Nuevos embargos en Europa contra la soja transgénica de la Argentina
El conflicto por el cobro de regalías de la soja transgénica, que ya acumula más de dos años de discusiones, recrudeció en los últimos días con inquietantes derivaciones sobre el comercio externo del principal cultivo de la Argentina
El Gobierno intimó a la empresa Monsanto Argentina a que defina su posición respecto de las acciones legales que inició la central norteamericana de la empresa en la Unión Europea (UE ) contra los barcos argentinos cargados con harinas y pellets de soja, según confirmaron ayer fuentes de la empresa y de la Secretaría de Agricultura.
Las exportaciones a Europa representan 2000 millones de dólares al año y significan el 30 por ciento del comercio total de estos subproductos que se extraen del grano de soja.
En los últimos 30 días los embargos dispuestos contra los buques aumentaron considerablemente, sobre todo en España, donde las aduanas frenaron de oficio unos 10 embarques con un perjuicio para los importadores superior a los 6 millones de euros en calidad de garantías bancarias, según fuentes oficiales. Este perjuicio para los compradores podría trasladarse a los productores agrícolas argentinos a través de un menor precio por su producto.
"Hay mucha inquietud porque han seguido parándose barcos, lo que provocó serias dificultades en el comercio; por eso pedimos a las autoridades que resuelvan la situación ahora", dijo ayer el director de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez.
A los inconvenientes en España se sumaron los procedimientos iniciados en cuatro buques que arribaron a Holanda de las empresas exportadoras Glencore y Cargill. Mientras tanto, en Dinamarca, Inglaterra, Holanda y España, Monsanto Technology (EE.UU.) avanza con las demandas judiciales que había iniciado el año pasado, cuando comenzaron con estas acciones sobre los cargamentos de soja.
"Los descuentos de los exportadores van a ir ocurriendo en función de lo que cada empresa previsione como daño y de acuerdo con la visión de riesgo que evalúen", sostuvo Rodríguez.
Monsanto reclama al Estado argentino que defina un marco legal para cobrar regalías por el uso de la soja roundup ready (RR), modificada genéticamente, que si bien no patentó en el país está protegida en Europa. El secretario de Agricultura, Miguel Campos, por su parte, calificó en su momento de "extorsión" el pedido de la empresa porque esta variedad que significó una revolución en el agro fue introducida hace más de 10 años en el país con la intención, según su interpretación, de que se difundiera entre los productores. Además, hasta hace algunos años Monsanto tenía la patente exclusiva del glifosato (herbicida), el principal insumo para esta soja transgénica.
Del otro lado argumentan que el país no resulta seguro para liberar nuevos desarrollos biotecnológicos con genes de naturaleza "intangible" que encierran inversiones millonarias en investigación.
Campos envió una carta documento a la filial local de Monsanto para que defina su posición en el conflicto. "Una identificación plena de Monsanto Argentina con las acciones en el exterior calificaría una respuesta similar de nuestra parte", advirtió ayer el jefe de Gabinete de Agricultura, Patricio Lamarca. Se refirió a supuestas represalias, como la no aprobación, entre otros, del maíz RR-BT.
Monsanto Argentina responderá que la filial local no inició las acciones y que las autoridades argentinas deberán dirigirse a Monsanto Technology.
El director de relaciones públicas y gubernamentales de Monsanto, Federico Ovejero, consideró que el conflicto debería solucionarse en el nivel local, aunque reconoció que "no hay diálogo con la secretaría". "Desarrollamos tecnología que tiene efecto para los próximos diez años y lo que se plantea es cómo garantizar su protección", expresó Ovejero.
En 15 días empezará la exportación de soja de la campaña agrícola que está concluyendo y que se estima en unos 40 millones de toneladas.