Acuerdos de comercio digital, monopolios y criptomonedas: la nueva arquitectura del control privado

Durante la última década, las criptomonedas, como Bitcoin (el ejemplo más conocido) y otras en sus diversas formas, han sido presentadas a menudo como innovaciones tecnológicas neutrales: herramientas descentralizadas capaces de liberar a los individuos de los bancos, los gobiernos y los intermediarios financieros. Sin embargo, este relato oculta el proyecto político e ideológico más profundo incrustado en el auge de las criptomonedas. Lejos de existir fuera del capitalismo contemporáneo, las criptomonedas surgen de una trayectoria neoliberal más amplia dirigida a privatizar esferas de la vida colectiva que históricamente permanecieron bajo control público.

El capitalismo se ha expandido durante mucho tiempo a través de sucesivas olas de privatización. Los recursos naturales que antes se gestionaban de forma colectiva se convirtieron en propiedad privada. Los servicios públicos fueron transferidos a actores corporativos. Más recientemente, la economía digital transformó los datos personales, las interacciones sociales y el comportamiento humano en activos rentables controlados por un puñado de empresas tecnológicas, como Meta, Alphabet y X. Las criptomonedas representan la última frontera en este proceso: el intento de privatización del dinero. Aunque los propios bancos fueron privatizados, el dinero —una de las tecnologías sociales más utilizadas en el mundo— permaneció en gran medida vinculado a la autoridad pública y a la soberanía política.

La nueva frontera de la privatización

Los fundamentos ideológicos de las criptomonedas se basan en gran medida en los supuestos del liberalismo clásico y el libertarismo, según los cuales los mercados funcionan mejor con una intervención estatal mínima. Pero la historia demuestra repetidamente que los mercados conducen naturalmente a la concentración del poder, la desigualdad y la monopolización. Esta tendencia no es accidental, sino que refleja la naturaleza estructural de las criptomonedas y las condiciones necesarias para una alternativa libertaria factible al dinero emitido por el Estado. Esta dinámica se vuelve aún más clara dentro del capitalismo digital contemporáneo. En las últimas dos décadas, las grandes corporaciones tecnológicas construyeron una influencia económica y política sin precedentes a través de la acumulación de datos, el control algorítmico, las infraestructuras de telecomunicaciones y las plataformas digitales. El primer gran escándalo surgió de la participación de Meta en la influencia de las elecciones en varios países a través del escándalo de Cambridge Analytica. Los gobiernos fracasaron en gran medida a la hora de regular estas empresas durante los años formativos de la economía de internet, permitiendo que un puñado de firmas dominaran la comunicación, el comercio, la publicidad, los mercados laborales y los flujos de información a escala global.

En el centro de esta transformación se encuentra la ideología de los flujos digitales sin restricciones. Los acuerdos comerciales internacionales promueven cada vez más la libre circulación de datos, prohíben los requisitos de localización de datos y restringen la capacidad de los gobiernos para regular las infraestructuras digitales. En nombre de la innovación y el comercio electrónico, estos acuerdos reducen la capacidad de los Estados para gravar a las corporaciones tecnológicas, controlar los recursos digitales estratégicos o establecer formas de soberanía digital. Los propios datos pasan a ser tratados como una mercancía global desligada de la regulación territorial. Esto es esencial para la consolidación de los monopolios digitales a gran escala que están dando forma cada vez más, y potencialmente dominando, los mercados financieros. El extractivismo de datos se ha normalizado a gran escala a través de las herramientas de estas corporaciones digitales.

Los paralelismos con las criptomonedas son sorprendentes. Tanto los flujos de datos como los de criptomonedas operan a través de las fronteras mientras resisten las formas tradicionales de supervisión pública. Ambos se presentan como tecnológicamente inevitables y políticamente neutrales. Y ambos encajan en una visión más amplia de un capitalismo digital desterritorializado en el que la actividad económica escapa a la regulación democrática en favor de sistemas globales gobernados de forma privada.

La contradicción en el corazón de las criptomonedas se hace evidente al examinar cómo funcionan realmente estos sistemas. La ideología de las criptomonedas celebra frecuentemente la descentralización y la eliminación de los intermediarios. Sin embargo, la descentralización técnica no produce necesariamente una descentralización económica o política. Los usuarios ordinarios rara vez interactúan directamente con la infraestructura blockchain. En su lugar, dependen de intercambios centralizados, aplicaciones de pago, proveedores de carteras, emisores de stablecoins, servicios de alojamiento en la nube y grupos de minería, como Binance, Trezor, Exodus, y muchos más. En la práctica, las instituciones públicas son a menudo reemplazadas no por la participación democrática, sino por nuevos intermediarios privados.

Los mercados digitales generan naturalmente concentración a través de efectos de red, economías de escala y dependencia de los usuarios. Los ecosistemas de criptomonedas no son una excepción. Los grandes intercambios atraen liquidez, lo que atrae a más usuarios, lo que aumenta aún más la concentración. El resultado se asemeja a las mismas estructuras de "el ganador se lo lleva todo" ya visibles en las redes sociales, el comercio electrónico y los motores de búsqueda. A pesar de la retórica de la descentralización, los mercados de criptomonedas reproducen cada vez más las dinámicas monopolísticas asociadas a las corporaciones de plataformas dominantes.

Acuerdos comerciales y la conquista del poder digital

Esta concentración no es accidental. Las criptomonedas requieren grandes infraestructuras y una amplia aceptación social para funcionar como monedas significativas. Carecen de la base institucional y la legitimidad creadas por los Estados a través de los sistemas fiscales y las instituciones públicas. Por lo tanto, su adopción depende en gran medida de la integración en grandes plataformas digitales, ecosistemas fintech e infraestructuras de pago transnacionales. Si se integran en ecosistemas de plataformas dominantes, las criptomonedas podrían consolidar aún más el poder corporativo sobre la vida económica.

La cuestión no es simplemente financiera. Quien controla los sistemas de pago puede dar forma a la participación en la propia sociedad: acceso a los servicios, visibilidad en los mercados, oportunidades laborales y supervivencia económica.

Los modernos acuerdos de comercio digital refuerzan esta trayectoria. Los marcos comerciales contemporáneos limitan cada vez más la capacidad de los Estados para regular las actividades digitales transfronterizas. Las disposiciones que promueven flujos de datos sin restricciones, limitan los requisitos de infraestructura local y restringen la regulación digital nacional, facilitan la expansión de las corporaciones de plataformas transnacionales.

Las criptomonedas encajan naturalmente en esta arquitectura porque debilitan los controles de capital, complican la tributación y reducen la visibilidad de los gobiernos sobre las transacciones financieras.

La convergencia ideológica entre la política de libre comercio digital, la ideología de las plataformas de Silicon Valley y el criptolibertarismo es difícil de ignorar. Todos promueven la desconfianza hacia la regulación pública, celebran los mercados sin fronteras y enmarcan los sistemas tecnológicos como alternativas superiores a la gobernanza democrática. Términos como "innovación", "libertad de internet" y "descentralización" funcionan a menudo políticamente para legitimar la desregulación mientras ocultan la concentración de poder privado que se produce debajo.

En conjunto, los acuerdos de comercio digital, el capitalismo de plataformas y las criptomonedas forman una estructura de refuerzo mutuo. Los acuerdos comerciales reducen las barreras nacionales a las operaciones digitales. Las plataformas acumulan datos, infraestructura y dominio del mercado. Las criptomonedas proporcionan potencialmente sistemas privatizados de pago e intercambio de valor que operan dentro de esos mismos ecosistemas corporativos. El resultado podría ser una economía digital altamente globalizada gobernada menos por instituciones democráticas que por actores tecnológicos y financieros transnacionales.

Estos desarrollos conllevan riesgos particulares para los países del Sur Global. Los Estados con infraestructuras tecnológicas más débiles pueden volverse cada vez más dependientes de plataformas extranjeras, servicios en la nube extranjeros, ecosistemas de pago extranjeros y monedas digitales controladas externamente. La combinación de la liberalización del comercio digital y las tecnologías financieras gobernadas privadamente corre el riesgo de profundizar las asimetrías globales existentes entre las potencias tecnológicas dominantes y los Estados económicamente más dependientes.

Al mismo tiempo, las criptomonedas también pueden facilitar la evasión de los controles de capital, incluida la financiación de movimientos políticos de extrema derecha en países con regulaciones financieras estrictas. En términos más amplios, la expansión del ecosistema cripto no solo está remodelando las percepciones de la economía digital, sino que también está transformando las relaciones políticas y sociales al reforzar formas de poder financieramente concentradas dentro de un mundo dominado por hombres, al tiempo que debilita las tradiciones de la política de clases y la solidaridad colectiva. Esto se ejemplifica en países que atraviesan crisis políticas y económicas, como Argentina o Venezuela, donde el mundo cripto está en el centro de la financiación y las campañas políticas, y donde se han producido grandes escándalos, incluida la estafa de la criptomoneda Libra que involucra al presidente Javier Milei.

La ilusión del sistema sin confianza  2

La cuestión central, por lo tanto, no es si las criptomonedas son tecnológicamente innovadoras. Es quién controla en última instancia las infraestructuras de la vida económica. Debilitar la autoridad pública sobre el dinero no empodera automáticamente a los ciudadanos comunes. Si las corporaciones son dueñas de las plataformas, el capital de riesgo domina los ecosistemas y las infraestructuras digitales permanecen concentradas en manos privadas, entonces el poder simplemente se desplaza de las instituciones públicas hacia el capital digital transnacional.

El lenguaje de la descentralización puede oscurecer fácilmente esta transferencia de poder. Las instituciones democráticas son imperfectas y a menudo están profundamente comprometidas, pero siguen siendo, al menos teóricamente, responsables ante los ciudadanos. Las corporaciones digitales multinacionales rinden cuentas principalmente a los inversores y accionistas. A medida que los acuerdos de comercio digital debilitan la soberanía regulatoria y las criptomonedas desafían la autoridad monetaria pública, las sociedades corren el riesgo de perder el control colectivo sobre las funciones económicas centrales.

Lo que está en juego no es meramente la regulación financiera, sino la futura organización de la vida política y económica en la era digital. Responder a estas transformaciones requiere una supervisión democrática más sólida de las criptomonedas, los sistemas fintech, los monopolios digitales y la gobernanza de datos, junto con un renovado control público sobre las infraestructuras que configuran cada vez más la sociedad contemporánea. No examinar la relación entre las criptomonedas y el ecosistema digital más amplio corre el riesgo de pasar por alto una de las dinámicas centrales que dan forma a este orden emergente.

1. Sofia Scasserra es directora del Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en Argentina. Investiga la economía digital con el Transnational Institute y la Confederación Sindical de las Américas, y fue asesora de la red Nuestro Mundo no está en Venta.
2. Un sistema en el que ninguna de las partes interesadas está obligada a confiar en las demás. Las transacciones pueden liquidarse sin depender de una persona o empresa que actúe como intermediario, ya que alterar cualquier registro requeriría dominar a la mayoría de la red global simultáneamente. 

Fuente: Bilaterals