Comunalidades por el agua

Dentro de la diagonal árida de América del Sur, Mendoza está a los pies de la Cordillera de los Andes. Conforma la región de Cuyo y, en su parte occidental, constituye los Andes Centrales y la subregión de Vegas y Lagunas Altoandinas (Sosa & Guevara, 2017). La zona cordillerana es la región de Argentina que concentra los mayores riesgos asociados al cambio climático (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015). Es un ambiente árido caracterizado por la escasez de agua y, desde 2010, ha sido declarado en emergencia hídrica. Los ríos son originados principalmente por el derretimiento de nieves y glaciares, y en menor medida por las precipitaciones. El uso hídrico depende fundamentalmente de la fusión de nieves y glaciares, así como del aporte de las aguas subterráneas dado que las lluvias son escasas. Estos sistemas fluviales, junto con las gestiones antrópicas de las aguas, han dado lugar a sistemas productivos organizados en torno a zonas de oasis, que ocupan entre el 3 % y el 5 % del territorio mendocino. El oasis Norte es alimentado por la cuenca del río Mendoza, de la cual depende el área metropolitana donde habitan aproximadamente un millón de personas, que representan el 65 % del total de la población provincial (Irrigación, 2025).

En la parte alta de la cuenca del río Mendoza, dentro del distrito de Uspallata, avanza el proyecto de minería a cielo abierto San Jorge que pretende producir concentrados de cobre con restos de oro, plata y molibdeno (GT Ingeniería SA, 2024, p. 12). Es propiedad del Grupo Alberdi (30%), cuyo dueño es el argentino Mario Rappallini, actual presidente de la Unión Industrial Argentina, y de la corporación Solway (70%) que ha sido denunciada por contaminación y vulneración de los derechos a las comunidades indígenas en Guatemala (ANRed, 2025b; CIDH, 2023). El pasado 9 de diciembre, la declaración de impacto ambiental para la explotación consumó la aprobación en ambas cámaras legislativas provinciales y fue ratificada por la ley provincial N° 9684.

El modelo productivo de la provincia, históricamente caracterizado por la agricultura, el agronegocio, la vitivinicultura de exportación, la explotación de hidrocarburos y diversas actividades vinculadas a la ruralidad y al despliegue urbanístico, expresa una disputa estructural en torno a los bienes comunes y a las posibles formas de diversificación de la economía. En este marco, la aprobación del paquete de leyes que incentiva la actividad minera pone en evidencia la consolidación de una lógica plutocrática de gobierno, orientada prioritariamente a la acumulación de ganancias. En consecuencia, los flujos de materia y energía son incorporados a circuitos privados en función del lucro, generando una afectación directa sobre los ecosistemas y los usos comunitarios.

La legislación sancionada sostiene un esquema de regalías de apenas 3 % y habilita a más de sesenta proyectos de exploración minera en el departamento de Malargüe. La reprimarización y extranjerización de la economía es alentada por el régimen a las grandes inversiones (RIGI) y la reducción a tasa 0% de las alícuotas (retenciones) a las exportaciones de la minería metalífera y de otros productos primarios (decreto nacional 563/2025)2. A este escenario se suma, por un lado, el impulso para modificar la ley de glaciares con el fin de permitir actividades mineras en estos ambientes. Por otro lado, la injerencia de la empresa israelí Mekorot en la gestión hídrica pública de 10 provincias, entre ellas, Mendoza (Martín, 2023).

En este contexto, culmina el vaciamiento de la ley N.º 7722 con la habilitación del avance minero de forma condicionada, mediante la desestimación de los informes de las instituciones competentes, la autorización del sobreconsumo hídrico, la validación de información desactualizada y la permisividad en el uso de sustancias tóxicas como el xantato. La ley provincial N°7722 fue escrita por las asambleas por el agua y sancionada en el año 2007. Desde entonces, protege los bienes hídricos al prohibir el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Además, establece la obligación de ratificación legislativa de los proyectos mineros. En el marco de un proceso de conflicto social, fue rechazado el proyecto San Jorge en el año 2011. No conforme, la corporación recurrió a la Corte Suprema de Justicia alegando la inconstitucionalidad de la ley 7722. En 2015, la constitucionalidad fue reafirmada pero se falló a favor del uso de “otras sustancias tóxicas similares” al cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, que se encuentran expresamente prohibidas por la ley.

En 2019, en un acto heroico de compromiso con el lobby minero, el gobierno provincial consiguió derogar la ley 7722. Sin embargo, la masiva movilización logró su restitución en el plazo de diez días(3). La pueblada es conocida como el “mendozazo por el agua”, haciendo referencia a las históricas protestas ocurridas en la provincia en 1972. Aquel diciembre de 2019, se caracterizó por la caminata de 100 kilómetros que inauguraron “les parientes”, como es llamada la vecindad del departamento San Carlos y la región del Valle de Uco; la confluencia de la marea popular frente a la casa de Gobierno, seguida de una represión policial inusitada; la organización del colectivo “arte por el agua” del cual emergieron diversas propuestas artísticas; la multiplicación de las asambleas y sus jornadas de sesiones continuas; las familias que compartieron la cena navideña en las calles, y la suspensión de las celebraciones vendimiales porque “sin agua, no hay vino”.

En ese entonces, la presión popular impidió que las aguas fueran negociadas a favor de las mineras.. Y todavía persiste una situación que parece increíble: en Mendoza, seguimos tomando agua de la canilla. Sin embargo, la gestión hídrica continúa tensionada por la distribución desigual y la contaminación de los acuíferos. Durante el transcurso de este año, diversas denuncias evidenciaron el impacto de pasivos ambientales sobre los cuerpos hídricos, derivados de la actividad petrolera, los efluentes industriales y residuos cloacales (Icardi, 2025; Ivars, 2021; Perez & Giulia Piglionico, 2024). Aguas abajo de la cordillera la falta de agua para los usos cotidianos es una realidad que, con el paso del tiempo, agrava las condiciones de vida. A las históricas demandas por la sequía planificada que afecta a las comunidades indígenas y campesinas del departamento de Lavalle y a las localidades vecinas de la provincia de La Pampa, se suma el corte del suministro de agua en los barrios durante el verano. Mientras el uso del agua sostiene la vida en el territorio, su valorización como mercancía se paga con la sed de las comunidades. Las promesas de trabajo no alcanzan cuando la tierra se quiebra por la falta de agua. Si al cambio climático le sumamos el despojo, quedamos secos. En Mendoza, cuando la nieve no llega, la angustia es compartida.

A días de comenzar el 2026, la llamada “gesta libertadora por el agua” se desenvuelve en Mendoza, dónde paradójicamente Javier Milei ganó con 71% en 2023 y la alianza entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza reforzó su hegemonía con más del 53% de los votos en las elecciones legislativas de 2025. Las acciones de protesta en defensa del agua parten de la premisa de que “gane quien gane no hay licencia social para la megaminería”. Este nuevo capítulo del mendozazo despuntó el día con parientes de los cuatro puntos cardinales caminando hacia la Legislatura provincial para hacerse escuchar porque la amplia mayoría de legisladores ya había cantado su voto. De forma interpartidaria, desconocieron los análisis críticos de la declaración de impacto ambiental que estaban autorizando, a pesar de la pública constatación de falencias en la definición de la base ambiental, de las insolvencias en los estudios realizados y de los severos impactos potenciales de la explotación.

El CONICET Mendoza elaboró un comunicado en el cual destaca que, en general, la información considerada es insuficiente, confusa y está desactualizada, lo que deriva en la subvaloración de las poblaciones humanas, de flora y fauna e impide garantizar la viabilidad socioambiental y evaluación confiable de los impactos. En particular, sobre la cuestión hídrica, expresa que la demanda de agua requerida sobre el acuífero El Tigre constituye casi la totalidad del caudal del arroyo. Además, con los datos disponibles no es posible afirmar la desconexión entre las cuencas de Yalguaraz y Uspallata. Asimismo, existe un potencial riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que recargan el arroyo Uspallata, constituyendo una afectación hacia la totalidad de la cuenca del río Mendoza y sus comunidades codependientes(4).

El Superintendente de Departamento General de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, declaró en 2021 que, ante la extensión de la emergencia hídrica, es imperante actuar políticamente dado que la población mendocina realiza un consumo excesivo de 800 litros diarios de agua por habitante (Unidiversidad, 2021). Considerando un contexto marcado por el sobreconsumo, la desigual distribución y la escasez hídrica ha sido concedido que el proyecto minero San Jorge avance con su requerimiento de 141 litros por segundo de agua dulce; es decir 12 millones de litros diarios. Por ende, solo este emprendimiento minero utilizará diariamente lo que precisa un pueblo de 15 mil habitantes. Según el censo de 2022, en Uspallata viven 5.791 personas. Es decir, el proyecto San Jorge va a consumir por día aproximadamente el triple que toda la población de Uspallata. El sistema a implantar está orientado a la expansión del consumo de materias y energías del territorio.

En relación con las instalaciones proyectadas en la Cordillera de los Andes, ubicadas a aproximadamente 2.700 msnm, a 40 km de la localidad de Uspallata y 100km de la capital provincial de Mendoza, el área concedida a la empresa abarca 100 km². El proyecto cuenta con una duración planificada de 16 años y, entre sus pertenencias, la empresa identifica el arroyo El Tigre alegando que se encuentra íntegramente dentro su concesión. El método de extracción implica la remoción masiva de materiales mediante el uso de explosivos. El llamado tajo tendrá un tamaño de 170 x 90 metros y llegará hasta los 350 metros de profundidad. Los desechos del proceso minero en el espacio destinado a los escombros alcanzarán elevaciones de 133 metros y ocuparán una área de aproximadamente 3 km2, equivalente a 400 canchas de fútbol(5). Además, los residuos líquidos espesados con sustancias tóxicas serán ubicados en un dique de 79 metros de elevación y 2,6 km2 de extensión. Estos residuos son dejados de manera permanente en el territorio y, junto con el conjunto de la operación minera y su legado posterior, quedarán expuestos sin interrupción a la acción de los procesos ambientales, tales como: erosión eólica y polvo en suspensión, infiltración, sismicidad, movimientos de suelo, evaporación, alteración de los flujos subterráneos, oxidación y las reacciones químicas, entre otras. Particularmente, la generación de drenaje ácido que libera metales pesados contaminando las aguas y afectando gravemente el ecosistema, es uno de los cuestionamientos reiterados.

Vale recordar, que los crímenes socioambientales de Mariana (2015) y Brumadinho (2019), ocurridos en Minas Gerais (Brasil) fueron consecuencia de la ruptura de los diques de colas de la actividad minera, pertenecientes a la corporación Vale S.A. y a su subsidiaria Samarco. Estos colapsos generaron aludes de barro tóxico que destruyeron comunidades enteras, causaron la muerte de cientos de personas y contaminaron cuerpos hídricos a gran escala, incluyendo la totalidad del curso del río Doce, que desemboca en el océano Atlántico. La afectación profunda de las formas de vida y la magnitud de los daños socioambientales son inconmensurables (6).

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) expresaron en un comunicado que el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto San Jorge es excesivamente parecido y, en algunos aspectos peor, al presentado y rechazado en 2011. Es desconocida la afectación a la totalidad de la cuenca del río Mendoza, por ende es infringida la ley 7722 que exige se convoque a través de los dictámenes sectoriales al conjunto de actores implicados. El informe elaborado por la FUNCuyo, que señala que la IIA no cumple con el 26% de los ítems analizados y solo parcialmente con el 52%, fue desestimado y reemplazado por un resumen que la empresa respondió someramente. Por su parte, la Facultad de Medicina de la UNCuyo desaconsejó el uso de isobutil xantato de sodio, entre otras sustancias químicas, por los graves riesgos que implica (Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, 2025a).

En los discursos que brindaron los legisladores que aprobaron el proyecto, destacaron el desarrollo económico que proporciona en términos de empleo y recaudación a nivel provincial. Según la propia empresa, el proyecto San Jorge demandará de forma estable 380 puestos de trabajo. En relación a las regalías, si el proyecto deja un 3% sobre el valor de boca de mina, el presupuesto provincial sólo aumentará 0,33%, sintetizan las asambleas. En un análisis conjunto con el diario El Otro, concluyen que el gasto en pauta oficial pagada por el gobierno a los medios de comunicación en 8 meses de 2025, es equivalente a dichas regalías en el mismo lapso de tiempo (Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, 2025a, 2025b). En relación a los proyectos aprobados en Malargüe, los dictámenes sectoriales de la propia municipalidad y del IANIGLA-CONICET solicitaron no aprobar los proyectos que se hallan dentro de los ambientes periglaciares. Además, los proyectos fueron tratados en bloque en un único procedimiento de evaluación ambiental con reiterada información irrelevante y la ausencia de datos fundamentales, que las autoridades expresan irán evaluando “sobre la marcha”. Hasta el momento, las declaraciones de impacto ambiental omiten y desconocen los efectos integrales y acumulados de semejante perturbación al metabolismo social de los territorios (Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, 2025a).

Entre los impactos no contemplados, la repatriarcalización de los territorios constituye un fenómeno común asociado a la expansión de la actividad minera. El aumento de los índices de masculinidad se vincula directamente con la intensificación de las violencias y la profundización de las desigualdades de género (Colectivo Miradas Críticas del Territorio, 2018). Asimismo, el incremento del flujo vehícular y el transporte de grandes estructuras e insumos peligrosos, acrecienta los siniestros viales. En relación al conjunto de impactos señalados, las secuelas sobre la salud de las poblaciones afectadas es un factor central que ha sido desestimado.

El proyecto fue aprobado aún siendo incumplidas las instancias de consulta previa, libre e informada y a pesar de que las comunidades huarpes Guaytamarí y Llahue Xumec de Uspallata no consientan la explotación minera en el sitio ancestral cultural del Qhapaq Ñan (ANRed, 2025a)(7). La audiencia pública oficial fue realizada en el campamento minero en pleno invierno a 2.600 msnm. Mientras, fue convocada una “audiencia pública del pueblo” en el centro de Uspallata. En la primera instancia, participaron de manera presencial y virtual un total de 743 oradores, de los cuales el 40 % se manifestó en contra del proyecto. Entre estos participantes, 261 residían en Uspallata, y dentro de este grupo el 67 % expresó su rechazo al avance del emprendimiento. En la instancia popular, el repudio al proyecto San Jorge fue unánime. Participaron 1.592 personas, de las cuales 487 son habitantes de Uspallata. Del conjunto, el 78 % solicitó la realización de un plebiscito popular y el 83 % manifestó su apoyo a la creación del área natural protegida Uspallata-Polvareda (8).

En estos días, las prácticas de cooperación continúan expresándose a través de diversas acciones de protesta, a pesar del hostigamiento y la represión policial. La criminalización de defensores ambientales se agravó durante el curso del 2025, arrojando un saldo de 18 personas detenidas arbitrariamente en diferentes episodios de violencia institucional que ha dejado, además, múltiples personas heridas.

El clima social se torna cada vez más denso ante la crisis económica, el delirio mesiánico presidencial y la imposición de reformas legislativas impulsadas entre gallos y medianoche, como el intento de derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares.

Más acá de las estrategias judiciales, de la masividad de las manifestaciones y de la aceleración de los despojos, persisten sensibilidades ancestrales que contienen los sabores y tiempos de las relaciones de parentesco encarnadas en el territorio. La constitución mutua de los cuerpos-territorios es un flujo de tejido simbiótico en permanente producción de acontecimientos. Frente al avance de las dinámicas de privatización de la vida, que convierten a la democracia en un bloque de concreto vacío, la articulación polifónica de comunidades que sostienen un estado permanente de movilización social y que, a partir de acuerdos comunes, distribuyen los medios de producción de alimentos, saberes, comunicación, creación y cuidados, fracturan la lógica de competencia entre individuos.

Transcurren los últimos días de diciembre y Mendoza tiene dos presos políticos: los hermanos Facundo y Renzo Gollano(9). Deseamos que puedan compartir la mesa con sus parientes, mientras las comunalidades mendocinas sostienen el  agua-nte (10).

Referencias: 

1. La Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente ha denunciado la apropiación de sus tierras por parte del estado de Guatemala y la Corporación Solway para la instalación del proyecto minero Fénix. El lago Izabal está contaminado con metales pesados y durante más de una década las comunidades de Aguas Calientes han padeciendo múltiples actos de violencias, tales como atentados contra la vida, hostigamientos, amenazas, desalojos y actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una condena al Estado de Guatemala y la corporación tuvo que suspender sus operaciones. Asimismo, recibió sanciones por parte de Estados Unidos por hechos de corrupción a funcionarios guatemaltecos; y por el estado de Guatemala, ante la ausencia de procesos de consulta a las comunidades. Sin embargo, en 2025 han reiniciado la explotación (CIDH, 2023; Infobae, 2023; Prensa Comunitaria, 2022).

2. El informe que realiza el Centro de Economía Política Argentina (2024) analiza que el régimen además establece la reducción a tasa cero de derechos de importación para bienes de capital e insumos; favorece la adquisición de empresas argentinas y la obtención de beneficios fiscales; permite que las exportaciones no se liquiden en el país, y no exige la contratación de personal argentino (CEPA, 2024, p.14).

3. Recomendamos la película “ La Historia del Agua de Mendoza” (2024) de Bernardo Blanco.

4. Horas después de ser publicado dicho análisis en la página web de CONICET, fue censurado y reemplazado por otro comunicado que, sin mediar argumentación alguna, simplemente avala las actividades que alienten el “desarrollo productivo” de la provincia.

5. Consideramos una cancha de fútbol profesional estándar (FIFA) cuyas medidas son 105×68 metros

6. Al respecto, recomendamos el documental  Rejeito (2025) dirigido por Pedro de Filippis.

7. Qhapaq Ñan, voz quechua que significa “camino principal”, refiere al sistema vial de cuatro mil kilómetros de norte a sur que une los países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. El camino, que fue consolidado por los incas en el siglo XV y reconocido como patrimonio mundial por la UNESCO, es un flujo de ancestralidad e interacción de saberes, identidades y culturas vitales (Sosa et. al., 2020, p.10).

8. El proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas es una iniciativa popular presentada en la Legislatura de Mendoza por pobladores de Uspallata. Se plantea como una alternativa para la vida y la economía de la población local y, de forma extensiva, para quienes habitan las cuencas del Río Mendoza y del Río Tunuyán Inferior. Fue presentado en 2009 y nunca fue tratado por la cámara legislativa. En la actualidad, el expendiente se encuentra misteriosamente extraviado en la casa de las leyes (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, 2025).

9. Actualmente, en Argentina, son seis los presos políticos por su activismo en la defensa de los bienes comunes y los territorios: Facundo Jones Huala, Pablo Colhuan Nahuel, Naum Vargas, Damián Diaz, Facundo Gollano y Renzo Gollano.

10. Arte por el Agua es un colectivo de artistas que realizan múltiples acciones colaborativas. Podes acompañar en: @ arte.porelagua|

Fuente: Huella del Sur