo como única manera de conseguir divisas para el pago de la usuraria, ilegítima e ilegal deuda externa, en particular con el FMI. El extractivismo en la Argentina es política de Estado.

Hay fuerza para enfrentar al Lobby minero

En la Argentina existen organizaciones ambientalistas y tenemos experiencias de grandes movilizaciones contra la megaminería y el lobby minero. Queda claro que el “capitalismo verde” y el discurso de la transición energética sin cuestionar al capitalismo implica la profundización de la explotación de los minerales de nuestros suelos, comprometiendo el agua en un país donde el 70% del territorio es árido o semiárido. Todos los colores políticos, desde el peronismo, la UCR o el mileísmo, gobiernan en favor de los extractivismos y es la movilización popular la que viene poniendo límites a ciertos avances de esta política.

En el 2019, el pueblo mendocino pudo defender la ley 7722 con enormes movilizaciones para enfrentar el intento de derogación del gobierno de la UCR de Rodolfo Suárez. Esta ley, prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera que necesita millones de litros de agua. El intento de derogación fue apoyado en su momento por el bloque kirchnerista a cargo de Anabel Fernández Sagasti, continuando con la política en apoyo a la megaminería del gobierno de Cristina y del conjunto del peronismo de las provincias mineras.

En Chubut hace décadas se viene dando una pelea contra la megaminería. En el 2021, hubo un intento para la implementación de la ley de zonificación minera que se votó a favor a partir del impulso del gobernador peronista Mariano Arcioni con el apoyo de Alberto Fernández. Pero una semana después tuvieron que dar marcha atrás por las enormes movilizaciones populares, paros de los sindicatos portuarios, la pesca y la alimentación, junto con docentes y las familias en las calles que arrinconaron al gobierno. Actualmente, el gobernador del PRO, Agustín Torres, anunció las pretensiones de explotar uranio, pero el consenso social sigue estando contra la megaminería, en particular con el uranio, que para obtener un kilo se tienen que moler mil kilos de roca, liberando material radiactivo al ambiente y generando “zonas de sacrificio”. Estas son algunas de las tantas peleas que hubo y hay contra la megaminería en la Argentina.

En este marco, la defensa de la Ley de Glaciares es central y por ello el discurso de la CAEM, personificado en la nota ya citada de Roberto Cacciola apunta a la confusión para la necesaria modificación de esta ley en favor de los intereses mineros. En sintonía con estos intereses se la vació y ahora se la intenta modificar. La Barrick Gold, a pesar de esta normativa hoy vigente, continúa con sus proyectos dentro de zonas que la ley prohíbe, producto del apoyo de los estados nacional y provinciales. Es necesario que se respete y amplíe el alcance de la ley, garantizando la participación activa de comunidades y organizaciones populares en el control y monitoreo de su cumplimiento, junto con el necesario control de los trabajadores de la minería.

La defensa del ambiente y los bienes comunes no puede quedar en manos de los gobiernos ni de las empresas, sino que debe estar en manos de los trabajadores, las comunidades y las asambleas populares, con poder de decisión sobre el uso de los recursos y el modelo productivo. Solo así se puede garantizar una transición ecológica y social que priorice la vida y no las ganancias de unos pocos, en abierta oposición al sistema capitalista y su forma de organización social.

Fuente: La Izquierda Diario