Ocho defensoras indígenas denuncian violencia sexual y criminalización en Guatemala

Una comunicación conjunta enviada al gobierno de Guatemala por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, reveló la grave situación que atraviesan ocho mujeres indígenas defensoras de derechos humanos de la comunidad Chirrix Tul e integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

La carta, fechada el 30 de abril de 2025, detalla episodios de violencia física y sexual, amenazas constantes, intentos de criminalización y desplazamientos forzados. El Estado respondió hasta el 25 de junio, señalando que el análisis de riesgo debe ser solicitado por jueces, magistrados, fiscales, personas jurídicas o individuales.  “Según la base de datos del Departamento de Análisis de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil, no se ha realizado un análisis de riesgo a favor de las 42 mujeres de la comunidad indígena Chirrix Tzul”, fue la respuesta de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh).

Las agresiones continúan sin que existan medidas de protección efectivas.

El 9 de abril de 2024 marcó un punto de quiebre. Ese día, un grupo armado atacó a 42 mujeres de Chirrix Tul, Chama Grande, Cobán, Alta Verapaz, entre ellas las ocho defensoras. Según el testimonio recogido por las relatoras de la ONU, las mujeres fueron víctimas de violencia sexual y expulsadas de sus tierras. Los agresores estarían vinculados a finqueros de la región que buscan apropiarse de tierras ancestrales.

Dos días después, el 11 de abril, las mujeres presentaron denuncias ante la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Sin embargo, lejos de recibir justicia, apenas un mes más tarde —el 20 de mayo— la Asociación de Finqueros (ACDEPRO) presentó denuncias contra ellas, acusándolas de usurpación y robo agravado.

Criminalización y revictimización

En diciembre de 2024, las defensoras fueron citadas por el Ministerio Público en un proceso judicial que, según las relatoras de la ONU, careció de garantías mínimas. Los presuntos agresores estuvieron presentes en la sala, lo que les provocó ataques de pánico.

Las evaluaciones psicológicas practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) también resultaron revictimizantes. Se realizaron sin enfoque de género ni acompañamiento adecuado y no tuvieron seguimiento.

El 6 de diciembre de 2024, guardias privados presuntamente vinculados a finqueros llegaron hasta el albergue donde las mujeres se refugiaban, tomaron fotografías y las obligaron a desplazarse nuevamente. Esta evacuación fue organizada por el propio CCDA, sin apoyo de las autoridades estatales.

Un año bajo amenazas

A inicios de 2025, la situación se agravó. La policía intentó nuevos desalojos en la comunidad y, en abril, las defensoras recibieron llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Las expertas de la ONU advirtieron que este escenario refleja la falta de protección y la exposición constante a la violencia que viven las mujeres indígenas en Guatemala.

En su comunicación, las relatoras expresaron una “profunda preocupación” por la violencia basada en género y etnia dirigida contra defensoras indígenas. Señalaron que las denuncias en su contra constituyen una táctica para desviar la atención de los ataques sufridos y denunciaron la “aparente connivencia” entre actores económicos poderosos —como los finqueros— y operadores judiciales que, en vez de garantizar justicia, terminan revictimizando a las mujeres.

Este caso, advierten las expertas, no es aislado. Forma parte de un contexto más amplio de criminalización de quienes defienden derechos humanos en el país. Según un informe preliminar de la relatora Margaret Satterthwaite, la Fiscalía ha incrementado el uso de procesos penales contra operadores de justicia, periodistas y defensores, lo que ha generado exilios forzados y hostigamiento digital.

Fuente: Prensa Comunitaria