Alianza Campesina, Indígena y Popular inicia movilización contra decretos que profundizan el despojo territorial
Organizaciones campesinas, indígenas y populares en Honduras inician etapa de articulación con una movilización nacional en el Día del héroe indígena Lempira, en la que exigieron la derogación de los decretos que endurecen el delito de usurpación, amplían la definición de asociación terrorista en el Código Penal y blindan las tierras destinadas al sector agroindustrial, proyectos energéticos, turístico y ganadero.
Organizaciones aglutinadas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular, junto al pueblo garífuna, en el marco del Día de Lempira, realizaron movilizaciones, plantones y tomas de carreteras en diferentes puntos del país exigiendo un alto a la profundización del despojo territorial que se ha fortalecido en los últimos seis meses con el ascenso a la presidencia de Nasry Asfura.
Más de 70 organizaciones participaron en las acciones de protesta que se replicaron en distintos puntos del país. Entre los sitios donde se realizaron bloqueos estuvieron Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro; la carretera CA-13 en la aldea El Boquete, en Tela, Atlántida; la carretera CA-5 a la altura del desvío El Conejo, Comayagua; la salida al sur de la capital hondureña en Francisco Morazán; Choluteca, Choluteca; y la carretera de Cayo Campo a Tocoa, Colón.
A la Altura de Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro, organizaciones también exigieron se desista de la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica. Crédito de foto: Radio Progreso.
Las organizaciones populares denunciaron la aprobación desde el Congreso Nacional de un andamiaje legal jurídico que facilita la persecución judicial de las personas que reclaman derechos sobre tierras, territorio y ambiente.
Entre estos se encuentra el Decreto 84-2026, mediante el cual se amplió de forma ambigua la definición del delito de asociación terrorista. A este le sigue el Decreto 107-2026 o Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores que blinda las tierras destinadas a esos sectores, incluso frente a procesos de utilidad pública, reforma agraria u otras causas legales.
Sumado al Decreto 93-2021, que endureció el delito de usurpación durante el último año de la administración nacionalista de Juan Orlando Hernández (2018-2022) y que el Partido Libertad y Refundación (Libre) durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), pese a promesas, no derogó.
La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), junto a otras organizaciones de base, realizaron un plantón frente a la empresa avícola El Cortijo, en la salida al sur de la Capital hondureña. (Foto: ARCAH)
También denunciaron el debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar los derechos agrarios, ambientales y humanos, el retorno de Honduras al CIADI y la amenaza de consolidar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) existentes o impulsar figuras similares. Asimismo, denunciaron el incumplimiento sistemático de las sentencias internacionales en favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que se sumó a la jornada de movilización en el Día de Lempira, respaldaron la convocatoria de la Alianza Campesina, Indígena y Popular y reiteraron su exigencia de derogar el Decreto 107-2026, cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y poner fin a la criminalización de la defensa de los territorios ancestrales.
El pueblo garífuna se declaró en resistencia el pasado miércoles 15 de julio y anunció acciones de protesta que se mantendrán hasta que sus demandas sean atendidas. Entre estas figuran la derogación del Decreto 107-2026 y la anulación contra cinco liderazgos, cuatro hombres y una mujer– acusados del delito de usurpación tras el desalojo violento del 5 de julio en la comunidad de San Juan, Tela, Atlántida.
Al inicio de la toma de la Carretera CA-13, antes de las 7:00 AM, Rony Castillo, integrante de la Ofraneh, reiteró a Radio Progreso que el pueblo garífuna exige el cierre definitivo del proceso judicial contra los cinco defensores de San Juan, el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y la derogación del Decreto 107-2026.
Castillo aseguró que el Poder Judicial continúa sin dar respuestas a las demandas de las comunidades y advirtió que las movilizaciones se mantendrán e incluso se intensificarán en las próximas semanas. Asimismo, señaló que el campamento Tuba Mena, instalado en San Juan permanecerá hasta que se cierre el caso y se derogue el Decreto 107-2026.
Pasadas las 12:00 del mediodía, una vez concluida la toma en la Carretera CA-5 desvío a El Conejo, Comayagua, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), manifestó que el gobierno no ha respondido a las demandas del movimiento social y que las protestas realizadas de forma simultánea en distintos puntos del país han sido invisibilizadas. Añadió que las organizaciones preparan una nueva etapa de movilizaciones a nivel nacional para exigir la derogación de los cuestionados decretos.
Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh, desde Comayagua denunció la inconstitucionalidad del Decreto 107-2026. Al tiempo que advirtió que la misma es el inicio de una oleada de esquemas de persecución y criminalización contra pueblos indígenas, comunidades campesinas y otros sectores vulnerabilizados, en beneficio de intereses empresariales extractivistas. Foto de archivo)
Desde Tocoa, Colón, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas afirmó que el legado de Lempira permanece vigente en las luchas actuales por la defensa del territorio. “Quisiéramos que hayan muchas y muchos Lempiras aquí en el Valle del Aguán, en estas tierras que están pretendiendo quitarnos como pueblos garífunas, como pueblos campesinos, como pueblos aledaños a esta montaña que tenemos a nuestra izquierda, que es la montaña que hoy lleva el nombre de Carlos Escaleras”, expresó durante la movilización.
En el marco del Día de Lempira y en respaldo a las acciones de la Alianza Campesina, Indígenas y Popular, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Movimiento Campesino Guadalupe Carney presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 107-2026 ante la Sala de lo Constitucional en la capital hondureña. Las organizaciones argumentan que la normativa vulnera los derechos del sector campesino, profundiza los conflictos por la tierra y favorece el despojo de los territorios.
Fuente: Criterio.hn
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