A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista
Los mecanismos de mercado no constituyen una solución a la crisis climática y ecológica. Frente a la necesidad de transformación energética y protección de la biodiversidad, los instrumentos basados en la lógica mercantil han demostrado limitaciones estructurales que impiden los cambios necesarios y, en muchos casos, refuerzan el modelo productivo que ha generado el colapso ambiental.
Mercados de carbono
La experiencia de los mercados de carbono muestra serias deficiencias. Aunque el incremento del coste de la tonelada de carbono ha impulsado cambios en el sector eléctrico mediante la implantación de renovables, los sectores de descarbonización compleja —acero, cerámica, cemento— siguen acumulando importantes cantidades de derechos de emisión sin planes claros de reconversión. El sistema presenta cuatro problemas estructurales:
- La falta de integridad es particularmente grave en los créditos voluntarios, donde agencias externas certifican compensaciones que frecuentemente no reflejan la realidad, incluyendo impactos positivos inexistentes y ocultando violaciones de Derechos Humanos.
- La competencia desigual favorece sistemáticamente a las grandes empresas con mayor capacidad económica o posiciones dominantes, dejando fuera a pequeños productores.
- La concentración empresarial en sectores altamente emisores permite a las corporaciones manipular el sistema traspasando emisiones entre períodos e instalaciones, afectando gravemente a los trabajadores mediante reducciones salariales y despidos.
- La deslocalización productiva hacia países con menores restricciones ambientales se convierte en estrategia empresarial habitual.
Desde Ecologistas en Acción consideramos necesario sustituir los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación pública como una financiación climática justa: presupuestos de carbono sectoriales con criterios de justicia social y ambiental. Esto nos permitiría avanzar en una planificación realista y vinculante que determine qué sectores requieren conversión y cuáles deben cerrar, con horizontes claros y recursos garantizados, compatibilizando la conservación integral de ecosistemas.
Créditos de naturaleza: requisitos mínimos para una normativa peligrosa
La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar aspectos como las funciones de los ecosistemas, que son elementos fundamentales para la trama de la vida. Además, la experiencia de sistemas equivalentes en otros países es que la viabilidad económica pasa por convertir los créditos en una herramienta de flexibilidad para la actividad económica. La intención última de los créditos de naturaleza, por tanto, es impulsar las compensaciones de la destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos con la vida.
Si pese a todo se pretende implementar créditos de naturaleza a nivel europeo o español, resultan imprescindibles estos requisitos:
- Pre-requisitos financieros: Fondos públicos suficientes como prioridad. Eliminación rápida de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos para la biodiversidad en la UE. Mantenimiento y refuerzo de la legislación de protección.
- Principios fundamentales: Precaución ante daños potenciales. Rectificación en el mismo territorio. Quien contamina paga y restaura, sin transferir responsabilidades privadas al sector público. No causar daños significativos. Jerarquía de mitigación: primero evitar, luego minimizar, compensar sólo como última opción.
- Salvaguardias esenciales: Los créditos no deberían ser negociables ni transferibles. Prohibición del comercio, manipulación genética, bioingeniería. Garantías contra el acaparamiento de tierras, privatización de espacios naturales, concentración de beneficios en grandes terratenientes. Localización de proyectos en la UE.
Las soluciones basadas en la naturaleza: entre la indefinición y el lavado verde
El concepto de “soluciones basadas en la naturaleza” presenta una indefinición problemática que facilita el lavado verde corporativo. La definición de la UICN, con términos vagos como “sostenibilidad” o “abordar desafíos de manera eficaz”, permite que convivan proyectos de manejo ecosistémico participativo con plantaciones industrializadas y reservas forestales impuestas sobre territorios de pueblos originarios.
Como señala el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el concepto fue formulado por grandes ONG conservacionistas para financiar Áreas Protegidas, partiendo de la premisa cuestionable de que la naturaleza se conserva mejor sin personas, lo que permite a la industria de la conservación aumentar el control territorial.
Los proyectos corporativos ilustran estas limitaciones. Total plantea plantar 40.000 hectáreas en República del Congo para secuestrar 10 millones de toneladas de CO 2 en 20 años, un proyecto cuestionado por organizaciones de la sociedad civil como potencial desastre ambiental y social. Repsol reduce las SBN a reforestación, renaturalización urbana, agricultura que promociona incorrectamente la bioenergía como secuestro de emisiones, y restauración de humedales. Este reduccionismo simplifica ecosistemas complejos a meras superficies forestales cuantificables.
Es fundamental garantizar el respeto a los pueblos originarios como el consentimiento: El consentimiento libre e informado debe ser obligatorio, no una “buena práctica”. También el conocimiento ancestral sobre manejo ecosistémico debe integrarse efectivamente en la gobernanza de estos territorios.
Deforestación y TFFF: necesidad de ampliar protecciones
El Reglamento EUDR está bajo amenaza de nuevos recortes y retrasos por parte de las autoridades de la Unión Europea. A pesar de ser una de las herramientas legales más ambiciosas, se identifica la necesidad de que la norma se amplíe a más materias primas (maíz, algodón), servicios financieros y ecosistemas (Cerrado, el Pantanal, el Chaco).
Respecto al Tropical Forest Forever Facility presentado por Brasil se valora como positivo el intento de implicar a los inversores privados en medidas que puedan contribuir a la conservación de la naturaleza y los bosques tropicales en concreto. Sin embargo, persisten serias dudas metodológicas y señalamos el peligro de que un nuevo mecanismo de mercado pueda debilitar la regulación normativa más estricta y con ello la protección de los bosques.
La promesa de destinar al menos 20% a Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, es valorable, pero totalmente insuficiente
Conclusión: planificación pública frente a mercantilización
La experiencia muestra que la lógica del mercado presenta importantes incompatibilidades con la protección del clima y la naturaleza. Desde Ecologistas en Acción proponemos avanzar hacia un modelo basado en planificación pública, justicia social y ambiental, respeto a los pueblos originarios y financiación adecuada, priorizando el bien común sobre el beneficio privado. La regulación y el establecimiento de reglas claras y obligaciones de protección de la naturaleza por parte de los organismos públicos no puede ser substituido, en ningún caso, por mecanismos de mercado que, si juegan algún papel, debe ser secundario y subsidiario, en todo caso complementaria a las garantías públicas y a los procesos de gestión comunitaria del medio natural.
- Para descargar el informe (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
Fuente: Ecologistas en Acción
