Perú: la experiencia de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, por Cristiano Morsolin y Miguel Palacin

COORDINADORA NACIONAL DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERIA ? CONACAMI

Introducción

El pasado jueves 13 y viernes 14 de mayo se han realizado las jornadas preparatorias del Foro Social Perú en programa a Tambogrande por el próximo fin de julio del 2004.

En la facultad de Ciencias Sociales de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han reunido centenares de militantes de diferentes movimientos sociales del Perú, entre los cuales destacamos la masiva participación de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería CONACAMI (www.conacami.org), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP, Frente de defensa de Tambogrande, Coordinadora Permanente de Pueblos indígenas del Perú COPPIP, Red por la democratización Global NIGD (www.nigd.org), Movimiento RAIZ (www.movimientoraiz.org), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros.

Necesita subrayar el rol propulsor del Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directo por Teivo Teivainen - representante de la Red por la Democratización Global en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, que ha invitado por la ocasión Immanuel Wallerstein, profesor de la Universidad de Yale (USA), ex presidente de la Asociación Internacional de Sociología, uno de los impulsores principales del proceso Foro social Mundial, que se dio inicio en el 2001 en Porto Alegre-Brasil.

Vladimir Pinto - Movimiento RAIZ, a nombre del comité organizador, comenta: 'Durante las dos ultimas décadas, la violencia política, el neoliberalismo y la dictadura fujimontesinista significaron un duro golpe para el movimiento popular. Pero no todo fue derrota. Diversas experiencias de resistencia nos ha mostrado que es posible vencer el miedo y lograr un espacio para la esperanza. Es la lección dejada por la lucha contra la dictadura llevada a cabo por múltiples organizaciones sociales desde mediados de la década del 90, la lucha por la construcción de una democracia participativa y radical en el distrito de Limatambo (Cusco), así como la resistencia del pueblo de Tambogrande contra la empresa Maniatan y otras comunidades organizadas en CONACAMI contra la avaricia de las multinacionales mineras. Aunque parezca mentira, los ejemplos son muchos mas. Es decir, que en medio de la situación de crisis, pobreza y desesperación a que nos quiso condenar el neoliberalismo, existen experiencias en las que resulto mas fuerte la persistencia de la vida, la creatividad y la capacidad de organización popular. Este es un proceso complejo y no exento de contradicciones. Pero se trata de una tendencia real existente en el Perú actualmente.

El Movimiento RAIZ inscribe su accionar y su lucha en esta apuesta por la construcción de un Perú y un mundo nuevos. Y en ese sentido, busca contribuir a la formación de espacios de rearticulación social y política anticapitalista en el país. De allí nuestro empeño en impulsar el proceso de construcción del Foro social Perú'.

Aquí siguiente se encuentra el articulo 'La minería en el Perú: riqueza de conflictos y de pasivos' que analiza el proceso de resistencia de CONACAMI y representa una anticipación del libro de próxima publicación editado por Acción Ecológica (Ecuador) www.accionecologica.org.ec que ha autorizado la difusión.

La mineria en el peru: riqueza de conflictos y de pasivos

El Perú es un país con extraordinaria diversidad agrícola y silvestre. Solo en plantas de uso humano se conocen 3.200 especies nativas con 31 fines distintos. Existen al menos 128 especies de plantas alimenticias domesticadas, con miles de variedades. La papa, por ejemplo, tiene mas de 3.000 variedades y el camote más de 1.500. El 50% del área de la sierra esta cubierta de pastos naturales apropiados para la ganadería de camélidos (llamas, vicuñas alpacas y guanacos) de gran utilidad para las comunidades y hay más de 7,5 millones de hectáreas que tienen aptitud forestal. También las vertientes occidentales andinas se pueden aprovechar para la generación con micro centrales hidroeléctricas. El Perú tiene también espacios naturales aptos para el turismo.

El Perú es un país megadiverso, con 19% de las aves del mundo (1.073 especies), 9% de los mamíferos (400 especies), 9% de los anfibios (250 especies), 175 especies de reptiles y 1.200 especies de peces entre marinos y de aguas dulces, sin contar con miles de especies de insectos, moluscos y una impresionante diversidad en flora. La dimensión ecológica del Perú proviene de su propia naturaleza y realidad. Constituye por tanto un invalorable patrimonio de cuya conservación somos responsables.

A ello se suma la presencia humana de muchos milenios que ha dejado huellas de su larga existencia en un entorno de características muy peculiares, como las franjas costeras, las zonas andinas y alto andinas y las selvas altas y bajas, en donde habitan grupos étnicos con un profundo y valioso conocimiento del entorno natural, que desde hace mas de cinco mil años, con la cosmovisión del hombre y mujer andinos conservan el ambiente.

Los minerales son otro recurso importante. Desde la colonia, la minería había sido una de las actividades prioritarias para los gobiernos, junto con otras actividades como el agro o la pesca, a pesar de que es una actividad controvertida por los mecanismos que emplea y por la contaminación que conlleva. Sin embargo, en los últimos años, este sector ha contado con una legislación favorable para sus intereses y ha significado la ubicación de importantes yacimientos mineros en zonas focalizadas como son: Cerro de Pasco, Junín (Yauli), Huancavelica, Moquegua y en la sierra de Lima, etc.

Fue en la época de los 90 que, con la trasnacionalización de la minería, ésta se convierte en una actividad prioritaria, según los acuerdos suscritos por el gobierno de la dictadura de Fujimori con el Banco Mundial y otros organismos financieros mundiales. Los programas de ajuste estructural del Estado, priorizaron las inversiones privadas, principalmente en industrias extractivas como la minería, y con ellas el ingreso de las corporaciones trasnacionales mineras, acompañadas con un proceso de privatización, liberalización de la economía, flexibilización de la estabilidad laboral y tributaria, etc.

Hoy, de las 20 principales corporaciones más grandes del mundo, 11 están operando en el Perú, en diversas áreas, como territorios de pueblos indígenas o comunitarios, explorando y explotando yacimientos mineros principalmente en oro, cobre y zinc, afectado los recursos naturales, tierras agrícolas y recursos estratégicos como el agua

El boom minero y sus impactos

Entre diciembre de 1993 y julio del 2000, la minería ha comprometido el territorio de 3.326 comunidades campesinas, de las 5.680 comunidades reconocidas por el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) en Perú. De estas, 2.978 tienen actividades de exploración y 348 comunidades afectadas por actividades de explotación, superando en total cerca de 24 millones de hectáreas.

Durante el régimen de la dictadura de Fujimori, en los años 90, se promulgó la Constitución del 93, liberalizando la economía y violando los derechos ancestrales de las comunidades sobre los territorios, dejándolas más vulnerables. Se promulgaron leyes inconstitucionales, como la Ley de Tierras y Servidumbre Minera, para despojar sus tierras a las comunidades, violando la autonomía sobre la propiedad de la tierra e incumpliendo el Convenio 169 de la OIT. También estas carecen de procedimientos adecuados para implementar consultas a las comunidades o pueblos indígenas respecto al desarrollo de la actividad minera en sus tierras.

Sobre los aspectos ambientales, existe una débil fiscalización y monitoreo desde el Estado peruano. A través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que es a su vez es propietario o accionista de empresas mineras, es regulador de la política del sector minero, es fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y a la vez promotor de las inversiones mineras, por ello el MEM, decide sobre tierras, el agua, y la inversión minera. NO existe ninguna institución que vigile las actividades del Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e intereses de las comunidades afectada.

Tras el otorgamiento de las concesiones mineras por parte del Estado, las empresas desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una Consultora Ambiental pagada por la empresa y se procede a la aprobación del mismo por el Ministerio de Energía y Minas después de la respectiva Audiencia Pública. Esta última no constituye de ninguna manera una verdadera consulta sino que es una reunión para sugerir cambios que permitan superar las 'imperfecciones' del EIA. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad de fiscalizar la veracidad de los datos de los indicadores ambientales consignados en la línea base del EIA. Por ello, hasta el momento no ha desaprobado ningún EIA correspondiente a un proyecto minero de mediana o gran envergadura que implique el retiro del proyecto. Precisamente los últimos conflictos que se han presentado, como el de Tambogrande, se han dado por los mecanismos que emplea el Estado para la aprobación de los EIA, que carecen de legitimidad y terminan confrontando a la población.

La minería se ha convertido en el sector de mayor exportación en el país, con un ingreso de alrededor de 3.500 millones de dólares anuales, representando el 47% de las exportaciones del Perú. Sin embargo, la minería contribuye solo con el 4% al PBI nacional al ser su aporte en impuestos el 5% y el 95% de los demás sectores económicos. En cuanto al canon minero, este representa el 0.7% del valor de las exportaciones, calculado al 20% del impuesto a la renta; pero aquellas empresas que firmaron acuerdos de estabilidad tributaria, y doble depreciación de los activos, no pagan el canon. Por ello, los montos que reciben los gobiernos locales son cantidades ínfimas comparadas con los niveles de explotación minera. La exportación minera sirve, entonces, solo para atraer dólares frescos, que sirven a su vez para solventar las cada vez mayores importaciones. De hecho, la minería no contribuye a la generación del empleo, ni al consumo de productos nacionales.

Pasivos ambientales de la minería con el agua y el ambiente

La actividad Minera en el Perú tiene enormes pasivos ambientales y sociales, a pesar de la existencia de normas de protección ambiental y social con las que se cuenta. Cientos de cuencas hidrográficas, lagos, lagunas y ciudades están contaminadas. Existen numerosos conflictos entre las comunidades y las empresas por el control y acceso a los recursos, como la tierra y el agua. Con la aplicación por cinco años (1997 al 2002) de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) las empresas mineras pretendieron poner fin a estos conflictos, sin embargo, no se han obtenido resultados satisfactorios hasta la fecha.

En el sector minero, el uso total de agua es de 207'000.000 metros cúbicos por día para las 257 plantas (de las cuales 164 se ubican en la vertiente del Pacifico) que procesan 120'111.959 toneladas métricas de material por día. El índice de mayor afectación por las descargas de relaves está en las cuencas de los ríos Mantaro, Acari, Locumba, Cañeta y Moche.

En el caso del Mantaro, el consumo de estas aguas ha provocado miles de muertes de animales y la perdida del suelo de cultivo, causando daños a la precaria economía de las comunidades. Este río actualmente solo sirve como colector de desagües de 21 plantas concentradoras que arrojan 45 millones de metros cúbicos de relaves mineros al año, dando como resultado uno de los ríos más contaminados del Perú.

Otro ejemplo es el de la Reserva Nacional del Chinchaycocha, en donde la contaminación ha conllevado la desaparición de flora y fauna y ha puesto en peligro de extinción a la especie endémica ' El Zambullidor de Junin' y otras especies de aves que anidan en el lago.

La pobreza y los problemas sociales

Las enormes expectativas que genera en los territorios de las comunidades y pueblos la llegada de la minería, están cifradas básicamente en el supuesto mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, por ello muchos no dudan en respaldarla y entregar sus tierras, pero al poco tiempo son ellas mismas las que muestran su desaliento y rechazo por efectos dañinos que la actividad, otrora esperanzadora, les ocasiona. Sus tierras se ven rápidamente afectadas por la contaminación, el despojo por parte de las empresas mineras y el conflicto por el acceso al agua. También la falta del empleo prometido, la adquisición de insumos y productos fuera de la localidad y la elevación del costo de vida, no contribuyen al desarrollo de la zona minera. La mayoría de los pueblos y regiones con actividad minera se han empobrecido.

Annete Salis, en su investigación, afirma que 'en la mayoría de los casos, la población rural, creciente y empobrecida, sobre explota los recursos naturales como una estrategia de supervivencia de corto plazo [...] la pobreza se presenta mas allá de las áreas ambientalmente criticas, mientras que los daños ambientales de mayor envergadura son producto no de la pobreza sino de ciertas lógicas (dentro del modelo primario exportador en boga) de explotación del medio, considerado como un bien de acceso libre'. Por ello, basta citar a Cajamarca en donde se encuentra la Minera Yanacocha. Antes de su llegada, la región ocupaba el cuarto lugar de pobreza, a 12 años de Yanacocha, es el segundo más pobre del país, según sus propias cifras del Estado (FONCODES).

En cuanto a los problemas sociales que la minería trae consigo, podríamos citar que tras de ella vienen los bares, las cantinas, las casa de cita, la delincuencia y la prostitución, ejemplos de los males que van de la mano con las actividades mineras, impactando negativamente en la cultura de los pueblos. Este es un pasivo que no tiene precio.

Impactos en la Salud Pública

Toas las actividades mineras causan impactos en el medio ambiente y en la salud de los habitantes de las comunidades locales, generándose muchos pasivos ambientales. En el Perú hay decenas de casos que se podrían mencionar. Uno de ellos, es el de San Mateo de Huanchor (Lima), en donde cinco mil familias, que viven en cinco comunidades campesinas (San Mateo, San Antonio, Yuracmayo, Viso y Parac) han sido víctimas de intoxicación con arsénico, plomo y mercurio, del depósito de relaves 'Mayoc' que se encuentra ubicado a poca distancia del poblado. A pesar de la decisión administrativa de paralización de las actividades mineras y la recomendación de retirar los relaves, todavía se encuentran miles de toneladas de material tóxico a pocos metros del poblado, con la consiguiente contaminación y daños a la integridad física de sus pobladores. Según el informe del Ministerio de Salud en 1999, la sangre y orina de los niños y adultos de San Mateo contenían niveles de arsénico, plomo y mercurio que sobrepasan los límites permisibles.

Al norte del país, en Cajamarca, un grave accidente se produjo el día 2 de junio del 2000 entre las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa. A lo largo de aproximadamente 50 kilómetros, se produjo un derrame de cerca de 11 litros (equivalente a 151 kilogramos de mercurio elemental), produciéndose una intoxicación masiva de alrededor de 1.200 campesinos, entre adultos y niños. El mercurio elemental, en su forma líquida, es un metal muy llamativo de color plateado que se fragmenta rápidamente en gotas, por lo que algunos niños lo recogieron con las manos y en diversos envases. A los siete días, se reportaron los primeros casos de posibles intoxicaciones por mercurio en el Puesto de Salud de Choropampa, con la siguiente sintomatología: dolor de cabeza, malestar del cuerpo, prurito, enrojecimiento de la piel con erupciones, etc. Al principio no pudo ser determinada específicamente la causa de estos síntomas por carecerse de los análisis respectivos, sin embargo, frente a una intoxicación masiva, el estado y la minera Yanacocha optaron por darle atención médica temporal a la población. Aun cuando la recomendación técnica fue una evacuación total, solo se tomaron medidas paliativas, por lo que hasta le fecha los pobladores sufren las consecuencias de este accidente, producido por las actividades de la Minera Yanacocha.

Entre los accionistas de Minera Yanacocha SRL, se encuentra Newmont Mining Corporation de Denver, Colorado, Estados Unidos que tiene una participación del 51,35%, a través de su subsidiaria, la Newmont Mining Capital Corporation. Minas Buenaventura S.A. posee el 43,65% de las acciones, a través de su subsidiaria Minera Condesa, y finalmente la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial es propietaria del 5% restante.

El Banco Mundial, concluye después de todas las evaluaciones, tratando de eludir su responsabilidad en el hecho, que existe una incapacidad técnica operativa para lidiar con todas sus responsabilidades, por parte de las autoridades técnicas competentes (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud), etc. Una muestra de esto es que de parte de los funcionarios del estado no hubo ninguna disposición para priorizar la vida de centenares de personas, por sobre los intereses económicos y políticos que las autoridades competentes mantenían con el eje del Gobierno corrupto de Fujimori, un gran aliado de las empresas mineras.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, en el caso del derrame de mercurio que afectó a las comunidades de Choropampa, Magdalena y San Juan en la Provincia de Cajamarca, también se afectó el derecho constitucional de protección a la salud de las mencionadas comunidades, ya que no se dictaron, por parte de las autoridades de los sectores Salud y Energía y Minas, las medidas preventivas y de protección adecuadas para el transporte, manipulación, rotulación, etc. de productos o sustancias tóxicas o peligrosas, como lo es el mercurio en el presente caso.

De otro lado, es de notar que la citada norma constitucional, que los propios funcionarios del estado violaron, hace alusión al derecho a la protección de la salud, es decir, la garantía al resguardo de la salud que consiste en el derecho que tiene todo individuo de un Estado a requerir una respuesta sanitaria tanto en el aspecto preventivo como en el asistencial, cuando pueda hallarse en peligro o se encuentre afectada la salud de las personas.

Otro caso emblemático en cuanto a impactos de la actividad minera está en la provincia del Callao (en el Departamento de Lima), en donde se calcula que 200.000 niños pobladores de los Asentamientos Humanos, que son las zonas más pobres y vulnerables de la ciudad, están contaminados con plomo en la sangre, con niveles superiores a los permitidos por las instituciones de salud nacionales e internacionales. La contaminación es provocada por la presencia de depósitos de concentrados de minerales, que se almacenan en un aproximado de 241.000 toneladas de plomo por año, así como otros metales. Esta situación que es de conocimiento público, difundida por los medios de comunicación social, referidas a las autoridades municipales y denunciadas ante los propios agentes responsables del estado peruano, no han tenido la atención necesaria, sin que hasta el momento se hayas tomado las medidas adecuadas y suficientes para prevenir, proteger o reparar el daño causado en la salud, el desarrollo y la integridad física y psíquica de las víctimas.

En cuanto a la presencia de fundiciones metalúrgicas, y los riesgos a la salud pública son alarmantes. En La Oroya, en el departamento de Junín, la contaminación por metales pesados como el plomo, el arsénico, el dióxido de azufre, entre otros compuestos es muy grave. Se sabe que el plomo daña principalmente la sangre, el sistema nervioso central, el sistema reproductivo y los riñones. El plomo es particularmente dañino para los niños, quienes absorben un porcentaje mucho mas alto que los adultos, tanto por vía digestiva como vía respiratoria, siendo más sensibles a sus efectos adversos, los cuales se pueden presentar a partir de niveles en la sangre de 10 µg/dl Innumerables estudios demuestran que la exposición al plomo, incluso a niveles bajos, puede causar disminución en la inteligencia y en el desarrollo físico, al igual que detener el desarrollo neurológico y reducir la audición.

La exposición crónica al arsénico ha sido asociada con varios tipos de cáncer (de pulmón entre otros), con efectos reproductivos y gastrointestinales, enfermedades de la piel, daños en el sistema nervioso central entre otros. Por su parte, el cadmio daña los pulmones, los riñones, el hígado y el corazón, y es considerado como carcinogénico. Aunque a veces los síntomas de la exposición a metales no son agudos, por lo que no son detectados, el daño a la salud a largo plazo es severo.

El dióxido de azufre o SO2 es un contaminante gaseoso que presenta graves amenazas a la salud humana. Daña el sistema respiratorio, agrava enfermedades respiratorias preexistentes (sobre todo bronquitis) y disminuye la capacidad de los pulmones para expulsar partículas extrañas como los metales pesados. Este tipo de contaminante también trae como resultado el aumento de la mortalidad, particularmente cuando existen niveles elevados de materia particulada. Los grupos más susceptibles a los efectos del SO2 son los asmáticos y las personas con enfermedades cardiovasculares. Los niños y los ancianos son también sectores muy vulnerables. Al igual que los contaminantes antes descritos, en el caso del SO2 los daños a la salud aumentan cuando es mayor el tiempo de exposición, en la medida que el daño al sistema respiratorio es acumulativo. Asimismo, el SO2 tiene impactos ambientales severos por su contribución a la formación de lluvias ácidas. La presencia de SO2 y lluvias ácidas son fuentes de acidificación de tierras, causante de una reducción significativa en su calidad agrícola y productiva. También implica un impacto significativo en los ecosistemas acuáticos superficiales.

La situación crítica en la salud de la población infantil de La Oroya por intoxicación por plomo, se hizo evidente tras el monitoreo de plomo en sangre, realizado en 346 niños de tres zonas de la ciudad de La Oroya Según la doctora Anna Cederstav, en aquel momento, solo por efecto del plomo, 'el 18.3% de los niños debieron ser remitidos urgentemente a un hospital para atención médica [...] Por su parte un 67% de los niños debieron ser sometidos a evaluación médica y seguimiento [...] dos niños tenían niveles tan altos (mayores que 70 µg/dl) que requerían el tratamiento de quelación de manera inmediata'.

Son estos los casos más emblemáticos que se aprecian en la salud de las personas, producidos por la actividad minera, casos que desencadenaron una denuncia al Estado peruano en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La autoridad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos programas es el Ministerio de Energía y Minas. Este órgano ha incurrido en violación de sus propias normas al no exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas mineras, facilitando la ampliación del período de ejecución de los PAMA con la dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial de Manejo Ambiental). Muchas empresas que no habían cumplido con la ejecución del PAMA pueden acogerse al PEMA y fijarse un nuevo período para adecuar sus emisiones a niveles máximos permisibles en el sector minero nacional.

Vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado peruano

En cuanto a los pasivos ambientales y sociales de las actividades mineras, el Estado del Perú ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos que consagran los Derechos Humanos de las personas pertenecientes a las comunidades campesinas y pobladores de las zonas donde se realizan actividades mineras, siendo los siguientes:

Art. 4.1. Derecho a la vida.
Art. 5.1. Derecho a la integridad física, psíquica y moral.
Art.11.1 Reconocimiento de su dignidad.
Art.16.1 y 16.2. Libertad de asociación.
Art.17.1. Protección a la familia.
Art.19. Derecho del niño.
Art. 21.1 y 22.2. Derecho a la propiedad.
Art. 22.1, 22.3 y 22.4. Derecho de circulación y residencia.
Art.23. Derechos Políticos. 'Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Art. 24. Igualdad ante la Ley y no-discriminación.
Art. 25. Protección Judicial.
Art.26. Derechos económicos, sociales y culturales. (Trabajo, identidad cultural, desarrollo, libre determinación, salud, ambiente adecuado, a la paz, vida digna, entre otros).

Los Derechos Humanos, en su concepción actual, constituyen una conquista de los hombres, mujeres y niños, perteneciente a la globalizada y moderna civilización, habiéndose convertido en una constante demanda de exigibilidad a los estados democráticos, por parte de sus ciudadanos. De allí que, estos derechos y sus mecanismos de protección se han desarrollado a lo largo de la historia, como pretendida respuesta efectiva, para la convivencia no violenta y democrática de la sociedad.

Los conceptos sobre cada uno de los Derechos Humanos, han tenido una variación en el tiempo, conforme se han desarrollado las relaciones entre los individuos y el Estado, inclinándose por su expansión interpretativa y no por su limitación doctrinal, teniendo como sustento ético-político de ello, la idea de dignidad del ser humano, su indemnidad como tal y la finalidad social del propio individuo.

Actualmente, tanto en los ambientes académicos de los Derechos Humanos, como en los espacios nacionales e internacionales de protección de éstos, no se concibe, la separación o división de todos los derechos, sino que se entienden, sobre la base de su integralidad, universalidad e interdependencia. Un Derecho Humano consagrado en algún instrumento nacional o internacional, no puede ser tratado separado o independientemente de los otros derechos contemplados en la norma nacional o internacional. Si no que debe ser visto de manera integral, como un solo compacto de derechos del sujeto o sujetos de protección. En cuanto al sujeto protector, esto es el Estado, los Derechos Humanos, constituyen un complejo y variado sistema de obligaciones a las que irremediablemente debe promover, garantizar, prever y cumplir.

Este enfoque de integralidad, no sólo ha determinado una nueva conceptualización de los Derechos Humanos, sino que, además, permite el acceso de los individuos o colectividades a los Tribunales o Mecanismos Internacionales de Protección de estos, independientemente de cómo están positivizados o divididos en los diversos Tratados, Pactos o Convenciones.

Las actividades mineras en el Perú, sea llevadas a cabo por el estado, tanto por las empresas privadas, nacionales o extranjeras, han violado sistemáticamente todos y cada uno de los derechos mencionados anteriormente, siendo responsables no solamente de unos pasivos ambientales y sociales, sino de delitos penales que no pueden quedar en la impunidad.

Propuestas

El Estado y las empresas deben asumir los pasivos ambientales y sociales en el desarrollo de sus actividades mineras.
Es urgente la promulgación de una Ley que cree el 'Seguro Ambiental' para cubrir desastres, accidentes y pasivos ambientales producidos por las empresas mineras.

Se debe exigir el cumplimiento de los PAMA en los plazos establecidos a los que se comprometieron las empresas mineras. Es urgente una evaluación de la salud pública de la población en áreas de influencia de la actividad minera.

Se deben implementar los programas de control y mitigación inmediata de la contaminación proveniente de las actividades mineras metalúrgicas, siderúrgicas, fundiciones, etc.

Se debe incorporar el derecho a participar en el monitoreo y vigilancia del ambiente y el desarrollo de las actividades mineras.

Debe haber un reconocimiento de los Comités de Vigilancia Ambiental Comunitaria como sociedad civil fiscalizadora de la actividad minera.

El acceso a la información, participación ciudadana y consulta desde la fase de exploración, estudio de impacto ambiental, explotación y cierre debe ser indispensable.

La realización de estudios de impactos sociales y económicos de los proyectos mineros.

Se debe asumir un rol preventivo no otorgando concesiones en áreas naturales protegidas y sensibles a los impactos de la actividad minera, como las cabeceras de las cuencas hidrográficas.

El Ministerio de Energía y Minas debe ser un regulador de la política minera y fiscalizador del cumplimiento de las normas ambientales para el desarrollo de la actividad minera, mientras que las comunidades (sociedad civil) deberán realizar un rol de vigilancia ambiental y social al sector minero y al Estado.
El Banco Mundial no debe financiar proyectos mineros, sino otros que generen empleo y diversificación de la economía como son: la agricultura, la agroindustria, el ecoturismo.

ARGENPRESS, Internet, 18-5-04