Chile: desamparo absoluto ante transgénicos
Chile está en un ”desamparo legal absoluto” ante los transgénicos, pese a que entre 50 y 60 por ciento de los alimentos elaborados que se consumen en este país los contienen, aseguró a IPS Juan Carlos Cuchacovich, de la organización ambientalista Greenpeace
La filial chilena de Greenpeace realizó protestas y un seminario internacional sobre los riesgos de los transgénicos, mientras se desarrollaba en Santiago el XXI Congreso Mundial de la Federación Internacional de Semillas, que reunió a unos 1.200 empresarios agrícolas hasta el jueves, en vísperas del Día Mundial del Ambiente que se celebra este domingo.
Felipe Sánchez, presidente de la Asociación de Productores de Semillas de Chile, señaló que este país es el quinto exportador mundial en este rubro, con alrededor de cinco por ciento de la oferta. Las principales semillas que vende son de maíz, hortalizas y flores.
Unas 5.000 hectáreas, principalmente en manos de empresas transnacionales, están dedicadas a reproducción de semillas transgénicas, en especial de maiz. La legislación local permite solo reproducirlas y exportarlas, pues, en teoría, no está autorizada la venta de alimentos transgénicos a la población.
Cuchacovich, coordinador de la campaña de Ingeniería Genética en Greenpeace-Chile, dijo a IPS que este país ”no posee ningún cuerpo normativo importante, ni siquiera tiene una institucionalidad” que atienda el problema de los organismos genéticamente modificados (OGM).
”Es el desamparo absoluto. La única regulación que establecía una prohibición expresa”, y que prohibía la inclusión de insumos transgénicos en alimentos para niños, ”fue eliminada del Ministerio de Salud en 2003 sin ninguna razón técnica”, explicó el activista.
Desde la perspectiva de los ambientalistas existe apenas un marco regulatorio del gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero, que aplica un comité del Ministerio de Agricultura.
El presidente Ricardo Lagos propuso en 2004 un proyecto de ley de Bioseguridad que nunca ingresó al Congreso, porque ”hubo gran cantidad de discrepancias dentro del gobierno. La ley iba a ser rechazada por un fuerte grupo de parlamentarios que se oponía a su forma de presentación”, sostuvo Cuchacovich.
Chile firmó en 2000 el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, pero no lo ha ratificado. ”Sería una inconsecuencia que el país, por estar alineado con la posición de Estados Unidos, se margine de una convención internacional que ya firmó”, afirmó el dirigente ambientalista.
El Protocolo obliga a minimizar riesgos en movimientos de transgénicos de un país a otro, pero ”Chile está importando maíz y soja transgénica, principalmente para alimentar ganado”, dijo Cuchacovich.
Hay una tendencia a incentivar la biotecnología por medios legales, lo que obedece a ”fuertes presiones de promotores de tecnología, como Estados Unidos y Canadá, pero en general los países latinoamericanos cuentan con una mínima legislación”, acotó el activista.
Según un estudio de Greenpeace, que permitió elaborar una guía de seguridad de alimentos en Chile, ”entre 50 y 60 por ciento de nuestra alimentación contiene transgénicos en distintas formas”. Se trata, sobre todo, de compuestos importados de Argentina y Estados Unidos.
Greenpeace dio a conocer en marzo una encuesta realizada en cuatro de las 13 regiones del país durante noviembre y diciembre del 2004, según la cual 95,9 por ciento de los chilenos entrevistados deseaba que los alimentos transgénicos cuenten con una etiqueta que los identifique como tales, y 58,5 por ciento manifestó su preferencia por no consumirlos.
Ante la demora en aprobar una legislación que obligue a etiquetar los alimentos transgénicos, Cuchacovich consideró inaceptable que ”en un país como Chile, que se proclama democrático y libertario, se oculte la información más básica para que las personas tomen sus elecciones”.
Se viola el derecho a la información, lo cual ”obedece a motivaciones económicas de las empresas que saben que los productos van a ser rechazados porque las personas no quieren consumirlo. Nuestra encuesta lo reflejó”.
Cuchacovich subrayó que la opinión pública puede presionar a las autoridades para legislar sobre etiquetado de transgénicos, como en Brasil y México ”La ciudadanía no puede perder la esperanza de que efectivamente, con organización, los cambios son posibles.”
El diputado del cogobernante Partido por la Democracia, Leopoldo Sánchez, señaló a IPS que ”no hay ninguna claridad política por parte del Poder Ejecutivo en el tema”.
La propuesta de ley de biotecnología estuvo a cargo del viceministro de Economía, Alvaro Díaz, con el ”prisma de un economista, de una economía de mercado, y con poca connotación al concepto de sustentabilidad ambiental”, sostuvo.
El diputado indicó que en las últimas décadas la agricultura ha sufrido un cambio profundo con el mayor intercambio comercial y el uso de semillas híbridas y agroquímicos, lo que ha aumentado la rentabilidad del negocio agrícola.
Pero ”ninguna tecnología moderna ha presentado tanta oposición” como la relativa a los OGM, agregó. ”Su rechazo se da en casi todo el mundo.”
”Nadie está en condiciones de afirmar responsablemente que los transgénicos no tendrán efectos negativos. Por eso, hay que respetar la duda”, expresó Sánchez.
El diputado propuso prohibir por ley los cultivos de OGM en una zona del país, hacia un Chile libre de transgénicos. ”¿Por qué no explotar esa posibilidad y tener un sello distintivo en la competencia (comercial), ahora que todavía es tiempo de tomar una decisión, antes de estar llenos de transgénicos, si es que ya no lo estamos?”, dijo.
A 10 años de la primera autorización de un transgénico en el mundo, lo único definitivo para organizaciones como Greenpeace es que estos productos no lograron acabar con el hambre en el mundo, según se señaló el 31 de mayo en el seminario sobre ”Riesgos de la agricultura transgénica para Chile”.
Para Emiliano Ezcurra, de Greenpeace-Argentina, ”la agricultura transgénica es de escala comercial, de 'comodities' (materias primas), no se trata de un cultivo específico. El grueso de ellos va a parar a los estómagos de vacas, cerdos y aves a través del forraje”.
La mayoría de los cultivos de transgénicos son de soja, maíz, colza y algodón. Cuatro países concentran 90 por ciento de la producción transgénica mundial: Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. Ochenta por ciento de los transgénicos se producen en las tres primeras naciones.
El aumento de la población mundial con una superficie cultivable que permanece constante puso en riesgo la seguridad alimentaria.
Los defensores de los OGM prometieron acabar con el problema a través de un aumento de rendimiento. Además, se pondría fin a la deforestación provocada por la demanda de tierra para sembrar.
A juicio de Ezcurra, los transgénicos ”no lograron alimentar la humanidad, no evitaron el uso de agroquímicos, ni produjeron mayores rindes en la tierra, sólo resolvieron el problema de las plagas y las malezas”.
Se cambió la diversidad biológica por zonas de monocultivos, sostuvo. ”Hoy cultivamos soja donde antes no se la podía plantar, pero se la cultiva donde había flora y fauna nativa”, recordó.
Los cultivos transgénicos avanzan en Argentina en razón de ”20 canchas de fútbol por hora, mientras que las autoridades y las empresas han fracasado en regular eficientemente la materia y aún no garantizan el derecho a la información consagrado en el artículo 42 de la Constitución”, declaró Ezcurra.
En la Unión Europea rige desde 1996 la obligación de incluir en el etiquetado de los productos su contenido transgénico, señaló en el seminario Natalia Tsigaridou, de Greenpeace-Europa.
Ochenta por ciento de la población europea rechaza los transgénicos, aseguró la activista. ”Catorce de las 30 (cadenas de) supermercados se propusieron no comercializar productos transgénicos”, indicó la activista.
Si bien Grecia es el único país que ha declarado la totalidad de su territorio como área libres de transgénicos, explicó.
Además, ”más de 4.500 regiones europeas de distinto tipo legal, como provincias, prefecturas o departamentos, han adoptado iniciativas para proteger sus áreas de cultivo de la contaminación y así satisfacer el deseo ciudadano”, puntualizó Tsigaridou. (FIN/2005)