Bukele y el país-cárcel: del régimen de excepción al macrojuicio masivo en El Salvador

La política de Nayib Bukele frente a las maras ya no puede describirse solo como una estrategia de seguridad. Cuatro años después del arranque del régimen de excepción, lo que existe en El Salvador es un modelo de poder apoyado en detenciones masivas, suspensión prolongada de garantías, megacárceles convertidas en símbolo de Estado y una justicia penal cada vez más colectiva. El macrojuicio iniciado en abril de 2026 contra 486 presuntos integrantes de la MS-13, acusados de más de 47 mil delitos, no aparece así como un episodio aislado, sino como la culminación judicial más visible de ese modelo.

Bukele ha construido buena parte de su legitimidad política sobre esa narrativa: un Estado que, según su versión, recuperó las calles, desmanteló el poder territorial de las pandillas y redujo drásticamente los homicidios. Pero ese relato de eficacia descansa también sobre otro proceso menos celebrado por el oficialismo: el vaciamiento progresivo del debido proceso, la expansión extraordinaria del poder punitivo del Estado y un volumen de denuncias por abusos que ha convertido la ofensiva contra las maras en uno de los expedientes de derechos humanos más graves de la región.

Bukele compara con los Juicios de Núremberg el macrojuicio a cerca de 500 supuestos miembros de una mara

Ahora el presidente de El Salvador ha comparado el macrojucio con los Juicios de Núremberg, en los que fueron juzgados los principales dirigentes de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial y ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "estos 486 terroristas no son delincuentes menores". "Son líderes de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluidos asesinatos, violaciones, a menudo seguida de asesinato, extorsión y secuestro", ha dicho.

"Este llamado 'juicio masivo' trata sobre los 47.000 crímenes que ordenaron, incluyendo más de 29.000 asesinatos probados más allá de toda duda razonable", ha manifestado el mandatario, quien ha sostenido que "el único aspecto 'novedoso' es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones".

En este sentido, ha reseñado que las autoridades de El Salvador "no inventaron este principio". "Se llama 'responsabilidad de mando' y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg", ha apuntado, en respuesta a las críticas al proceso por parte de Kenneth Roth, antiguo director de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

"¿Estás en contra de esos juicios también? ¿O solo estás aplicando la lógica de 'está bien para mí, pero no para ti'?", ha preguntado Bukele a Roth, quien en su mensaje recalcó que "un tribunal salvadoreño inició un lamentablemente injusto juicio colectivo" contra estas personas, "en uno de los mayores juicios masivos en el marco de la represión de Bukele contra la violencia de las pandillas a través de controvertidos poderes de emergencia".

El proceso, que se ha convertido en el primer juicio masivo de este tipo contra líderes de una pandilla, en este caso la Mara Salvatrucha (MS-13), abordará miles de delitos adjudicados al grupo, entre ellos órdenes de asesinato contra al menos 87 personas tan solo durante un fin de semana de marzo de 2022, hecho que llevó a Bukele a declarar una "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado hasta la fecha más de 91.000 detenidos.

La MS-13 y su rival, Barrio 18, con sus facciones, son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador, y llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, tal y como asegura el presidente salvadoreño, que también acusa al grupo de "rebelión" por tratar de mantener el control territorial para establecer "un Estado paralelo".

Bukele sigue defendiendo su guerra contra las pandillas, cuyos miembros pueden ser detenidos sin que pese previamente una orden judicial y que ha llevado al encarcelamiento de miles de personas. Además, siempre ha negado que haya negociado con las pandillas, a pesar de que en septiembre de 2020 el portal El Faro publicó una investigación al respecto, a lo que se suma la denuncia por parte de Estados Unidos de un diálogo encubierto precisamente con la MS-13.

Entrará en vigor la cadena perpetua a menores en El Salvador

Hace unos días El Salvador publicó reformas que permitirán imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años de edad. La medida entrará en vigor el 26 de abril y aplicará a delitos como homicidio, feminicidio, violación, terrorismo o pertenencia a grupos criminales. Los cambios incluyen modificaciones a leyes como el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, además de transformar juzgados de menores en  tribunales de lo criminal.

Organismos como el Comité de los Derechos del Niño consideran que la medida contradice estándares internacionales que establecen que la prisión debe ser el  último recurso para adolescentes.

Desde 2022, el país mantiene un régimen de excepción, bajo el cual se han realizado más de 90 mil detenciones. El gobierno sostiene que esta estrategia ha reducido drásticamente los homicidios y respalda la alta popularidad de  Bukele. Sin embargo, las críticas apuntan a posibles abusos y detenciones arbitrarias.

Por su parte, el  gobierno ha desestimado los señalamientos, y acusa a organismos internacionales de priorizar a delincuentes sobre la ciudadanía

El Salvador bajo excepción: las megacárceles y el costo humano de la mano dura

Bukele ha construido buena parte de su legitimidad política sobre la narrativa de que un Estado, que según su versión, recuperó las calles, desmanteló el poder territorial de las pandillas y redujo drásticamente los homicidios. Pero ese relato de eficacia descansa también sobre otro proceso menos celebrado por el oficialismo: el vaciamiento progresivo del debido proceso, la expansión extraordinaria del poder punitivo del Estado y un volumen de denuncias por abusos que ha convertido la ofensiva contra las maras en uno de los expedientes de derechos humanos más graves de la región.

Del régimen de excepción a la detención masiva

El punto de quiebre fue marzo de 2022. Tras un repunte de homicidios atribuido a las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción, impulsado por el gobierno, que suspendió garantías constitucionales y abrió la puerta a una nueva fase de arrestos masivos. Lo que nació como medida extraordinaria se volvió práctica permanente: desde entonces, el régimen ha sido prorrogado una y otra vez y ha terminado por convertirse en el marco legal habitual de la política de seguridad salvadoreña.

La escala del operativo cambió por completo el paisaje del país. Para abril de 2026, las autoridades habían detenido a más de 91 mil personas en el contexto de la ofensiva contra las maras. El gobierno sostiene que esa estrategia redujo la tasa de homicidios de 7.8 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 1.3 al año siguiente, y usa ese dato como prueba de su éxito. Pero la cifra de arrestos resume otra cosa: El Salvador dejó atrás la lógica de capturas focalizadas para entrar en una etapa de barridos territoriales, encarcelamiento masivo y presunción ampliada de pertenencia criminal.

CECOT y el castigo convertido en imagen de Estado

Dentro de esa arquitectura represiva, las nuevas cárceles cumplen una función que va más allá del encierro. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se volvió el símbolo más reconocible del modelo Bukele: no solo por sus dimensiones, sino porque condensa la estética del poder que el gobierno quiere proyectar. Aislamiento extremo, control total, exhibición visual del castigo y concentración de miles de detenidos forman parte de una escenografía estatal donde la cárcel no es solo institución penitenciaria, sino mensaje político.

Esa centralidad de CECOT se ve con claridad en el macrojuicio actual. De los 486 acusados, 413 participan desde esa prisión por videoconferencia. La imagen misma del proceso refuerza la idea de una justicia a escala industrial: acusados conectados en bloque desde la megacárcel emblema del régimen, imputaciones acumuladas por decenas de miles de delitos y una narrativa oficial que presenta el proceso como una gran victoria histórica del Estado frente al enemigo interno.

El costo en derechos humanos

El otro lado de esa política es el expediente de abusos. Organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, restricciones severas al derecho de defensa, denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. En abril de 2026, AP reportó más de 6 mil denuncias y al menos 500 muertes en custodia desde el inicio del régimen de excepción. Human Rights Watch sostiene que en El Salvador se han cometido violaciones generalizadas, incluyendo arrestos arbitrarios masivos, tortura y graves afectaciones al debido proceso. Amnistía, por su parte, describe la prolongación del régimen como la consolidación de un esquema represivo asentado en detenciones arbitrarias, malos tratos, desapariciones y muertes en prisión.

El problema no es solo el volumen, sino la forma en que el sistema fue reorganizado para tolerar o facilitar esos abusos. La defensa individual quedó debilitada por reformas que habilitaron juicios masivos, ampliación de la prisión preventiva y procedimientos que dificultan a los acusados impugnar de manera efectiva la narrativa estatal. La justicia dejó de operar caso por caso y pasó a funcionar crecientemente por acumulación, pertenencia presunta y procesamiento colectivo. Eso convierte la represión no solo en una política policial, sino en una transformación profunda del sistema penal.

Además, las consecuencias alcanzaron a sectores especialmente vulnerables. Human Rights Watch documentó abusos contra niños y adolescentes detenidos bajo el régimen, incluidos arrestos arbitrarios, hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos y obstáculos para el acceso a abogados y familiares. Ese dato amplía el cuadro: la guerra contra las maras no quedó confinada a estructuras criminales adultas, sino que terminó golpeando capas mucho más amplias y frágiles de la población.

El andamiaje legal de la excepción permanente

La política de Bukele tampoco se entiende sin su soporte institucional. Human Rights Watch sostiene que el gobierno ha desmontado contrapesos y concentrado poder en el Ejecutivo, mientras el estado de excepción se volvió un mecanismo permanente de gobierno. A eso se suman reformas que endurecieron el sistema penal y facilitaron la expansión del castigo como herramienta principal del Estado. Amnistía añade que ese endurecimiento vino acompañado de un cierre creciente del espacio cívico y de nuevas herramientas de control sobre organizaciones y defensores.

Por eso la ofensiva contra las maras no puede leerse solo como una política de seguridad. También es una reconfiguración del equilibrio institucional salvadoreño, donde la excepción deja de ser un recurso extraordinario para convertirse en principio organizador de la vida pública. La popularidad de Bukele ha descansado en gran medida sobre los resultados visibles de esa política, pero esos resultados han sido obtenidos al precio de erosionar garantías que, en teoría, deberían seguir vigentes incluso frente al crimen organizado.

Bukele convirtió la guerra contra las maras en el gran relato de legitimidad de su gobierno, apoyándose en cárceles monumentales, arrestos masivos y una justicia cada vez más excepcional. Pero ese éxito narrativo y político descansa sobre un deterioro profundo del debido proceso, denuncias sistemáticas de abusos y una expansión sin precedentes del poder punitivo del Estado. El macrojuicio no cierra esa historia: la expone en toda su dimensión.

Fuente:  www.diario-red.com