Campamento Tuba Mena, solidaridad entre los pueblos y resistencia contra la Ley Agroindustrial

Tegucigalpa, Honduras. – Camaradería, solidaridad y dignidad conviven con la incertidumbre y la zozobra en el Campamento Tuba Mena. Allí, la comunidad garífuna de San Juan en Tela, Atlántida, resiste desde hace una semana, tras el violento desalojo ejecutado bajo la cuestionada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. 

Al llegar, el viento y la maresía recibe a quien pisa la explanada. Son alrededor de nueve manzanas de tierra frente a la costa del Caribe hondureño, cuya belleza no disminuye ni siquiera en un día nublado y de llovizna. La empresa Promociones y Turismo, vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, las reclama como propias.

^{La playa de San Juan se extiende frente al campamento Tuba Mena. Incluso bajo un cielo nublado, el mar sigue marcando el ritmo de la vida comunitaria. (Crédito de foto: Jorge Burgos)}

Bajo ese reclamo, la Policía Nacional ejecutó un violento desalojo el 5 de julio en una comunidad, que en 2023 obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las violaciones a sus derechos territoriales, y detuvo a cinco defensores, entre ellos una madre lactante, acusados de la supuesta comisión del delito de usurpación.

^{La bandera de la Ofraneh marca el ingreso al campamento Tuba Mena. A un costado permanece un escudo de la Policía Nacional abandonado durante el desalojo del 5 de julio, mientras integrantes de la comunidad y de otros movimientos sociales resguardan el acceso. (Crédito de foto: Jorge Burgos)}

Pero el campamento es mucho más que el lugar donde hoy resiste la comunidad. Lleva el nombre de Tuba Mena, en memoria de una mujer garífuna de 80 años que, recuerda la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, murió tras ser acusada de usurpar su propio territorio. Nombrar este espacio en su honor es una forma de preservar la memoria de una historia que la comunidad se niega a olvidar. 

Miranda sostiene que este terreno es también el último espacio que le queda a San Juan para respirar. Habla del viento que llega desde la playa como parte de la salud y de la vida de la comunidad, un conocimiento heredado de abuelas y los ancestros que, afirma, sigue guiando la defensa del territorio.

^{Miriam Miranda advirtió que el pueblo garífuna enfrenta una situación de emergencia y llamó a acompañar la defensa del territorio desde el campamento Tuba Mena. (Crédito de foto: Jorge Burgos)}

La comunidad garífuna de San Juan logró en 2023 una sentencia de la Corte IDH, que ordenó al Estado garantizar sus derechos territoriales. Sin embargo, la comunidad considera que el desalojo y la criminalización de cinco defensores demuestran que esas medidas continúan sin cumplirse. 

A su lucha se unieron otras poblaciones indígenas, como lencas y miskitos, además de grupos campesinos y organizaciones solidarias de base. En una semana, el campamento llegó a reunir cerca de 600 personas provenientes de distintas regiones del país. Todas con un mismo objetivo: la eliminación de la ley que precariza aún más su supervivencia en territorios de los que cientos ya se han visto obligados a partir.

Entre quienes llegaron para acuerpar la resistencia estaba la cantautora y defensora Karla Lara. Al recorrer el campamento, dice que entendió por qué ese territorio despierta tanto interés. “Es una extensión de tierra importante […] muy fácil que la gente avariciosa, que mira todo en términos de monetización y dinero, la vea así”, reflexionó. 

Pero lo que más le impresionó fue la rapidez con la que la comunidad organizó la vida cotidiana. En apenas dos días levantaron un galerón para realizar las asambleas y el descanso, improvisaron cocinas y espacios para alimentar a decenas de personas llegadas de distintos puntos del país. Para Lara, esa capacidad de organizarse colectivamente explica por qué los campamentos han sido, durante años, una de las principales formas de resistencia pacífica de los movimientos sociales.

^{Las cocinas comunitarias son organizadas por barrios. Bajo las champas, sin distinción hombres y mujeres, preparan alimentos que sostienen la resistencia territorial y la vida cotidiana. (Crédito de foto: Jorge Burgos)}

Al llegar al campamento, el recelo es palpable. Se percibe en cada respuesta genérica a preguntas concretas. Apenas una semana después del desalojo y de la detención de los cinco defensores, la desconfianza sigue marcando la vida cotidiana en Tuba Mena. . 

Aun así, organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos se han articulado para acuerpar el reclamo de los garífunas: la anulación del proceso judicial contra los cinco defensores y la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores (Decreto 107-2026).

^{La bandera de la Ofraneh identifica el espacio de encuentro del campamento Tuba Mena, donde la comunidad realiza asambleas y coordina actividades diarias. (Crédito de foto: Jorge Burgos)}

Para Christopher Castillo, coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y ambientalista de Honduras (ARCAH), esa presencia también refleja una forma distinta de entender la solidaridad. Considera que el acompañamiento debe ir más allá de los pronunciamientos y expresarse en los territorios, porque afirma, “la solidaridad no debe ser un evento, debe ser una práctica”. 

La expectativa de quienes permanecían en Tuba Mena estaba puesta en la audiencia inicial de los cinco defensores acusados de usurpación. Días antes, Miranda llamó a garífunas y no garífunas a acudir al campamento para acompañar la diligencia judicial. En su mensaje sostuvo que el proceso no concierne únicamente a San Juan, sino al futuro del pueblo garífuna.

^{Vista aérea del territorio en disputa en la comunidad garífuna de San Juan. Frente al Caribe hondureño, la comunidad mantiene el campamento Tuba Mena mientras defiende su territorio ancestral. Crédito de foto: Geovanny Canahuati}.

Sin embargo, la audiencia inicial no se concretó. Un día antes, la jueza Norma Fuentes se declaró de oficio incompetente para conocer la causa y remitió el expediente a un juzgado con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, al considerar que los cinco acusados integrarían una estructura de criminalidad organizada. La decisión mantiene la incertidumbre sobre el proceso judicial y también el campamento, donde organizaciones y comunidades continúan acompañando a la comunidad garífuna de San Juan mientras esperan que se defina el rumbo del caso. 

La incertidumbre se convirtió en movilización. Al día siguiente, comunidades garífunas, pueblos indígenas, organizaciones campesinas y otros sectores mantuvieron durante más de nueve horas un paro sobre la carretera CA-13, en rechazo al traslado del expediente y en respaldo a la comunidad de San Juan.

^{Comunidades garífunas, pueblos indígenas, organizaciones campesinas y otros sectores mantuvieron durante más de nueve horas un paro sobre la carretera CA-13 en respaldo a la comunidad de San Juan en Tela, Atlántida. (Crédito de foto: Jorge Burgos)}

Tuba mena sigue en pie. Frente al Caribe, las champas, las cocinas y el galerón permanecen levantados mientras la comunidad garífuna de San Juan continúa defendiendo su territorio.

Fuente: Criterio