Lanzan plataforma para documentar agresiones contra defensoras ambientales en América Latina
En un contexto donde la defensa del territorio se convirtió en una actividad de alto riesgo, organizaciones de todo el continente presentan el «Monitor de Defensores de la Tierra», un relevamiento para romper el silencio estatal. En los últimos seis años, se detectaron casi 600 ataques contra defensores ambientales, en siete países de la región.
En marco de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), medio centenar de organizaciones indígenas, campesinas y rurales lanzan «Monitor de Defensores de la Tierra», una herramienta digital que busca documentar las agresiones a personas defensoras ambientales en países de América Latina y el Caribe.
La iniciativa es impulsada por la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio (PDDTT) y busca ―además de registrar los casos― construir una lectura regional de la situación, desde una lógica de evidencia, autocuidado, seguridad y acción colectiva.
Según la información recolectada, entre 2020 y 2025, se registraron 581 ataques contra defensores ambientales en Argentina, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Honduras. Las agresiones van desde intimidación, hostigamiento y detenciones arbitrarias hasta desapariciones y asesinatos.
El «Monitor de Defensores de la Tierra» muestra además cuál fue la respuesta de los diferentes gobiernos ―si es que la hubo― y las medidas de autocuidado que las comunidades tuvieron que adoptar ante la desprotección oficial.
Vale recordar que el Acuerdo de Escazú ―firmado por Argentina y países de la región― establece la obligación jurídica de los Estados de proteger a las personas defensoras ambientales. Sin embargo, sin datos confiables, la sociedad civil y los organismos internacionales se ven ante la imposibilidad de controlar y exigir el cumplimiento de ese derecho.
«Es imprescindible contar con información sistemática, comparable y actualizada sobre qué les sucede a quienes defienden la tierra y el territorio. El Monitor de Defensoras y Defensores se crea precisamente para cubrir ese vacío: documentar con rigor y perspectiva regional las agresiones que el Acuerdo de Escazú se comprometió a prevenir y sancionar», sostienen desde la plataforma PDDTT.
Los Estados no solo están ante una grave crisis de protección a su comunidad, sino que ni siquiera generan datos oficiales confiables para realizar diagnósticos adecuados y políticas públicas acordes.
En este sentido, Nicolás Avellaneda, facilitador de la Plataforma DDTT, expone: «En América Latina, defender el territorio es disputar poder. No se trata únicamente de proteger un ecosistema o resistir a un proyecto extractivo: implica cuestionar estructuras históricas de desigualdad, racismo ambiental, colonialismo económico y concentración de la tierra. Así, los datos no son un recurso neutral ni técnico. Son una herramienta política, nuestro poder, porque definen qué realidades existen públicamente, cuáles se reconocen como problemas legítimos y cuáles quedan invisibilizados o negados».
«Información para disputar futuro»
Además de construir una narrativa propia, Monitor busca recopilar datos que alimenten informes, argumentos jurídicos y demandas para convertirse en un instrumento de incidencia política directa. Es decir, influir en las decisiones que se toman.
«Poder construir datos técnicos concretos, reales, visibles, que hoy no existen, es muy importante porque en los territorios hay hostigamiento, amedrentamiento, criminalización y despojos de quienes somos referentes en las luchas, porque el fin último es nuestra muerte. Poder tener asentado cómo el sistema apropiador, extractivista, persigue a los y las defensoras territoriales es muy importante porque nos permite amplificar las denuncias y tener continuidad en nuestra lucha», expresa María Pomacusi, integrante de Telesisa, Red Chachawarmi y ENI Argentina.
No se trata solo de «producir datos», sino de producir datos con sentido político, desde una ética del cuidado y con soberanía sobre su uso. Hacerlo desde las redes territoriales permite evidenciar tendencias y patrones, identificar actores involucrados, documentar mecanismos de violencia y mostrar impactos acumulativos en comunidades.
«Cuantificar los hostigamientos, las persecuciones, las amenazas… hay distintos modos en que esa violencia se traduce en una represión. Culminan con la muerte, pero, antes de eso, pasan un montón de situaciones. Lograr cuantificar todo ese recorrido de violencia alrededor de un cuerpo de una lideresa o de un defensor es necesario», agrega Pomacusi, que es participante activa de la Escuela de Datos Argentina de la Plataforma de Defensores de la Tierra y Territorio.
Según refleja el sitio web, en la mayoría de las disputas relevadas, el conflicto por el agua está en el centro de la escena y las denuncias se originan en su mayoría por la defensa del territorio ante la minería, el agronegocio y los desalojos ilegales.
Otro dato que resalta es que el impulso de la transición energética está generando nuevas violencias estructurales en diferentes puntos del continente, donde el 52% de los casos denunciados de ataques afectan a pueblos indígenas y territorios ancestrales.
«Van erosionando de a poco la defensa y la construcción comunitaria que existe, y terminamos yéndonos por miedo, porque nos mandan a la Policía, porque nos echa la Justicia y, si no alcanza, lo posterior es la muerte», concluye Pomacusi.
Imagen de portada: Débora Cerutti.
Publicado originalmente en La Tinta
Fuente: desinformemonos.org
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