Comunidades indígenas acusan omisión y complicidad oficial ante agresiones criminales en Guerrero y Michoacán

De acuerdo con un comunicado emitido este lunes (18) por el Congreso Nacional Indígena (CNI), los ataques armados comenzaron el pasado 6 de mayo contra las poblaciones nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa, en Guerrero, donde integrantes del grupo criminal “Los Ardillos” realizaron ataques con armas de alto poder y drones.

Acorde a la denuncia, las autoridades mexicanas ignoraron las alertas sobre los ataques y sólo asistieron a la zona después de ocurrido el desplazamiento forzado. Ante esta situación, el CNI sostiene que la narrativa oficial ha minimizado las agresiones al presentarlo como “un conflicto entre grupos delincuenciales”.

Mientras el CIPOG-EZ y el CNI denuncian el desplazamiento forzado de más de 2,000 personas, el gobierno de Guerrero, a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que sólo registraron a 90 personas desplazadas de la comunidad Alcozacán. 

Además, tras los ataques armados en Tula, el 7 de mayo, el funcionario aseguró que el gobierno del estado ha mantenido presencia permanente en la zona, además de haber reforzado la presencia de fuerzas de seguridad mediante su despliegue en tres Bases de Operaciones Institucionales (BOI) ubicadas en las comunidades de Colotepec, Chimaltepec y San Jerónimo Palantla.

Para el 14 de mayo, el funcionario aseguró que las familias desplazadas comenzaron el retorno a sus poblaciones, “con el acompañamiento de autoridades federales y estatales”. En el mismo tenor, el gobierno de Guerrero informó que elementos del ejército, Guardia Nacional y policía del estado realizaron recorridos en las comunidades atacadas tras lo cual informaron que “las viviendas, escuelas y centros de salud no presentan daños ni afectaciones por hechos violentos”.

En contraste, el CNI rechazó la narrativa oficial que insiste “en criminalizar a las comunidades agredidas”. En particular, calificó como absurda la versión proveniente del gobierno federal, debido a que, argumentan, comunidades pertenecientes tanto al CIPOG-EZ, así como a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores, (CRAC-PC-PF), acumulan más de 10 años solicitando seguridad a través de la instalación de retenes y BOI para evitar los ataques criminales.

“Lo único que podemos observar, es a un grupo criminal, disparando, asesinando, secuestrando, traficando, desplazando, perfeccionando sus ataques, expandiendo su territorio, extorsionando a la población y lo más lamentable, observamos que este grupo, es protegido por los gobiernos municipales, estatal y ahora por el gobierno federal”, sostiene el Congreso Nacional Indígena.

El CNI también cuestionó las razones para que los elementos de seguridad desaparecieran “del retén que tenían en Tula cuando comenzaron los ataques de Los Ardillos, permitiendo que éstos instalaran una trinchera a 200 metros del retén de la Base de Operaciones Interinstitucional para desde ahí disparar a la comunidad de Tula”.

Para el Congreso, también falta una explicación de las autoridades sobre por qué no existe una investigación a nivel federal contra la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, “por su relación familiar con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar Los Ardillos”. En el documento también se denuncia desvío de recursos municipales, destinados a comunidades que se les ha sido negados debido a su adherencia al CIPOG-EZ. Además, reclama por las nulas investigaciones, desarticulación y detención de los miembros del grupo criminal.

El CNI asevera que los ataques contra poblaciones en Guerrero “están dirigidos a la apropiación del territorio” y a la “destrucción de sus aspiraciones de vivir con dignidad y construir un mundo donde la paz, la justicia y libertad, no sean un botín administrado por el poder, sino una realidad lograda por los propios pueblos”.

El Congreso sostiene que, pese a las agresiones armadas, las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero han resistido la entrega de sus territorios para permitir las actividades criminales de “Los Ardillos” y que van del tránsito y venta de estupefacientes, a la extorsión y secuestro. Frente a ello, asevera el comunicado, las comunidades han creado su sistema de justicia propio, así como la toma de decisiones de forma asamblearia para fortalecer su proceso político y no depender de partidos políticos ni grupos criminales.

“Mientras los grupos criminales lo ven como mercancía, los pueblos despliegan su existencia, tejen sus dinámicas y relaciones, construyen sus identidades y cosmovisiones, cuidan y valoran la relación indisoluble entre la tierra, el Territorio y todo lo que en ella existe”, remarca la convocatoria del CNI.

Ante la situación de alerta, la Misión Civil de Observación es convocada por el CNI y organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación-Sexta con el fin de acudir a las comunidades en Guerrero y documentar la situación actual de los pueblos desplazados por la violencia criminal, “pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las comunidades de las que fueron desplazadas, a pesar de que sigue existiendo temor y sobre todo el riesgo de ser atacados”. Tras el anuncio, las organizaciones responsabilizaron a los gobiernos federal, estatal y municipal por cualquier situación que ocurra a los miembros de la misión.

Comunidades nahuas y purépechas denuncian ataques armados en Michoacán

Al mismo tiempo que se convocó la misión en Guerrero, el CNI denunció ataques armados contra comunidades purépechas en Michoacán. Cabe destacar que los hechos violentos denunciados en Guerrero y Michoacán tienen como punto común que involucran a comunidades indígenas con sistemas propios de organización y seguridad comunitaria.

El domingo (17), aproximadamente a las 20:30 horas, la población de Santa María Sevina, en el municipio de Nahuatzen, fue objeto de un ataque armado que dejó como saldo el asesinato de dos integrantes de la Ronda Comunal, identificados como Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, además de que otra persona resultó gravemente herida.

Según declaraciones del Consejo Comunal de Sevina a medios nacionales, las comunidades integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se declararon en estado de alerta máximo y se reservaron el derecho a actuar y organizarse. El Consejo señaló que “los discursos y la falsa imagen de un estado de derecho en Michoacán han sido eso, meramente discursos”. 

La población de Sevina cuenta con dos retenes de la Ronda Comunal para proteger sus accesos provenientes de la comunidad de Pichátaro y de la cabecera municipal de Nahuatzen, donde alrededor de 30 guardias comunitarios resguardan la comunidad purépecha. El CNI destacó que este es el segundo ataque reciente contra la comunidad de Sevina. El 11 de marzo del 2025 un grupo armado ingresó a la comunidad, agredió a elementos de la guardia comunal, destruyó cámaras de vigilancia y amenazó a las autoridades tradicionales.

“Desde ese entonces, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se comprometió a cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad en la región y establecer, con el concurso de la federación, una Base de Operaciones Interinstitucionales. Sin embargo, nunca cumplió los compromisos minutados con las comunidades de la región y con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, exhibiendo lo que muchas y muchos hemos observado desde hace años: la completa complicidad de su gobierno con los cárteles criminales de todo signo y de manera preponderante con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

En otro ataque, acontecido el 6 de mayo de 2026, el CNI denunció que un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros purépechas de Acachuén, con saldo de dos personas muertas y una herida. La organización también señaló a policías municipales de Chilchota de haber llegado al punto de resistencia comunitaria y atacar a comuneros para proteger a los agresores. 

Por último, la mañana de este martes (19), la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, emitió una alerta urgente derivada de un ataque contra la encargatura de La Cofradía.

Según un comunicado emitido por el CNI, a las 9 horas se registró un ataque de miembros del CJNG contra la población nahua. La denuncia señaló que, ante las agresiones, las escuelas fueron evacuadas y la población civil se refugió en sus casas, mientras la Guardia Comunal atendió la situación.

La comunidad exigió a los tres niveles de gobierno garantizar la paz y la seguridad en Santa María Ostula, así como el desmantelamiento de los grupos criminales que, según la denuncia, buscan despojar a la comunidad de su territorio. 

Fuente: Avispa Midia