Francia: miles de manifestantes contra ley OGM sobre transgénicos en víspera votación
Unas 25.000 personas, según los organizadores, se manifestaron hoy en varias ciudades francesas para exigir que se garantice el derecho de los consumidores a no ingerir productos transgénicos y el de los agricultores a no producirlos.
Estas protestas se producen en vísperas de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre organismos genéticamente modificados (OGM).
Las manifestaciones fueron convocadas por un colectivo de asociaciones, entre las que estaban Greenpeace, ATTAC, la Confederación Campesina, los Amigos de la Tierra o la Federación Natural de la Agricultura Ecológica, que organizaron marchas en Rennes, Clermont-Ferrand, Toulouse, Burdeos, Aviñón, Nancy y Lille.
La concentración más numerosa fue la de Rennes, a la que acudieron entre 13.000 y 15.000 personas, según los organizadores, y algo más de 5.000, según la policía.
Los convocantes dijeron que en Clermont-Ferrand hubo 3.000 participantes, mientras la policía habló de 1.000, en una concentración en la que acudió José Bové, símbolo de la lucha contra la globalización.
Las protestas se produjeron a tres días de que se reanude en la Asamblea Nacional (cámara baja) la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre los organismos genéticamente modificados (OGM), adoptado por el Senado el pasado 8 de febrero después de haber sido ampliamente modificado el texto enviado por el Gobierno al Parlamento.
El proyecto de ley prevé que se publique un registro nacional que precise la naturaleza y localización de las parcelas de cultivos transgénicos.
También estipula que todo agricultor que cultive OGM será responsable del 'perjuicio económico' causado por la eventual presencia de transgénicos en la producción de otro agricultor, y deberá suscribir para ello un seguro que cubra su responsabilidad.
Igualmente contempla la creación de una Alta Autoridad, integrada por un comité científico y de otro económico, ético y social, que asesorará al Gobierno en todos los temas relacionados con los transgénicos.
Los senadores, en primer lectura equipararon el derecho de los agricultores que quieren cultivar transgénicos con el de los que quieren garantías de poder seguir haciéndolo sin OGM y sobre todo sin diseminación accidental de éstos.
Los senadores cambiaron la composición del futuro Alto Consejo de Biotecnologías para aumentar el peso de los científicos, en detrimento de otros miembros de la sociedad civil.
Además, definieron un delito de destrucción de cultivos OGM autorizados, penado con dos años de cárcel y 75.000 euros de multa.