Cinco garífunas de una comunidad con sentencia de la Corte IDH enfrentarán audiencia bajo la nueva Ley agroindustrial

El pasado 6 de julio, más de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron un desalojo en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela. La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció el uso de munición real, la represión y la detención de Deinor Mejía, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan, Onil Fernández, Hirvin López, Sara Acosta y Carlos Fernández.

A través de un video publicado en redes sociales el 26 de julio Miranda exigió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, resolver la solicitud que Ofraneh presentó el 15 de julio. En ella, la organización pide que no se aplique contra cinco personas garífunas la   Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agroindustriales de Honduras. El Ministerio Público las acusa del presunto delito de usurpación agravada.

Miranda exigió, además, que se ordene el cierre definitivo del proceso penal en contra de las personas acusadas. El operativo se produjo el mismo día en que el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, emitió un comunicado en el que instruyó a la institución a actuar ante denuncias de «ocupaciones ilegales», tras la entrada en vigor de la ley. El mismo documento señala que se exceptúan las tierras indígenas y tribales.

El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en San Pedro Sula, el que conoce el proceso contra las cinco personas de la comunidad, luego de que la jueza Norma Fuentes, del Juzgado de Paz de Tela, se declaró incompetente para conocerlo. Según denunció Ofraneh, la jueza argumentó en una resolución que la comunidad de San Juan estaría vinculada al crimen organizado, una afirmación que la organización rechazó de forma categórica. La audiencia inicial está prevista para el 30 de julio.

Es un problema que se ha generado por la criminalización de defensores de la comunidad. Es un juicio que no se debe llevar a cabo, es un juicio ilegal, arbitrario y que atenta contra una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la comunidad de San Juan. Queremos que cierre ese juicio», enfatizó Miranda.

Contracorriente consultó al director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, sobre la respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la solicitud de cierre del proceso contra las cinco personas garífunas. Duarte respondió que no contaba con la información del expediente.

El abogado de Ofraneh, Rony Castillo, dijo a Contracorriente que la detención y el proceso penal contra las cinco personas garífunas responden a un intento de debilitar la defensa del territorio mediante el retiro de liderazgos comunitarios: "La forma como ellos quieren despojar a las comunidades es quitando líderes. Ya tenemos el caso de los líderes de Triunfo de la Cruz, que desaparecieron justo cuando estábamos peleando por nuestros derechos. Ahora detuvieron a estos compañeros y los acusan de crimen organizado".

Castillo sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de persecución: "Es lamentable y también es peligroso porque es parte de un plan, una estrategia para entrar con violencia y generar terror en las comunidades". Agregó que «cuando el Estado no halla cómo resolver un conflicto, inmediatamente, sin investigar, eso es lo que argumenta».

El abogado afirmó que, para Ofraneh, estas acciones constituyen "un genocidio cultural", reflejado en «el incumplimiento de la sentencia, la criminalización que están haciendo, las desapariciones y estas amenazas». Añadió que la organización había anticipado los efectos de la nueva legislación: "Nosotros ya advertíamos porque conocíamos el espíritu de esa ley, que es para entregar los territorios a particulares, principalmente a grandes empresas y complejos turísticos". A su juicio, lo ocurrido en San Juan solo fue una confirmación de lo que nosotros habíamos advertido.

La normativa, aprobada en junio de 2026, declara inafectables las tierras destinadas a actividades agroindustriales y ordena la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional ante acciones que afecten al sector.

En entrevista con Contracorriente, el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, sostuvo que el Juzgado de Letras de Tela solicitó a la institución un informe técnico para determinar si el desalojo ejecutado en la comunidad de San Juan se realizó dentro del área amparada por el título comunitario. Explicó que el INA designó a un ingeniero y a un abogado para realizar la inspección y elaborar el dictamen técnico que será remitido al juzgado. Mientras ese informe no sea entregado, indicó que no emitirá una conclusión definitiva sobre el caso, aunque señaló que la información preliminar de la que dispone apunta a que el desalojo se habría ejecutado fuera de la comunidad. 

Asimismo, declaró que los conflictos relacionados con los territorios de las comunidades garífunas deben resolverse conforme a la ley. Afirmó que el INA únicamente interviene en el ámbito administrativo de su competencia, mientras que las investigaciones y resoluciones sobre estos casos corresponden al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional. 

Talavera se excusó y explicó que "toda la parte administrativa que me corresponde como institución la estoy interviniendo y la voy a intervenir, pero todo enmarcado en la ley. Como funcionario no tengo más facultades que las que expresamente me confiere la ley y todo acto que ejecutemos fuera de ella implica responsabilidad.

Con armas de fuego empresarios llegaron a la comunidad de Tornabé en Tela, Atlántida

Seis días después del desalojo en San Juan, el 12 de julio, hombres armados, entre ellos un ciudadano extranjero, llegaron a la comunidad garífuna de Tornabé, en Tela. Según denunciaron integrantes de la comunidad, los cuatro vehículos en que se desplazaban no portaban placas y sus ocupantes pretendían intimidar a los pobladores y facilitar el despojo de sus tierras ancestrales.

En los vehículos se movilizaban Jaime Rosales, empresario agroindustrial de Tela dedicado a la ganadería y la agricultura, y Steve Stevens, ciudadano estadounidense a quien Rosales presentó como su socio. En redes sociales circuló que el extranjero que aparece en los videos era Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater. Contracorriente no encontró elementos que respalden esa versión. La plataforma Honduras Verifica rastreó el origen de la afirmación hasta un comentario en la publicación original, donde un usuario copió la respuesta de una herramienta de inteligencia artificial; sin embargo, resolvieron que "es falso que el hombre que aparece en el video grabado en Tornabé sea Erik Prince, fundador de Blackwater".

A través de  un video publicado en redes sociales, el empresario hondureño Jaime Rosales dio su versión sobre el incidente: sostuvo que intentaban ingresar a su predio, un terreno en la aldea de Tornabé donde desarrollan un proyecto agrícola, y que integrantes de la comunidad garífuna les impidieron el acceso.

Rosales afirmó que portaban dos armas de fuego, una pistola semiautomática y una escopeta. "Andábamos siete personas, nunca con la intención de hacer una balacera, nosotros no somos delincuentes", declaró. Durante el incidente, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación intervinieron en la zona. El comisionado Samir Rodríguez informó, en declaraciones al  medio  Más Televisión de Colón, que las armas eran de portación legal y que los empresarios fueron trasladados bajo resguardo policial.

Rosales sostuvo que "no tenemos nada en contra de nuestros amigos garífunas" y añadió que la disputa debía resolverse por la vía judicial: "Si ellos tenían alguna queja con respecto a nuestra propiedad, hubiera sido oportuno que se dirigieran ante la ley (…). Lastimosamente nos interrumpieron la entrada a nuestra propiedad, no pudimos ingresar".

El empresario afirmó que adquirió el terreno en 2023 y que cuenta con escritura pública, dominio pleno —la forma más amplia de propiedad privada en el registro hondureño— e inscripción en el Instituto de la Propiedad. Agregó que ha pagado todos los impuestos correspondientes. Contracorriente solicitó una entrevista a Rosales, pero al cierre de esta nota no había respondido.

Osman López, presidente del patronato comunitario de Tornabé, dijo a Contracorriente que el terreno en disputa forma parte del territorio de la comunidad. Explicó que Tornabé cuenta con una garantía de ocupación otorgada por el Instituto Nacional Agrario (INA) en 1979 y, posteriormente, con un título definitivo en dominio pleno entregado en 1993. Sostuvo que esos documentos reconocen la propiedad colectiva de la comunidad y establecen que ningún particular puede disponer de esos terrenos sin su autorización.

López señaló que el origen del conflicto con los empresarios está relacionado con una garantía de ocupación que habría obtenido un miembro de la comunidad garífuna de San Juan, quien trabajaba las tierras y posteriormente decidió venderlas. "Una garantía de ocupación no te avala o no te hace dueño de una propiedad. Simplemente se le otorga a una persona porque está trabajando esas tierras", explicó López.

El presidente del patronato cuestionó que, a partir de esa garantía, se hayan vendido terrenos, y aseguró que, si los empresarios consideran tener algún derecho adquirido, el reclamo debe dirigirse contra el Estado hondureño y no contra la comunidad.

López sostuvo que la comunidad recuperó el predio que Rosales reclama como suyo después de presentar reclamos ante el INA, el Instituto de la Propiedad (IP) y el Ministerio Público sin obtener respuesta.

López explicó que, debido a las múltiples denuncias que presentó la comunidad, el  Ministerio Público abrió un proceso penal contra Dennis Rolando Velásquez Arriaga, funcionario del INA, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en la adjudicación de un título de propiedad sobre tierras de Tornabé.

La Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural logró que el pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán revocara un sobreseimiento definitivo dictado a favor de Velásquez y ordenara un auto de formal procesamiento, que no implica condena.

Según el comunicado del Ministerio Público, el fallo unánime se sustenta en "la existencia de indicios racionales sobre la participación del encausado en la adjudicación de un título de propiedad" sobre una zona protegida y de carácter comunal. Entre las anomalías, la Fiscalía detectó omisiones en la verificación de requisitos técnicos e inconsistencias en los documentos de respaldo. Las tierras están en Tela, Atlántida, dentro del Parque Nacional Jeannette Kawas, donde se siembra palma africana.

Por su parte, López, afirmó que la comunidad no busca quedarse con los cultivos que los empresarios mantienen en el terreno y que incluso ha solicitado acompañamiento policial para que puedan retirar sus bienes. "Nosotros no tenemos intenciones de quedarnos con esas cosas. Ellos pueden coordinar con la Policía para que puedan venir a sacar sus bienes", expresó.

López añadió que "si ellos compraron hace tres años, tienen que buscar a la persona que les vendió. Porque la comunidad es una comunidad colectiva. El título que tenemos es un título colectivo". Aseguró, además, que continuarán recuperando terrenos que, según la comunidad, empresarios han invadido en la zona.

López también denunció que han identificado registros de propiedades en la zona bajo el nombre de Cayos Tornabé. Según explicó, esa denominación no corresponde al territorio de Tornabé, sino que aparece vinculada legalmente a la comunidad garífuna de Miami, también en Tela. Sostuvo que usar ese nombre para inscribir terrenos ubicados en Tornabé genera confusión sobre la ubicación y la pertenencia de esas tierras, porque puede hacer parecer que no forman parte del territorio colectivo de la comunidad.

El dirigente aseguró que esa práctica ha facilitado que algunos terrenos se registren y se comercialicen, y que en ella han participado autoridades: «La municipalidad y algunos funcionarios públicos en el IP han registrado propiedades como Cayos Tornabé», señaló.

Consultado sobre la acusación del funcionario Velásquez, el ministro Talavera, únicamente se limitó a decir que  respetará el curso del proceso judicial antes de adoptar medidas administrativas. «Estoy esperando que la autoridad judicial dicte la resolución correspondiente para poder tomar acciones administrativas. Lo que el juez me ordene, yo lo voy a cumplir», manifestó.

Asimismo agregó que si durante su administración en el INA se comprueba que funcionarios incurrieron en actos de corrupción o irregularidades en la adjudicación de tierras, la institución actuará de inmediato. Aseguró que no protegerá a ningún empleado involucrado en hechos ilícitos y que, además de separarlo del cargo, presentará las denuncias correspondientes.

Si me doy cuenta de que alguien anda haciendo cosas ilícitas y trabaja en esta institución, lo voy a despedir y también lo voy a denunciar. Los funcionarios debemos actuar apegados a la ley y responder por nuestras actuaciones», afirmó.

La Ofraneh junto a otras organizaciones campesinas mantienen protestas contra la ley que beneficia al sector agroindustrial

Ante los desalojos en la zona atlántica hondureña y la criminalización de los miembros de la comunidad, integrantes de Ofraneh, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos, sostuvieron jornadas de protesta el 15, 20 y este 29 de julio para exigir la derogación del Decreto 107-2026, la ley que protege al sector agroindustrial.

En ese contexto, el 21 de julio, la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (ACAINP), junto a más de 70 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y de derechos humanos, realizó una jornada nacional de movilizaciones con tomas de carreteras en distintas regiones del país. La protesta rechazaba esa normativa y también las reformas impulsadas para lo que el gobierno llama «modernizar» la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que apuntan a dividirla en tres empresas.

Las organizaciones cuestionaron además el Decreto 84-2026, vigente desde el 22 de mayo de 2026, que reformó el artículo 587 del Código Penal sobre asociación terrorista. La reforma establece que pueden ser consideradas asociaciones terroristas las organizaciones que, aun teniendo fines lícitos, incurran total o parcialmente en las conductas descritas en el artículo, entre ellas el control territorial, el dominio social y la coerción colectiva.

Lilian Borjas, coordinadora general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en la regional de El Progreso, Yoro, sostuvo que la ley representa una amenaza para las comunidades campesinas, indígenas y garífunas. Afirmó que la normativa favorece a grandes intereses económicos y pone en riesgo el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria del país.

Borjas rechazó el discurso de que la ley busca impulsar la inversión y el desarrollo económico en el sector turístico, y aseguró que abre la puerta a la entrega de territorios y recursos naturales. También cuestionó las políticas del gobierno, que a su juicio no se enfocan en reducir las condiciones de pobreza que enfrentan las comunidades.

Sostuvo que las organizaciones campesinas se sienten desprotegidas ante la falta de respuesta de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos. Aseguró que, desde su perspectiva, esos espacios han sido ocupados por personas vinculadas a intereses políticos, lo que deja a las comunidades sin un respaldo efectivo.

Afirmó que las organizaciones campesinas y garífunas continuarán con las movilizaciones si las autoridades no responden a sus exigencias.

En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Honduras por violar el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. En ambas sentencias, el tribunal concluyó que el Estado permitió la ocupación de territorios ancestrales por terceros sin garantizar la protección de los derechos de las comunidades.

Como parte de las reparaciones, la Corte ordenó al Estado delimitar, demarcar, titular y sanear los territorios garífunas, garantizar que terceros no continuarían ocupándolos y adoptar medidas para evitar nuevas violaciones a los derechos territoriales. También dispuso la creación de un fondo de desarrollo comunitario y la implementación de mecanismos de consulta previa, libre e informada para cualquier proyecto que pudiera afectar a estos pueblos.

Sin embargo, la Ofraneh sostiene que, a más de una década de los fallos, el Estado mantiene un bajo nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. La organización denuncia que continúan los conflictos por la tierra, los procesos de criminalización contra defensores del territorio y la presencia de proyectos privados dentro de territorios reclamados por las comunidades garífunas.

Fuente: Contracorriente