Una reforma que abre las puertas a la venta de tierras públicas

Asunción, 10 de setiembre 2026 (BASE-IS). El Poder Ejecutivo insiste en modificar el Estatuto Agrario y la ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). El proyecto, que será tratado por la Cámara de Senadores el próximo 16 de septiembre, se presenta como una herramienta para acelerar la titulación de tierras destinadas a sujetos de la reforma agraria. Sin embargo, detrás de esta justificación aparece un cambio de mayor alcance: la posibilidad de vender bienes inmuebles del INDERT a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria.

La modificación propuesta al artículo 14 de la Ley 2419/2002 elimina, en la práctica, el control de la Junta Asesora y de Control de Gestión sobre estas operaciones y deja en manos del presidente del INDERT la decisión de vender bienes muebles e inmuebles del Instituto a personas no beneficiarias.

El cambio resulta especialmente preocupante en un país marcado por la concentración de la tierra y por décadas de denuncias sobre tierras adjudicadas irregularmente. En lugar de fortalecer los mecanismos de control y garantizar que las tierras públicas cumplan su función social, la reforma abre una vía para su incorporación al mercado y puede terminar contribuyendo al blanqueamiento y consolidación de tierras mal habidas.

El problema no es solamente quién podrá comprar, sino qué tierras podrían quedar disponibles para esas operaciones. El INDERT administra tierras vinculadas históricamente a la reforma agraria, incluidas áreas cuyo valor económico puede incrementarse aceleradamente por grandes obras de infraestructura, como ocurre en zonas próximas al corredor de la Ruta Bioceánica. Sin controles efectivos, existe el riesgo de que tierras destinadas a familias campesinas terminen convertidas en activos para negocios inmobiliarios y especulativos.

El proyecto también plantea eliminar el requisito del pago equivalente al 3% del precio total del lote como condición para acceder al título. Aunque la medida se presenta como una solución para las familias que actualmente no pueden afrontar ese pago, también implica retirar una fuente de ingresos del INDERT sin establecer claramente un mecanismo que la sustituya.

El propio INDERT informó que en 2024 recaudó G. 41.602 millones por el pago de lotes, monto que representó un aumento del 55,2% respecto del promedio histórico registrado entre 2009 y 2023. En este contexto, cabe preguntarse cómo se financiarán las funciones del Instituto si se elimina parte de estos ingresos, particularmente aquellas vinculadas a la adquisición y regularización de tierras para la reforma agraria.

Además, eliminar el pago inicial no significa eliminar la obligación económica sobre el lote. Si posteriormente se incumplen las anualidades correspondientes al precio total, el Estado puede terminar enfrentando una mayor cartera de obligaciones pendientes, mientras el INDERT pierde ingresos inmediatos necesarios para sostener su funcionamiento.

Además, la propuesta también presenta la titulación como una vía para que las familias campesinas accedan a créditos y mejoren sus viviendas y unidades productivas. Pero convertir el título en respaldo financiero no necesariamente fortalece la economía campesina: puede aumentar la exposición de las familias al endeudamiento y, ante dificultades de pago, facilitar la pérdida de la tierra.

La reforma agraria no debería reducirse a entregar títulos para incorporar la tierra al mercado. La propia Constitución establece obligaciones estatales vinculadas al acceso a la tierra, al crédito agropecuario y a condiciones que permitan sostener la producción campesina.

Si el objetivo es facilitar la titulación, el Estado puede discutir mecanismos para resolver las dificultades de pago sin desmontar los controles sobre el patrimonio del INDERT.

Lo que está en juego con esta reforma es algo mucho mayor: si las tierras públicas seguirán siendo un instrumento de la reforma agraria o pasarán a constituir una nueva fuente de negocios privados para unos pocos, favoreciendo, aún más, los intereses de latifundistas y el agronegocio.

Fuente: Base Investigaciones Sociales