Crece la violencia paramilitar contra comunidades y liderazgos sociales

Más de un mes después de la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia colombiana, continúan los asesinatos de liderazgos sociales y las masacres contra la población.

El 12 de septiembre, en Remedios (Antioquia), asesinaron a William de Jesús Giraldo, líder comunitario, defensor de derechos humanos y comerciante de la región. Aunque las autoridades investigan el asesinato del líder, después del crimen el Clan del Golfo amenazó a las comunidades, lo que provocó el desplazamiento de habitantes del territorio.

Desde 2022, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas que incluyen al municipio de Remedios. En esas alertas tempranas, el organismo advirtió sobre un escenario de riesgo persistente en esta subregión del Magdalena Medio antioqueño, caracterizado por la presencia y el accionar de grupos armados ilegales que ejercen control territorial, social y económico sobre las comunidades. Además del Clan del Golfo (o EGC), en el territorio operan el Frente Cuarto de las disidencias, la Séptima División del Ejército y el grupo insurgente del ELN.

Mientras tanto, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció que al menos 14 familias fueron desplazadas hacia el municipio de Segovia, en Antioquia. La misma organización alertó que el pasado 9 de septiembre hubo un retén en el que habrían bajado de vehículos a habitantes, los habrían golpeado y los habrían sometido a revisión de sus celulares.

«Exigimos al Estado, a los organismos humanitarios y a la comunidad internacional acciones urgentes para proteger a la población civil rural y prevenir nuevos desplazamientos», dijo Corpades.

Asimismo, Corpades cuestionó la respuesta de la Procuraduría colombiana y expresó su preocupación por lo que calificó como «un preocupante debilitamiento de la respuesta del Ministerio Público y un cuestionable silencio ante las graves violaciones de derechos humanos que afectan a comunidades y a las personas defensoras de los derechos humanos».

Los cuestionamientos de Corpades también salpican a la Policía y a la Gobernación de Antioquia. Según la organización de derechos humanos, existiría un ocultamiento de las cifras de muertes violentas en el departamento por parte de estas instituciones.

Fuente: Colombia Informa