CNA el mandato por la Reforma Agraria Integral y Popular
“Mandato por los Territorios, la Tierra, el Agua, los Ríos, los Mares, la Naturaleza y la Vida: Redistribución, Democracia, Transformación del Campo y Recuperación de los Vínculos Originarios, Ancestrales, Históricos, Sociales y Populares”.
Para los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y los trabajadores rurales de Colombia, la violencia ha sido estructural e histórica. Esta ha generado hechos victimizantes, exclusión, estigmatización, colonización, despojo cultural y organizativo, esclavización, racismo estructural, desplazamiento forzado, desarraigo y muerte.
El campesinado se ha encontrado inmerso en la lucha contra el despojo y en la defensa del territorio frente a la alta concentración de la tierra en manos de terratenientes, destinada a la agroindustria y a la extranjerización del modelo extractivista y de acumulación capitalista.
Además, esta realidad ha estado atravesada por múltiples formas de violencia a lo largo de la historia, como la masacre de las bananeras y dinámicas posteriores de carácter paramilitar. A ello se suman las reformas y contrarreformas agrarias, como la Ley 200 de 1936 y la Ley 135 de 1961, las cuales evidencian como las grandes élites han querido frenar los avances populares, alineándose con decisiones políticas que han protegido sus intereses y perpetuado la acumulación de tierras y la pobreza rural, dejando al descubierto un modelo del mercado de las tierras.
En ese contexto, las acciones de movilización del campesinado estuvieron marcadas por la recuperación de tierras durante las décadas de 1960 y 1970, desafiando la desigualdad estructural y el latifundio. Un hito importante fue la reforma agraria de 1961, mediante la cual el campesinado exigió sus derechos, enfrentando la represión.
Sin embargo, estas expectativas se vieron frenadas con el Pacto de Chicoral, el 9 de enero de 1972, un acuerdo entre terratenientes y el gobierno de la época que debilitó la institucionalidad agraria, profundizó el despojo, insistió en el expolio indígena y persiguió al campesinado, asimismo negó derechos a las comunidades negras y pueblos afrocolombianos raizales y palenqueros y sus organizaciones.
Se trata de la lucha por la permanencia en el territorio y por los derechos sobre la tierra, el agua, los ríos, los mares, los territorios, la naturaleza, la vida, los ecosistemas, así como por la autonomía y la soberanía de los pueblos.
Por ende, se hace necesario materializar la Reforma Agraria Integral y Popular, que no es solo una cuestión técnica o sectorial, sino una propuesta de país orientada a la vida digna y a las transformaciones estructurales de una nueva sociedad.
La concreción de este Mandato exige reformas estructurales, institucionales y normativas basadas en la participación real y efectiva de los pueblos y las comunidades. Asimismo, debe fortalecer las conquistas territoriales logradas a través de las luchas, como el reconocimiento del campesinado, de las territorialidades campesinas, los TECAM (Territorios Campesinos Agroalimentarios), las ZRC (Zonas de Reserva Campesina), los ecosistemas estratégicos agrarios y alimentarios, así como los consejos comunitarios y los resguardos indígenas.
Como punto de partida, se proponen los siguientes elementos para avanzar en la construcción del Mandato:
- Redistribución equitativa de la tierra y de los activos productivos, así como la recuperación de los Territorios despojados.
- Justicia agraria, restitución y reparación de las deudas históricas con los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.
- Restauración, recuperación y protección de la conectividad de los territorios, la tierra, el agua, los ríos, los mares, los territorios, la naturaleza y la vida.
- Participación real, efectiva y reforzada en la construcción y toma de decisiones de las políticas públicas agrarias, respetando la autonomía de los pueblos.
- Transformación del modelo de producción agrario para garantizar los derechos individuales y colectivos, promoviendo la soberanía alimentaria y la agroecología.
- La paz, entendida como transformaciones estructurales y el cumplimiento de los acuerdos y marcos normativos que protegen los derechos.
- Reorganización, fortalecimiento y adecuación institucional y normativa para una Reforma Agraria Integral y Popular de los pueblos y las comunidades.
- Garantías para la vida y el fortalecimiento de las organizaciones.
- Diversidad, con enfoque de género y generacional.
- Reconocimiento, protección y defensa del agua, los ríos, los mares, los territorios y la biodiversidad desde las territorialidades de los pueblos y las comunidades.
- Rediseño de la política antidrogas de forma participativa, con enfoque territorial y diferencial, con pertinencia cultural y ancestral, incorporando experiencias de sustitución, erradicación y diversificación, en articulación con la materialización de la Reforma Agraria Integral y Popular.
Este mandato busca no solo transformar el campo colombiano, sino también consolidar una democracia que reconozca la diversidad y promueva la justicia social, económica y ambiental, avanzando con dignidad en la construcción, implementación y seguimiento del Plan Decenal para la Reforma Agraria y del CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de Reforma Agraria, mediante acciones institucionales que fortalezcan la autonomía de los pueblos y las comunidades. Esta materialización no será posible sin la movilización y la recuperación de las tierras despojadas.
Articulo publicado por el Coordinador Nacional Agrario, Revista Cosecha, abril 2026
Fuente: La Vía Campesina
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