Negociaciones para un tratado vinculante sobre Empresas Transnacionales: la Sociedad civil insta a los Estados a priorizar los Derechos Humanos
Las organizaciones de la sociedad civil están instando a los gobiernos a poner los derechos humanos en el centro de las negociaciones para un tratado internacional jurídicamente vinculante que responsabilice a las corporaciones multinacionales por las violaciones a los derechos humanos.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9, que inició el proceso para desarrollar este tratado mediante la creación de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. El objetivo es crear un instrumento legal sólido y vinculante que regule, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
Diez años después, en julio de 2024, el Consejo adoptó una decisión para fortalecer este proceso mediante una serie de reuniones temáticas —también llamadas intersesionales— en Ginebra entre 2025 y 2027. Estas reuniones reúnen a expertxs legales y representantes gubernamentales para examinar partes específicas del borrador del tratado en mayor profundidad.
La primera consulta, realizada en abril de 2025, se centró en los derechos y la protección de las víctimas, así como en cómo las personas pueden acceder a la justicia si son afectadas por actividades empresariales (Artículos 4, 5 y 7). Antes de esta reunión, la Campaña Global por un Tratado Vinculante —de la cual forma parte La Vía Campesina— expresó su preocupación por la selección de expertxs legales. La Campaña insistió en que lxs expertxs deben apoyar el objetivo original del tratado de establecer obligaciones vinculantes, no tener vínculos con el sector corporativo y estar arraigadxs en comunidades, sindicatos o movimientos sociales —con al menos tres provenientes del Sur Global. A pesar de esto, muchxs expertxs seleccionadxs fueron percibidxs como cercanxs a marcos voluntarios y a intereses corporativos.
La segunda ronda de consultas se celebró en junio de 2025 en Ginebra, y abordó temas como la prevención, la responsabilidad legal, la jurisdicción, la ley aplicable y los plazos legales ( Artículos 6 al 11).
En nombre de La Vía Campesina, CETIM y la Campaña Global, Pierre Mason, de la Confédération Paysanne, dio la declaración de cierre. Advirtió que, sin medidas legales vinculantes, el tratado corre el riesgo de fracasar en su propósito.
Hizo un llamado para incluir mecanismos sólidos de prevención, obligaciones específicas para las empresas, sanciones exigibles, responsabilidad en toda la cadena de suministro y jurisdicción extraterritorial —incluida la prohibición de vacíos legales como el forum non conveniens, una doctrina que permite a los tribunales desestimar casos si consideran que otro país es más adecuado, incluso si tienen jurisdicción.
Frustradxs por el enfoque excesivamente técnico de las discusiones, la sociedad civil recordó a los Estados que las comunidades afectadas no son observadoras pasivas, sino participantes activxs con experiencia. Instaron a que las negociaciones se mantengan fieles al espíritu de la Resolución 26/9, enfocándose en abusos reales y soluciones efectivas.
En respuesta a las preocupaciones empresariales sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), señalaron que un tratado sólido las protegería. Las PyMEs suelen asumir responsabilidades que las grandes empresas transnacionales eluden gracias a vacíos jurídicos. Un tratado vinculante igualaría las condiciones y evitaría que las empresas responsables sean superadas por competidores sin escrúpulos.
Lxs campañantes también denunciaron comentarios ofensivos de representantes corporativxs, incluyendo insinuaciones de que los Estados del Sur Global son corruptos o perderían inversión. “La corrupción existe en todas partes”, afirmaron, “y quien corrompe suele ser una empresa o sus agentes”.
Durante las intersesionales de junio, mencionaron casos conocidos de abusos corporativos en Ecuador, Palestina, Uganda y Nigeria, y pidieron al Grupo de Trabajo que entregue un tratado que ponga fin a la impunidad. También celebraron la propuesta de México de permitir presentaciones escritas después de la sesión y reafirmaron su compromiso con el proceso —bajo el mandato de millones de comunidades afectadas.
Para más información sobre la Campaña Mundial y sus actualizaciones, visite www.stopcorporateimpunity.org.
Fuente: La Vía Campesina