Arbitraje contra Panamá: Sinolam International demanda al Estado ante el Ciadi

Arbitraje contra Panamá: Sinolam International demanda al Estado ante el Ciadi

A menos de un año de haber sido denunciada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el cierre de la mina Cobre Panamá, operada por la compañía canadiense First Quantum Minerals, el Estado panameño, a través del Ministerio de Finanzas, tendrá que afrontar un nuevo proceso arbitral.

Esta vez, la denuncia proviene de la empresa Sinolam International Pte Ltd., con sede en Singapur y con inversiones en los sectores de petróleo, gas y energía en mercados emergentes de Asia y América Latina, que asegura haber agotado las instancias para alcanzar una solución amistosa.

La compañía reclama una indemnización de más de 140 millones de dólares por la cancelación del permiso para desarrollar un proyecto de generación de energía a partir de gas natural. Chaffetz Lindsey (Nueva York) la representa en este arbitraje signado con el No. ARB/26/12 el 16 de marzo.

A través de esta nueva acción, que se fundamenta en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Panamá y Singapur, Sinolam International reclama la cancelación, en 2024, de la licencia otorgada para desarrollar el proyecto "Gas to Power Panamá" para la generación de energía mediante un sistema de ciclo combinado, en el corregimiento Puerto Pilón, en la provincia de Colón. El monto de indemnización que reclama incluye el capital invertido en las fases previas del proyecto, así como el valor estimado del mismo.

La planta, que inicialmente contemplaba una capacidad de 325 megavatios (MW), fue ampliada posteriormente a 441 MW con el objetivo de suministrar electricidad a la red nacional panameña y responder a las variaciones en la demanda energética del país, garantizando la estabilidad en la red eléctrica y complementar otras fuentes de generación.

En su exposición, Sinolam International sostiene que la cancelación de la licencia se ejecutó sin notificación previa y sin otorgar a la empresa la posibilidad de ser escuchada, lo que asegura constituyen una vulneración de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño en el marco del tratado bilateral de inversión.

Específicamente, la demanda hace referencia al incumplimiento de las protecciones contra el trato arbitrario y discriminatorio, así como a la ejecución de una expropiación sin la debida compensación económica.

Contexto tenso

Este nuevo litigio contra Panamá se produce en momentos de tensión con China, tras la anulación, por parte de la Corte Suprema de Panamá, de la concesión que había sido otorgada a CK Hutchison Holdings, operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, en el Canal de Panamá.

También coincide con la demanda en curso contra AES Corporation por USD 4.000 millones de dólares presentada en Tribunal de Circuito del Condado de Arlington, Estados Unidos, presentada en diciembre pasado por Sinolam LNG Terminal S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co., subsidiarias panameñas de Sinolam International.

Las empresas acusan a AES, en cuya filial AES Panamá S.R.L. el Gobierno panameño tiene mayoría accionaria, de frenar la competencia en el mercado panameño y regional de Gas Natural Licuado (GNL) a energía (LNG to power), además de aprovechar sus conexiones para presionarla durante sucesivas administraciones.

A comienzos de este mes, un consorcio conformado por Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, y el fondo EQT Infrastructure VI (EQT), junto con California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) y Qatar Investment Authority (QIA), presentó una oferta de compra de AES Corporation, con filiales en varios países de América Latina, por un valor patrimonial total de 10.700 millones de dólares y un valor empresarial de aproximadamente USD 33.400 millones, incluyendo deuda existente.

Fuente: Bilaterals