El ALCA y su impacto al mediambiente por Manases Sepúlveda Hernández


Prensa



Hoy, R. Dominicana, 26-2-03
http://www.hoy.com.do/febrero2003/26022003/areito3.htm

El ALCA y su impacto al mediambiente

Por Manases Sepúlveda Hernández

El Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), desde el punto de vista ambiental, podría constituir un riesgo para la integridad de los bosques y ecosistemas de la región.

Este acuerdo contiene medidas que implican incentivos a la tala derivada del madereo industrial y la erradicación paulatina de normas para evitar la entrada de especies invasoras. También deja a un lado las políticas nacionales destinadas a manejar los bosques de manera sustentable.

Asimismo, permite la entrada masiva de especies manipuladas genéticamente que alterarían los ciclos naturales de especies nativas y que pondrían en riesgo incluso la seguridad alimentaria de un país.

El ALCA es un acuerdo de libre comercio e inversión que se está negociendo entre los gobiernos de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe, con excepción de Cuba.

El objetivo es crear una zona de libre comercio que se extienda desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Chile y busca reducir las regulaciones gubernamentales sobre las empresas, abrir los mercados a la competencia extranjera y la ampliación comercial de todos los productos.

Actualmente, los 34 países que conformarían el ALCA se encuentran en Panamá para llevar sus propuestas de desgravación y que buscan la creación de un mercado libre de aranceles de 870 millones de consumidores.

Según estudios realizados, uno de ellos titulado "Impact of the Free Trade Area of the Americas on Forests" elaborado por Jackson Tockman, el ALCA colocaría los bosques y los ecosistemas del contienente bajo los objetivos de la liberalización del comercio y la inversión.

Según el texto del borrador del ALCA, se impediría a las autoridades gubernamentales proteger los bosques o establecer normas para asegurar el manejo sustentable, al calificarlas como "barreras no arancelarias" al comercio. También daría potestad a las empresas extranjeras o transnacionales para demandar a los gobiernos cuando sus intereses se vieran afectados.

El capítulo relativo a la reducción de aranceles propone la reducción y en última instancia la eliminación de gravámenes sobre productos agrícolas.

Esto promovería la conversión de bosques nativos en zonas agrícolas y orientados a la exportación, ejerciendo presiones sobre las zonas forestales, en especial la Amazonia.

Habría poca diversificación de los productos agrícolas, y es posible por ejemplo que se fomente masivamente la siembra de algunos que sólo interesen para fines de exportación.

De hecho, actualmente, aunque existen miles de plantas comestibles, curiosamente muy pocas de ellas han sido domesticadas para la producción alimentaria y de éste pequeño número sólo unas pocas tienen importancia económica mundial.

Muchas de las plantas comenzaron a domesticarse hace 10,000 años, en la última etapa de la Edad de Hielo.

Un grupo de expertos estimó que el valor monetario de los bienes y servicios que producen los ecosistemas naturales equivalen aproximadamente a 33 billones de dólares anuales, lo que representa casi el doble del producto económico mundial de todas las actividades humanas.

En el capítulo que se refiere a los servicios (número 7) se prohibiría a los países proteger el medioambiente y los recursos naturales en el "sector de servicios", prohibiendo a los gobiernos la adopción de medidas para limitar el número de proveedores de servicios como por ejemplo infraestructuras de residuos peligrosos, actividades derivadas del petróleo y el gas.

En consecuencia, los legisladores locales perderían la capacidad para fijar restricciones a la cantidad de infraestructuras para estas industrias, lo que potencialmente resultaría en pérdida de bosques, arrecifes de coral y humedales, distorsión de los patrones migratorios, daños a la flora y fauna e intensa contaminación.

Una de las potenciales es la industria petrolera marítima que podría afectar a países cuyo fuerte es el turismo como es el caso de las infraestructuras establecidas en la cuenca del Caribe.

Por esa razón se creó un Comité Especial de Turismo Sustentable entre los países del área del Caribe que busca asegurar que los destinos sean capaces de atraer visitantes a la región.

El comité fue derivado del Convenio sobre la Zona de Turismo Sustentable del Caribe (ZTSC), firmado en la Tercera Cumbre de la AEC (Asociación de Estados del Caribe), en diciembre del 2001 en Margarita, Venezuela.

En el artículo 3 del Convenio los países se comprometen a diseñar programas y proyectos de investigación y desarrollo para promover la preservación, conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de los espacios naturales con fines de aprovechamiento turístico.

El objetivo principal del Comité es lograr la ratificación del convenio y establecer un marco de criterios para los destinos del turismo sustentable.

Otro aspecto a considerar es el relativo al traslado de la jurisdicción contenciosa local a organismos internacionales para la solución de controversias relativas a la protección de los bosques.

También se imposibilitaría la participación de organizaciones no gubernamentales en los tribunales del ALCA, no obstante las decisiones obligatorias de los "paneles neutrales".

Asimismo, la aprobación de las medidas sanitarias y fitosanitarias propuestas supondría un mayor obstáculo al establecimiento de medidas de precaución dirigidas principalmente a evitar de manera adecuada la diseminación de especies animales y vegetales destructivos a la ecología.

Esto le atribuiría una pesada carga a los países que tendrían que hacer costosas pruebas científicas, a sabiendas de que muchos de los países latinoamericanos no poseen la tecnología adecuada.

De aceptarse el borrador del acuerdo se les exigiría a los países firmantes la aceptación de patentes de organismos manipulados genéticamente, principalmente de especies de árboles y plantas transgénicas que podrían afectar los ecosistemas.

Asimismo, echa por la borda la cooperación internacional para combatir las plagas de las plantas y productos vegetales, como es el caso de la Convención Internacional sobre Protección Fitosanitaria, firmada en Roma, Italia en el año 1951.

En el artículo seis de este convenio se establece que los países tienen autoridad para reglamentar la entrada de productos vegetales e imponer restricciones o requisitos a las importaciones de plantas y productos vegetales.

Después del análisis de todas estas consideraciones cabe decir que es necesaria una revisión profunda del ALCA en lo que respecta al medioambiente.

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