Francia: gobierno lanza proyecto de ley sobre transgénicos entre críticas
En medio de las críticas de los ecologistas y cuando menos la desconfianza de los consumidores, el Gobierno francés lanzó hoy su proyecto de ley sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) para encuadrar la experimentación, producción y comercialización de estos productos controvertidos
Mientras los ecologistas, apoyados por la mayoría de la opinión pública, exigen una moratoria y denuncian el proyecto como el derecho a 'una proliferación incontrolada de los OGM', el ministro de Investigación, Francois Goulard, lo defiende como 'una ley de precaución que establece un sistema de protección' y que a la vez no cierra la puerta a 'los avances' de la ciencia.
La futura norma, presentada por Goulard en Consejo de Ministros, tiene como objetivo transcribir en la legislación francesa dos directivas europeas, de 1998 y 2001.
Debido a su retraso en transponerlas, Francia podría ser condenada a cuantiosas multas por la Corte europea de Justicia, pero, como el veredicto no es esperado hasta el segundo semestre, tiene tiempo en principio para elaborar los decretos de aplicación del texto, que el Parlamento debatirá esta primavera.
El proyecto establece la obligación de declarar las parcelas en las que se plantan transgénicos, lo que eliminará el vacío jurídico que ha permitido cultivar en 2005 al menos 500 hectáreas de maíz transgénico, en su mayor parte en el suroeste, pero el Ministerio de Agricultura reconoce que el total era probablemente superior.
Antes de todo cultivo experimental de OGM a campo abierto, habrá una consulta del público, durante 15 días y 'exclusivamente por vía electrónica', pero el organismo que haya cursado la petición no tendrá la obligación de responder a las preguntas.
Quienes pidan permiso para cultivar OGM podrán solicitar que ciertas informaciones permanezcan confidenciales en nombre del secreto industrial.
El etiquetado será obligatorio para los productos que contengan más de un 0,9 por ciento de OGM.
Para indemnizar a los agricultores cuyas cosechas hayan sido contaminadas por transgénicos en más de un 0,9 por ciento se creará, por un máximo de cinco años, un fondo dotado por la recaudación de un impuesto aplicado en función de la superficie cultivada de OGM.
Para limitar la contaminación 'fortuita' de cultivos tradicionales o biológicos, el Gobierno definirá distancias de seguridad, zonas tampón y otras medidas por decreto y caso por caso.
La puesta en el mercado de los productos transgénicos estará sometida a autorizaciones validas durante un máximo de diez años, aunque 'todo elemento nuevo susceptible de modificar la apreciación del riesgo' deberá ser notificada, y las autorizaciones podrán ser retiradas.
Un Consejo de las Biotecnologías, con dos vertientes -científica y económico-social-, se encargará de evaluar las demandas de autorización y el seguimiento de los proyectos autorizados.
Quizás porque el tema es muy sensible, el capítulo sobre el proyecto de ley recogido en el comunicado del Consejo de Ministros brilla por su falta de precisiones.
Con este texto, reza el comunicado, el Gobierno 'mejora el encuadramiento de las prácticas de utilización de los OGM basando sus decisiones en un proceso de evaluación riguroso y transparente, que permite aportar al conjunto de nuestros ciudadanos las garantías que tienen el derecho de esperar'.
Pero, para el diputado Verde Noel Mamere, el proyecto es una mera 'mascarada' destinada 'no a encuadrar sino a autorizar más transgénicos' y que organiza 'el secreto y la opacidad'.
El partido ecologista conservador Cap 21, por su parte, denunció los 'peligros' del texto y pidió a los parlamentarios que lo enmienden para 'garantizar la protección de los consumidores y del medio ambiente, así como una agricultura de calidad'.
Con los agricultores divididos sobre los OGM, el Consejo de la Agricultura Francesa (CAF) reclamó un etiquetado 'preciso y claro' que permita a los consumidores escoger 'libremente sus compras alimentarias, cualquiera que sea su procedencia'.
Según un sondeo encargado por organizaciones ecologistas, el 78 por ciento de los franceses quiere la prohibición temporal de los OGM para poder determinar su impacto sanitario y medioambiental, y un 72 por ciento reclama un referéndum para pronunciarse.