Cuestionan proyectos sobre tierras por no atacar desigualdad agraria
La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, presidida por la senadora Yolanda Paredes, realizó una mesa de trabajo para analizar los proyectos de modificación del Estatuto Agrario y de la Ley de creación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Durante el encuentro, dirigentes campesinos, analistas agrarios y referentes de organizaciones sociales expresaron una mirada crítica sobre ambas propuestas, señalando que las iniciativas no abordan el problema estructural de la tierra en Paraguay: la extrema concentración territorial y la histórica exclusión de las familias campesinas del acceso a tierras productivas.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la intención de habilitar la venta de tierras administradas por el INDERT a personas que no son sujetas de la reforma agraria. Referentes sociales advirtieron que esta medida podría alterar el sentido histórico del patrimonio agrario estatal, creado para garantizar acceso a la tierra a sectores campesinos y promover justicia social en el ámbito rural.
Las organizaciones señalaron además que las propuestas legislativas priorizan modificaciones administrativas y de titulación, dejando de lado medidas orientadas a democratizar el acceso a la tierra, recuperar tierras públicas irregularmente adjudicadas y fortalecer una política efectiva de reforma agraria.
Durante el debate también se cuestionó la ausencia de propuestas concretas para enfrentar la problemática de las tierras malhabidas y los procesos históricos de apropiación irregular de tierras públicas destinadas a la reforma agraria. Sectores campesinos alertaron que sin políticas redistributivas de fondo cualquier modificación normativa corre el riesgo de consolidar aún más la desigualdad existente en el campo paraguayo.
Asimismo, dirigentes rurales expresaron preocupación por iniciativas que podrían favorecer modelos agroganaderos extensivos en detrimento de la agricultura familiar campesina, profundizando procesos de desplazamiento rural y concentración económica.
Las organizaciones participantes insistieron en la necesidad de abrir un debate amplio y participativo sobre la cuestión agraria, incorporando a comunidades campesinas, pueblos indígenas, sectores académicos y organizaciones sociales, atendiendo que la reforma agraria continúa siendo una deuda histórica del Estado paraguayo
