La pastera Altri compromete el futuro de Galiza

Idioma Español
País Europa

La depredación del territorio y del medio natural por el capital transnacional no es –como pudiera parecer- algo exclusivo del mundo subdesarrollado (Latinoamérica y otros países del llamado Tercer Mundo) sino que este accionar del capitalismo también se da en determinados lugares del continente europeo, como es el caso que ahora nos ocupa: el proyecto de implantación de una industria de fibra textil, a base de celulosa, en el Concello lucense de Palas de Rei, en la comarca conocida como A Ulloa, en pleno corazón de Galiza. 

Sería otro ejemplo más de industria de enclave que expoliaría recursos naturales propios sin crear tejido productivo autóctono, es decir que se aprovecharía de nuestras riquezas sin que nuestra nación obtuviese ningún beneficio a cambio y este hecho guarda relación con la tesis (acertada o no) sostenida aún hoy por amplios sectores del nacionalismo gallego que asegura que Galiza es tratada como una colonia por el Estado imperialista español.

El proyecto Gama (que así es como se denomina) está promovido por Greenfiber, S. L., sociedad participada por la multinacional portuguesa Altri y por la compañía, de capital gallego, Greenalia y fue presentado públicamente en la ciudad de Lugo a principios de mayo de 2022 contando, desde el primer momento, con el apoyo sin reservas del gobierno conservador-españolista del PP en la Xunta de Galicia, a cuyo frente se estrenaba en la presidencia por aquellos días, Alfonso Rueda. Se anunciaron entonces la creación con 2500 puestos de trabajo, cifra que finalmente hay que rebajar a menos de 200. La instalación de esta macrocelulosa, para la que se piden 250 millones de € en ayudas públicas, afectaría a 381 parcelas y ocuparía 360 Has. de terreno, convirtiéndose en la fábrica de este tipo de mayor tamaño de toda Europa. Su materia prima esencial sería la madera de eucalipto, especie de crecimiento rápido pero exótica en Galiza cuya expansión, en base a efectos ecológicos adversos, se pretende limitar existiendo actualmente una moratoria en su plantación que se discute si ampliar o no pero que de facto está siendo sistemáticamente incumplida. La implantación de esta industria afectaría gravemente al río Ulla de cuyo caudal se extraerían 46 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo diario de toda la provincia de Lugo y, esta agua, contaminada, se vertería después nuevamente al Ulla, el cual desemboca en la Ría de Arousa (Pontevedra), zona de gran riqueza marisquera cuya actividad económica podría desaparecer. Así pues se contraviene el Plan Hidrológico en vigor el cual prioriza el abastecimiento humano de agua a los usos industriales de este recurso. Otro aspecto nocivo a señalar es que la factoría emitiría a la atmósfera 100.000 toneladas de Dioxido de Carbono (CO2) al año. Se darían además otros impactos negativos en la agricultura y ganadería de la comarca, siendo de destacar el perjuicio ocasionado al sector servicios el cual cuenta con una relevante infraestructura turística ligada a la Ruta Jacobea ya que, por esta área geográfica discurren el Camino (Francés) y también el Primitivo de Santiago. Afectaría igualmente al patrimonio cultural y paisajístico (la fábrica se culminaría con la construcción de una chimenea de 70 metros de altura), lo cual conculca una Lei del propio gobierno galego aprobada en 2016.

Otras nefastas consecuencias de la implantación de esta industria serían la destrucción edafológica exponiendo la zona a graves inundaciones y a intensos efectos de isla térmica, además se darían sequías más prolongadas y habría una mayor proliferación de incendios forestales. Existen en la zona especies únicas de flora y fauna amenazadas que podrían extinguirse y, en general, este proyecto industrial representaría un ataque al modo de vida de los habitantes de la comarca al cual estos se aferran legítimamente.

Pese a todo lo expuesto la Xunta de Galicia lo declaró Proyecto Industrial Estratégico el 29 de diciembre de 2022 pero pronto se desató un vasto movimiento de contestación social. Así por ejemplo el 26 de mayo de 2024 una manifestación de rechazo congregó a más de 20000 personas en Palas de Rei; el 13 de junio tuvo lugar una manifestación marítima en la Ría de Arousa y el 30 de junio una cadena humana rodeó la sede del gobierno gallego. El 5 de septiembre de 2024, el Consello da Cultura Galega, un órgano institucional, presentó un riguroso informe científico desfavorable sobre el proyecto que Alfonso Rueda ignoró rehusando si quiera leerlo. Y las movilizaciones de protesta continuaron con una masiva manifestación que, el 15 de diciembre de 2024, reunió en Santiago de Compostela a más de 100000 personas convocadas por la Plataforma Ulloa Viva y la Asociación para la Defensa de la Ría de Arousa. Y ya en el presente año se convocó otra manifestación, muy nutrida, en A Proba do Caramiñal (A Coruña) el 23 de marzo y, por último, el 31 de mayo, sendas marchas con salidas desde Marín y Pontevedra, confluyeron delante de la factoría de ENCE en Lourizán, otra industria muy controvertida situada en la Ría de Pontevedra, bajo el lema “Nin ENCE na Ría, ninAltri na Ulloa”.

El estado actual de la cuestión es que las espadas siguen el alto y continúa la pugna entre el gobierno gallego (monocolor y con mayoría absoluta) que, hasta ahora, ha desoído y despreciado toda voz crítica y todo pronunciamiento contrario con el proyecto y un extenso y bullicioso movimiento de oposición, estando aún por dilucidarse si se impondrá la sinrazón del gobierno que parece no atender a ningún tipo de argumentación o si, por el contrario, la corriente anti-Altri será lo suficientemente poderosa para lograr, finalmente, su paralización.

Fuente: Resumen Latinoamericano

Temas: Megaproyectos

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