Corredor de droga hacia Brasil y Bolivia amenaza a comunidades y áreas protegidas de la Amazonía central

Empezó con unas banderas de plástico rojo o azul en caminos de herradura. Después del 2020, la comunidad asháninka de Camantavishi, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, comenzó a detectar la presencia de personas extrañas armadas en su territorio. Los caminantes, acompañados de un guía asháninka, marcaban la ruta contigua a un área natural protegida. Los comuneros fotografiaron los hallazgos, intentaron avisar a las fuerzas del orden, pero nadie respondió.

Hoy, esa vía se ha convertido en una ruta de tránsito frecuente para el traslado de droga en la Amazonía, advierten habitantes de la zona. Este corredor atraviesa los territorios indígenas de comunidades de Quimaropitari, Paveni, Camantavishi y Parijaro, colindante a la Reserva Comunal Asháninka, en el norte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), considerada la principal zona de producción de hoja de coca en Perú.

Dichas vías clandestinas utilizadas por mochileros —personal que traslada a pie y en mochilas la droga por varios kilómetros— aparecen en el último mapa de amenazas territoriales y de recursos naturales, elaborado por las 45 comunidades de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y publicado en mayo de 2025. En él también detectaron otros riesgos como cultivos ilícitos, invasión de colonos, incendios, pesca ilegal y deforestación, entre otros. 

Esas cuatro comunidades asháninkas —aunque, a la fecha, Paveni ya no forma parte de la CARE— están ubicadas en Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, en el Vraem, una de las regiones más críticas del país por el avance del narcotráfico. 

En 2024, el distrito de Río Tambo registró la mayor superficie cultivada de arbusto de hoja de coca de los distritos del Vraem en Junín (3.067 hectáreas), después de Vizcatán del Ene. Asimismo, la mayor cantidad de droga decomisada en la región (más de 9.000 kilogramos), entre 2019 y junio de 2026, según cifras de la Policía.

OjoPúblico confirmó con más de diez autoridades de Río Tambo, entre líderes de organizaciones indígenas, jefes de comunidades y alcaldes —cuyas identidades se mantendrá en reserva por seguridad—, que persiste el paso de mochileros por el territorio indígena en la selva central; y que el cultivo ilícito de hoja de coca, el narcotráfico y los remanentes del terrorismo son las principales amenazas identificadas por sus comunidades.

En paralelo, dirigentes de CARE, de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) y desde la Municipalidad Provincial de Satipo refirieron que el corredor clandestino atraviesa la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Otishi, ubicadas entre las regiones de Junín y Cusco, que resguardan parte de la biodiversidad de la Amazonía peruana.

Aunque las comunidades desconocen el trazo íntegro del corredor, una hipótesis es que siguen su recorrido hasta el río Urubamba, en la región Cusco. Y, luego, por vía fluvial, arriban a la provincia de Atalaya, en Ucayali, donde se han detectado pistas de aterrizaje clandestinas para el narcotráfico. Desde esta zona, como ha informado OjoPúblico, las naves salen cargadas de droga con destino a Bolivia y Brasil. 

Estas largas caminatas de los mochileros se dan en un contexto marcado por el aumento de la presencia del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, en la frontera amazónica con Perú. Esta organización, dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato, controla las rutas de insumos ilegales y cobra cupos a otras actividades ilícitas de la zona, como la madera ilegal.

Otro destino, señalan dirigentes, es que, en lugar de ir por el Urubamba, los mochileros se trasladan por el río Tambo o por el Ene y, después, por tierra, hacia Huancayo u otras localidades del centro.

Informes oficiales, además, revelan las potenciales amenazas de la cadena del tráfico de drogas en las áreas protegidas. El último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reportó que, en 2024, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka se identificaron 1.528 hectáreas de superficie cultivada de arbusto de hoja de coca. 

En el Parque Otishi, en tanto, se llegó a identificar una pista de aterrizaje años atrás. A pesar de su desactivación, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) considera que “continúa siendo una amenaza latente”. 

“La posible apertura de nuevas pistas de aterrizaje, caminos y campamentos son considerados como amenazas potenciales, dadas las condiciones de difícil acceso del parque, lo cual limita la presencia permanente con acciones de vigilancia y control, así como también la presencia de la autoridad competente frente a la amenaza”, reconoce en el Plan Maestro del Parque Nacional Otishi 2024-2028.

La estructura del mochileo

La cadena de suministro que parte del norte y del sur del Vraem está integrada por los mochileros. Según Rubén Vargas Céspedes, exministro del interior y expresidente ejecutivo de Devida, son personal de trasteo que cumple esa función por encargo, ya que no son propietarios de la carga. Las largas caminatas pueden durar días, por lo que viajan en grupos grandes, a fin de evitar el “arranche” y robo de droga. 

El año pasado, por ejemplo, la Fiscalía detuvo a cuatro personas que transportaban droga en la modalidad de “mochileros” en el distrito de San Martín de Pangoa, Satipo. Cada uno llevaba una mochila y, al realizar la inspección, se halló 31 paquetes rectangulares tipo ladrillo forrado con cinta de color amarillo. El objetivo era vender la cocaína en la capital.

“El mochileo no es el mecanismo más importante en el Vraem. Desde mi análisis, debe equivaler a no más del 30% del comercio de droga cocaínica. El 70% sale por ruta terrestre, fluvial y aérea”, sostiene Vargas Céspedes, quien añade que los mochileros no tienen un destino fijo, van a depósitos, narcopistas, puertos fluviales, entre otros.

^{ACTIVIDAD. En comunidades indígenas se han identificado pozas de maceración de droga y cultivos ilícitos de hoja de coca. Foto: Care asháninka} 

Según un dirigente de la CARE, entre las personas que se trasladan por las rutas de droga se han identificado a jóvenes asháninkas de las cuencas del Perené y Tambo. “Hemos informado a todos nuestros hermanos, sobre todo, a jóvenes involucrados en estos temas que la organización no los va a defender (...). Al contrario, los vamos a denunciar. Nos duela a nosotros como organización, pero tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y hablamos”, señaló.

Entre enero de 2020 y mayo de 2026, el distrito fiscal de la selva central, conformado por las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa registró 1.302 denuncias por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID). La mayoría de casos (972) fueron promoción o favorecimiento al TID, 222 por microcomercialización o microproducción, 38 por comercialización y cultivo de amapola, marihuana y su siembra compulsiva, entre otros.

En paralelo, entre 2022 y marzo de 2026, 376 personas recibieron sentencia condenatoria por TID en la selva central. En 2022 fueron 134; en 2023, 122; en 2024, 62; en 2025, 54 y en 2026 cuatro, según información del Poder Judicial a la que accedió este medio.

De acuerdo a datos de la Policía, solo en el distrito de Río Tambo hubo 270 operaciones por tráfico de drogas, así como más de 200 detenciones, incluido el decomiso por tráfico y por microcomercialización, entre enero de 2019 y junio de 2026. 

Zonas en riesgo

A partir del “mapa parlante”, elaborado con testimonios e información de los mismos comités de autodefensa y desarrollo de las 45 comunidades asháninkas de la CARE, también se identificó que las rutas de transporte de droga —pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína— no suelen pasar por vías nacionales, ni por el núcleo poblacional, sino por caminos alternos como las áreas naturales protegidas. 

Entre las comunidades afectadas por esta amenaza figuran Quimaropitari, Parijaro y Camantavishi, en específico el anexo Alto Sancatiaro. En esta última se alertó, en 2024, una ruta de droga y una trocha ilegal: camino informal dentro del territorio sin autorización comunal, que facilita el ingreso de actores externos y actividades ilícitas. 

“[Hace unos días] las autoridades de Camantavishi nos informaron que se están haciendo trochas, están pasando dentro de su territorio (...) Es una situación delicada”, señaló un dirigente asháninka a este medio. También, según los testimonios recogidos, la amenaza y la presencia de mochileros se ha agudizado en este territorio.

^{RIESGO. Familias asháninkas viven en zozobra ante el avance de actividades ilícitas y la falta de acciones concretas del Estado. Foto: Yoselin Alfaro} 

No se trata de las únicas comunidades amenazadas: en Meantari, Quempiri y Catungo Quimpiri se han identificado otras rutas de transporte de coca. 

Esta última localidad, colindante con la provincia cusqueña de La Convención, es la tercera comunidad del Vraem con la mayor cantidad de superficie cultivada de hoja de coca, en 2024: 649 hectáreas. “Sabemos muy bien que, actualmente, hay rezagos de Sendero Luminoso, pero también se ha acrecentado el narcotráfico”, refiere un líder asháninka.

A su testimonio se suma una autoridad comunal, cuya identidad se mantendrá en reserva por seguridad, quien reconoció a OjoPúblico que el narcotráfico amenaza su territorio. Aunque prefirió no brindar detalles sobre la presencia de mochileros, señaló que existen sembríos de hoja de coca y que no hay vigilancia de las fuerzas del orden: la comisaría más cercana a su localidad se ubica en el centro poblado de Natividad, Cusco. “Aquí falta agua y desagüe, puestos de salud. Vivimos en lo último de la frontera”, señaló.

Además del cultivo de hoja de coca, otras amenazas alertadas por las comunidades asháninkas son las pozas de maceración y la presencia de remanentes terroristas que, en alianza con el narcotráfico, aún generan zozobra en el territorio, sobre todo, entre quienes se oponen a la siembra. El pueblo asháninka en Satipo fue diezmado con la llegada del MRTA y Sendero Luminoso, durante el conflicto armado interno (1980-2000).

^{RUTA. En la comunidad asháninka de Camantavishi, que colinda con la Reserva Asháninka (al fondo), se ha identificado el pase de mochileros. Foto: Care asháninka} 

“Para que un territorio como en el extremo norte y extremo sur del Vraem usen el modus operandi del mochileo se parte de la premisa de que son territorios controlados por una fuerza fáctica que brinda seguridad. En el extremo norte, esa seguridad la brindan los remanentes de terrorismo liderados por los Quispe Palomino (...). Permiten el trasteo de drogas, a través de mochileo y rutas fluviales cobrando un cupo”, explica Rubén Vargas.

Según el último informe de Devida, publicado el 2025, el Vraem concentra más de un tercio de la superficie cultivada de hoja de coca en producción a nivel nacional: 36.345 hectáreas, que equivale al 40,5%. Y más de la mitad de lo monitoreado en el Vraem, en 2024, se concentraba en cinco distritos, entre ellos Río Tambo y Vizcatán del Ene, en Satipo, Junín.

“Lamentablemente han ingresado a producir en territorio de comunidades, han roto sus estructuras sociales y económicas (...). [Colonos cocaleros] alquilan o arriendan áreas y hacen negociados con los jefes de la comunidad. Se aprovechan de la necesidad y la falta de capacidad de negociación”, añade a este medio una especialista que conoce la zona. 

La CARE rechaza la venta y alquiler del territorio indígena, destinado a la economía familiar, la conservación de bosques y de agua, el uso de las nuevas generaciones y mitigar la crisis climática, refiere una de sus autoridades. 

Áreas protegidas

La Reserva Comunal Asháninka, con una superficie de 184.468 hectáreas, se encuentra en la Cordillera de Vilcabamba, entre los distritos de Río Tambo, en la provincia de Satipo,  Junín; y de Pichari, en La Convención, Cusco. Por un lado, colinda con el Parque Otishi y, por el otro, con comunidades asháninkas.

Según el último reporte de Devida, esta reserva figura entre los 15 territorios protegidos que fueron afectados con superficie cultivada con arbusto de hoja de coca. En 2024, las 1.528 hectáreas identificadas en la zona de amortiguamiento de la reserva estaban distribuidas en La Convención, Cusco, y en Río Tambo, provincia de Satipo, Junín. Este último caso concentró el 69% (1.055 hectáreas) del área cultivada, lo cual, según Devida, representó un 3% menor que el año anterior.

Esta reserva tiene entre sus amenazas la expansión de cultivos potencialmente  ilícitos en su zona de amortiguamiento. 

Así lo reconoce su Plan Maestro 2024-2028, el cual señala que los habitantes de los caseríos Santa Fe y La Victoria, en la comunidad de Pitirinquini, Cusco, son colonos que, en algún momento, alquilaron terrenos a la comunidad con fines agrícolas, pero en la actualidad se han convertido en una invasión que cultiva hoja de coca. El caserío Irinikiari es el más cercano al área natural protegida.

^{REPORTE. En 2024, se identificó 1.528 hectáreas de cultivo de arbusto de hoja de coca en producción en la zona de amortiguamiento de Reserva Asháninka. Imagen: Devida} 

“Quieren invadir el territorio de la Reserva Comunal Asháninka y Parque Otishi. Nosotros siempre cuidamos. El Ministerio del Ambiente tiene que tomar acciones concretas (...). Las comunidades tenemos un compromiso con el Estado, que es defender todo el territorio, esa Área Natural Protegida. Sin embargo, el Estado no hace nada para proteger a los defensores. No ganamos ni un sol, ni sueldo nada. Ganamos problemas y amenazas”, Guilin Tomas Maqui, vicepresidente de la CART.

El Parque Nacional Otishi se extiende en 305.973 hectáreas, entre los distritos de Río Tambo, en Junín y Echarate, en Cusco. Su objetivo es proteger la Cordillera de Vilcabamba para conservar la estabilidad de los suelos y el agua de las cuencas de los ríos Ene, Tambo y Urubamba. En uno de sus flancos se encuentra la Reserva Comunal Machiguenga y en el otro la Asháninka, la cual actúa como una barrera que la separa de las comunidades.

Entre las amenazas potenciales figuran el cambio de uso de suelos, los incendios forestales, así como construcciones de caminos y pistas de inserción y extracción de avionetas. El primer caso en sectores del río Ene bajo y alto es considerado una actividad antrópica posiblemente vinculada al narcotráfico, remanentes del terrorismo, lo cual no ocurre al interior de esta área, según su Plan Maestro 2024-2028.

Evolución de la superficie cultivada con hoja de coca en la zona de amortiguamiento de la Reserva Asháninka

La superficie cultivada con hoja de coca en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, entre Junín y Cusco, ascendió a 1.528 hectáreas, en 2024. El mayor porcentaje se concentró en el distrito de Río Tambo.

En este último se confirma el hallazgo, años atrás, de una pista de aterrizaje, ahora inoperativa. Dos fuentes cercanas a dicha área protegida señalaron que, si bien es complejo registrar actividades antrópicas en el parque, se han identificado indicios —como incendios— de posible tránsito en la zona. “Suponemos que [mochileros] pasan por ahí, porque para el otro flanco; es decir, en la cuenca del Urubamba, se han registrado algunas pistas clandestinas”, indicó una de ellas.

El Parque Otishi tiene una geografía compleja y diversa: bosques achaparrados, áreas agrestes con musgo y agua, y zonas con más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con apenas siete guardaparques. “Dado que la ANP es un espacio sin intervención y de difícil acceso, se convierte en un lugar predilecto para el transporte de productos ilícitos, por lo cual mantiene una latencia para apertura de nuevas pistas o caminos de acceso”, sostiene su plan maestro. 

OjoPúblico solicitó una entrevista a Sernanp, pero hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.

^{PROTEGIDO. El Parque Nacional de Otishi tiene 665 especies de flora y fauna, y aloja familias asháninkas en aislamiento o contacto inicial. Foto: Sernanp} 

Consultado por este medio sobre el paso de mochileros en la Reserva Asháninka y Parque Nacional Otishi, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, dijo que no tenía alcances del tema, pero —añadió— el territorio es inmenso, inhóspito y “no se puede negar que puede haber invasores que han ingresado de manera progresiva”. 

Una autoridad de la provincia de Satipo, en tanto, refirió que sí hay caminos que atraviesan dichas áreas naturales protegidas. “Ellos paran cambiando su camino. No lo tienen permanentemente. Cruzan por algunos lugares rígidos, como nuestro Parque Otishi”, dijo a este medio. 

Ruben Vargas sostiene que, entre los espacios más afectados por la expansión de hoja de coca, insumo principal para la cocaína, están justamente las áreas naturales protegidas y territorios comunales. “En el norte del Vraem tenemos la Reserva Asháninka, Otishi y otras más que son parte de la ruta de la droga (...). El problema es que, ahora, nadie habla del Vraem”. 

Los impactos en la comunidad

En diálogo con OjoPúblico, dirigentes de comunidades asháninkas y de comités de autodefensa señalaron que el avance del narcotráfico provoca zozobra y violencia en sus territorios, amenazas y criminalización hacia los líderes, así como contaminación de los ríos. Uno de los casos más graves y recientes ocurrió en la comunidad de Puerto Ocopa, distrito de Río Tambo, donde fue asesinado el líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez, el 8 de abril de 2023. 

Según información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la que accedió este medio, entre enero de 2019 y el 25 de junio de 2026, Río Tambo es el distrito de la región Junín con más personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Dos casos en 2020; uno en 2021 y 2022; cinco en 2023 y uno en 2025.

En el ámbito nacional, en tanto, el tráfico ilícito de drogas representó 108 situaciones de riesgo para defensores de derechos humanos.

^{DEMANDA. El pueblo asháninka de la provincia de Satipo piden a las autoridades la protección de su territorio y acceso a servicios básicos. Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos} 

“De nada sirve tener un mecanismo si realmente no nos va a dar la garantía de que podamos estar protegidos. Hay una mesa regional en Junín, estamos tratando de proponer un reglamento de autoprotección para que realmente busquemos la manera de proteger a los verdaderos defensores”, señala Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE.

Según los testimonios de los líderes asháninkas y alcaldes de centros poblados, esta actividad ilícita y el desecho de sus insumos han afectado quebradas y ríos como Quempiri, así como las aguas donde los niños y adultos asháninkas se bañan o usan para el consumo. “Mi comunidad Pampa Alegre consume los pescaditos. Estamos viendo escasez por la contaminación que utilizan los narcotraficantes”, refirió un habitante.

^{RESISTENCIA. El pueblo asháninka fue golpeado por la violencia terrorista, entre los 80 y 2000, y, ahora, se encuentra asediado por economías ilegales. Buscan mejorar el buen vivir. Foto: OjoPúblico / Katty Lázaro} 

En este escenario, la población asháninka observa el paso de los mochileros en silencio, resguardando que no vulneren su territorio. 

“No se puede hacer mucho. No hay presencia de la Policía. Los ronderos están ahí, pero mientras no nos fastidien, tampoco les podemos fastidiar. En realidad, es trabajo de la Policía, de las Fuerzas Armadas controlarlo. No [vemos personal policial]. ¿Quién va a entrar ahí? Si entran, salen muertos”, dice un líder asháninka. Añaden que envían reportes a estas entidades. Generalmente no reciben respuesta.

Fuente: Ojo Público