“¡Aquí no!”: comunidades indígenas y pesqueras frenan temporalmente megaplanta de metanol en Sinaloa

Durante la protesta, pobladores interrumpieron el acto protocolario donde reiteraron la consigna “¡Aquí no!”, frase que acompaña desde hace una década su lucha contra la imposición de megaproyectos industriales en la bahía sinaloense. La manifestación, un par de días después de que un juez negara la suspensión de Mexinol promovida por pescadores de Paredores, exigió transparencia en los estudios de impacto ambiental, consultas públicas reales a las comunidades, así como garantías de que no habrá daños irreversibles al ambiente.

Tras la movilización, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, interpelado por las comunidades, prometió solicitar al gobierno federal la realización de una consulta sobre el proyecto. Posteriormente, medios locales refirieron que, desde el gobierno de Sinaloa, reiteraron que el proceso de consulta deberá resolverse en el ámbito de las autoridades federales.

La planta Pacífico Mexinol forma parte de un corredor industrial de petroquímicos más amplio en Topolobampo, Sinaloa, donde una terminal portuaria vinculada se ubica en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, un cuerpo de agua de alta relevancia ecológica.

Dicha planta es impulsada por capital norteamericano de la empresa Transition Industries, con sede en Texas, y además cuenta con una estructura de financiamiento internacional que incluye al Banco Mundial y alianzas con corporaciones de Corea del Sur, Italia, Japón y Australia. Con una inversión de 3,300 millones de dólares está proyectada para producir metanol “verde” y “azul” a gran escala, compuestos químicos utilizados como insumo industrial para manufactura química, textil, farmacéutica y de fertilizantes, además de emplearse como combustible y en la producción de hidrógeno.

Con dicha planta, Pacífico Mexinol pretende abastecer mercados de exportación, así como al transporte marítimo e industrias que buscan sustituir combustibles fósiles por el denominado “metanol azul”, el cual se produce a partir de gas fósil y tecnologías de captura de carbono, así como con el “metanol verde”, el cual incorpora hidrógeno generado con fuentes renovables, por lo que la empresa presenta el megaproyecto como parte de la transición energética.

Acorde a IDB Invest, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto prevé una capacidad de producción anual aproximada de 2.1 millones de toneladas métricas de metanol de “ultra bajas emisiones de carbono”, por lo cual analiza otorgar hasta 300 millones de dólares de inversión para Pacífico Mexinol. No obstante, un documento de marzo pasado del mismo organismo clasifica al proyecto como Categoría A, una denominación reservada para iniciativas con riesgos ambientales y sociales potencialmente significativos, diversos, irreversibles o sin precedentes.

Cabe resaltar que, para la producción diaria de 6,130 toneladas métricas de metanol, Pacífico Mexinol utilizará gas fósil proveniente de la Cuenca Pérmica, en Texas, Estados Unidos, donde dicho energético es extraído mediante la fracturación hidráulica. Además, la compañía insiste en que empleará aguas residuales del municipio de Ahome y que no realizará descargas de aguas residuales a la Bahía de Ohuira. Sin embargo, las comunidades indígenas y pesqueras alertan sobre los impactos de la operación industrial sobre una zona de alta importancia ambiental y económica para la región, ya que en esa bahía alrededor de 3 mil familias dependen de la captura diaria de cangrejo, camarón, moluscos y otras especies marinas para su sustento.

Una pieza más en un megacomplejo petroquímico

Las protestas contra la construcción de Pacífico Mexinol ocurren a la par de la instalación de otra planta en la Bahía de Ohuira, ésta de amoníaco e impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman AG, proyecto que también ha sido rechazado por comunidades indígenas y pescadores.

En una publicación reciente del diario alemán TAZ, las defensoras Melina Maldonado y Claudia Quintero, integrantes del movimiento ¡Aquí no! señalaron los riesgos ambientales y sociales que enfrentan las comunidades. “Puede que la planta no explote, pero incluso una pequeña nube tóxica podría acabar con nosotros”, declaró Maldonado, habitante de Lázaro Cárdenas, comunidad ubicada a seis kilómetros de la planta de amoníaco. La defensora recordó además que en 2005 murieron 38 personas en un accidente con un camión cargado de amoníaco cerca de la zona.

Ambas defensoras denunciaron que han enfrentado amenazas por su organización para la defensa del territorio. Maldonado permanece desde hace más de tres años bajo mecanismo de protección gubernamental tras denunciar un intento de secuestro después de una manifestación. Por su parte, Quintero reportó haber sido amenazada con arma de fuego y denunció que en Sinaloa, “el gobierno, la delincuencia y las empresas están bajo un mismo techo”.  

Las integrantes de ¡Aquí no! viajaron recientemente a Alemania para reunirse con integrantes del Parlamento, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes del banco estatal de desarrollo KfW, institución que otorgó un préstamo de 860 millones de dólares para la planta de amoníaco.

Cabe resaltar que la región de Topolobampo ha sido incluida por el gobierno federal dentro de los llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), eje central del denominado Plan México para consolidar hasta 100 nuevos parques industriales. En una primera etapa fueron aprobados 15 polos en 14 entidades del país y los sectores priorizados incluyen agroindustria, automotriz, semiconductores, farmacéutica, energía, química y petroquímica.

En marzo de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria formal del Polo de Desarrollo para el Bienestar Topolobampo, consolidando su incorporación como nodo estratégico para nuevas inversiones industriales vinculadas al puerto sinaloense y a la conexión con Estados Unidos. “La presidenta quiere convertir nuestro hogar en un punto de acceso industrial a nuestra costa”, denuncia la defensora Claudia Quintero. “Afirman que traen progreso y destruyen nuestra red social”, sostiene.

Mientras tanto, el proyecto de Mexinol continúa en etapa de desarrollo y mantiene su inversión anunciada. La principal exigencia de las comunidades movilizadas sigue siendo que no avance ninguna obra sin una consulta a los pueblos indígenas y comunidades pesqueras que habitan y dependen de la Bahía de Ohuira.

Fuente: Avispa Midia