Falta de transparencia continúa en la construcción de estrategia para minerales críticos; mientras sector minero cabildea

A principios de agosto la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció a través de su cuenta de X, que la dependencia a su cargo, junto con las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público; de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y el Servicio Geológico Mexicano avanzan en una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos para impulsar el Plan México. “La riqueza mineral de México es enorme y debe traducirse en bienestar, innovación y sostenibilidad”, escribió Bárcena, publicando la foto de una reunión en la que lucían los representantes de las demás dependencias.
El anuncio en sus redes sociales no vino acompañado de cualquier otra información oficial sobre dicho plan, tampoco las demás instancias de gobierno salieron a explicar sus términos. En protesta, la red de organizaciones, comunidades, académicos y movimientos sociales reunidos en la colectiva ¡Cambiémosla Ya! se pronunció externando que la estrategia genera incertidumbre y gran preocupación para las comunidades porque perfila un nuevo impulso de gran escala al extractivismo minero en los territorios con el fin de abastecer de minerales, por un lado, a las industrias en el marco del Plan México y, por otro, a los Estados Unidos por los compromisos asumidos tras la firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre ambos países al inicio del año.

La colectiva criticó el hecho de que las dependencias involucradas en el desarrollo de este instrumento “no abran espacios de participación ciudadana ni expliquen en qué consiste dicha estrategia, y peor aún, que en el proceso de construcción de una política de esta naturaleza no involucren a los directamente afectados, los pueblos y comunidades quienes además custodian los bienes naturales del país”.

Días después del pronunciamiento de las organizaciones, nuevamente por sus redes sociales, la secretaria de medio ambiente escribió que “nada se hará sin consultar a las comunidades. Apenas se están preparando los elementos y analizando lo que hacen otros países respecto a minerales críticos y tierras raras. Participación ciudadana, acceso a la información y a la justicia ambiental son principios de mi gestión”.

Hasta la fecha no hay ninguna información pública sobre los elementos y análisis mencionados por Bárcena, tampoco se abrieron espacios de participación ciudadana o de acceso a la información sobre el tema.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales mantienen una estrecha comunicación y colaboración con la industria minera, subraya la colectiva. Tanto es así que, días después de la reunión publicitada por Bárcena, la directora del Servicio Geológico Mexicano (SGM), Flor de María Harp, participó de la inauguración del noveno Congreso Nacional de Minería Durango 2026, al lado de personajes como el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) y director general de la Compañía Minera Autlán, Pedro Rivero, y del director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebolla, un grupo mexicano minero-metalúrgico-químico. Estuvieron presentes alrededor de 1,500 personas consideradas líderes del sector minero.

Presión minera

En el marco del congreso minero en Durango, la industria minera presentó un documento en el cual hace propuestas al plan de minerales críticos, entre ellas “agilizar” los tiempos de otorgamiento de permisos ambientales y sociales. De acuerdo con medios locales, se propone establecer una ventanilla única e incentivos para la producción de minerales críticos, identificar inversiones prioritarias en refinación y procesamiento, además de la “modernización” de marcos legales que ofrezcan certeza jurídica a la inversión y garanticen la seguridad de las regiones mineras.

Las demandas del sector minero presentadas en el documento se juntan a inúmeras otras expresadas por representantes mineros en medios de comunicación y en sus propias redes de difusión, especialmente después de la aprobación, en 2023, de la nueva ley minera, con el objetivo de debilitar algunos de los avances que logró consolidar la ley.

Una de las premisas que han difundido es que “sin exploración será imposible contar con minerales críticos”. Eso porque la nueva ley fortaleció el Servicio Geológico Mexicano (SGM) al otorgarle el monopolio de la exploración en detrimento de los privados. “Sin actividad de exploración será imposible contar con los nuevos minerales críticos que requiere Norteamérica para competir como bloque contra China en la transición energética”, advirtió Pedro Rivero, presidente de la Camimex.

En una declaración dada por la directora general del Servicio Geológico Mexicano a finales de 2025, aseguró que es viable el regreso de la iniciativa privada a la exploración minera, siempre bajo ciertas reglas que aún se encuentran en discusión.

Para la colectiva, la falta de información genera preocupación, ya que los avances en la Ley de Minería de 2023 no se han podido aplicar a cabalidad, debido al incumplimiento del gobierno federal de publicar el reglamento de norma. Algunos de los avances citados por las organizaciones que, consideran, están amenazados: la minería no posee más el carácter de actividad preferente; prohibió la minería en Áreas Naturales Protegidas y la minería submarina; incorporó causales de cancelación de concesiones mineras, la obligación de las empresas de contar con planes de cierre y post cierre de minas antes de empezar la operación; prohibió las concesiones en zonas con escasez de agua.

“Lo peor es que la Secretaría de Economía ya trabaja de la mano de la industria, en un proceso de reforma a la Ley de Minería de 2023, para regresarle los privilegios a la industria minera a costa de las afectaciones de los derechos de las comunidades y la destrucción ambiental”, alertan.

Llamado

La colectiva hace un llamado al gobierno federal para que publique los contenidos, objetivos y alcances de la Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos, así como del Plan de Acción sobre Minerales Críticos suscrito con Estados Unidos y demanda que cualquier decisión se construya “mediante procesos transparentes, con información accesible y la participación efectiva de comunidades y pueblos indígenas potencialmente afectados, en cumplimiento de sus derechos, de la legislación vigente y de los principios de justicia ambiental”.

Fuente:  Avispa Midia