Gobierno busca modificar el Estatuto Agrario y habilitar venta de tierras a no beneficiarios de la reforma agraria
Dos proyectos de modificación del Estatuto Agrario y de la Ley del INDERT, presentados entre marzo y abril ante el Congreso Nacional, reabrieron el debate sobre el rumbo de la política agraria en Paraguay. Mientras el discurso oficial pone el foco en la “titulación masiva”, organizaciones campesinas y especialistas advierten que las propuestas no enfrentan el problema de fondo: la concentración de la tierra y la falta de redistribución para campesinos sin tierra.
Uno de los proyectos, impulsado por senadores, plantea ampliar de 10 a 30 años las restricciones sobre lotes adjudicados en el marco de la reforma agraria, además de extender plazos de pago y habilitar asentamientos ganaderos en la Región Oriental.
La propuesta más cuestionada es la presentada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El proyecto busca modificar la Ley del INDERT para quitar a la Junta Asesora y de Control de Gestión su rol de contralor en la venta de tierras y dejar esa facultad exclusivamente en manos de la presidencia del ente.
Además, incorpora la posibilidad de vender inmuebles del INDERT “a personas no beneficiarias” de la reforma agraria, algo que actualmente no está permitido por la legislación vigente.
El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán acelerar la titulación de tierras y facilitar el acceso al crédito formal. Entre las modificaciones propuestas se incluye otorgar títulos de propiedad a adjudicatarios que hayan pagado apenas el 3% del valor del lote, además de descuentos para pagos al contado y excepciones para personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, sectores críticos señalan que la mayoría de las tierras actualmente tituladas fueron conquistadas históricamente mediante luchas campesinas y recuerdan que el propio Estatuto Agrario establece restricciones para evitar que las tierras terminen fuera del control de las familias beneficiarias.
También advierten que flexibilizar las condiciones de titulación y habilitar las tierras como garantía de créditos podría favorecer nuevos procesos de concentración de tierras y reducir aún más la capacidad del INDERT para adquirir inmuebles destinados a la reforma agraria.
Ante las controversias, la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores convocó a una mesa de trabajo para el lunes 25 de mayo, a las 08:00, en el Congreso Nacional.
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