5 de junio – Día Mundial del Medio Ambiente

La injusticia ambiental y la contaminación y degradación ambiental son consecuencia del poder empresarial corporativo. Las grandes empresas, y particularmente las transnacionales, logran imponer sus intereses en detrimento de los derechos de la población y los sistemas ecológicos que sostienen la vida. Utilizan su poder económico para ejercer presión política y amenazan con demandas ante tribunales arbitrales internacionales amparándose en instrumentos neoliberales, como los acuerdos de protección de las inversiones y los TLC.

Su presión ha llevado a retrocesos normativos en materia de salud pública, agua y agrotóxicos por ejemplo. Tampoco esas empresas son obligadas a reparar el daño que provocan.

Además, exigen garantías para su seguridad jurídica y el cumplimiento de contratos que atentan contra la Constitución y la legislación nacional, como el firmado por el anterior gobierno para el proyecto Neptuno.

Pero, ¿qué pasa entonces con la seguridad jurídica para la población? Es deber del Estado garantizar que sus derechos consagrados en la Constitución sean priorizados y respetados. Los contratos con actores económicos privados jamás pueden primar sobre los derechos constitucionales de la población.

Para que haya justicia ambiental y climática hay que asegurar la realización de derechos fundamentales, tiene que primar el principio precautorio, la participación social y el acceso a la información y a la justicia.

En un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, renovamos nuestro compromiso con todas las luchas nacionales e internacionales por justicia y contra el poder corporativo, porque estamos convencidas/os que es el camino rumbo un proyecto que priorice la VIDA y los derechos.

Fuente: Redes - Amigos de la Tierra Uruguay