Desactivan investigaciones de matanzas de dictadura en 2022-2023

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el ejército y la policía asesinaron a 50 personas en  protestas en localidades andinas contra el golpe de Estado del Congreso al presidente legítimo, Pedro Castillo. En la jornada más letal, el 9 de enero de 2023, fueron victimadas 18 personas, entre ellas tres menores de edad, en Juliaca (región Puno). 

Por estos crímenes se abrieron 62 investigaciones a 285 agentes policiales y 39 militares, por delitos contra la vida y violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al Observatorio de Criminalidad.

El Ministerio Público identificó a 766 agraviados, entre ellos 716 lesionados, precisa un informe sobre la actuación del Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas de Protestas Sociales, creado en 2023. 

Este 5 de enero, la Fiscalía de la Nación emitió un conjunto de normas que dejan sin efecto la conformación de los equipos especiales para casos de alta complejidad, cuando tres de estos procesos ya se encontraban en etapa de acusación fiscal. Entre ellos el asesinato de Víctor Santisteban durante una protesta en Lima, por el que se pide 35 años de prisión contra un ex comandante general de la policía y otros oficiales. 

En las regiones Ayacucho, Junín, Puno y Cusco concluyó la etapa de investigación preparatoria y se avanzaba hacia la acusación. Ahora los casos serán trasladados a fiscalías comunes.  

Maniobras para garantizar impunidad

Tras la destitución de Boluarte en octubre de 2025, la dictadura cívico-militar instalada desde el Congreso se vale de un fiscal de la Nación nombrado mediante maniobras ilegales para asegurar la impunidad de la violencia estatal. 

La resolución coincide con el tercer año de conmemoraciones de las masacres. Las defensas legales de los familiares de las víctimas advierten que la desactivación del equipo especial retrocederá las investigaciones.

“No se puede avanzar sobre la injusticia. No es que no queremos seguir adelante. Sería fácil aceptar que estas matanzas se normalicen, que se repitan, que mañana vuelva a tocarle a otros. Mientras haya huérfanos sin respuestas y familias rotas por la violencia de Estado, no habrá silencio ni olvido. Recordar es resistir, exigir justicia es una forma de humanidad”, manifestó la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero Juliaca-Puno.

En Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa y Junín, los agentes estatales utilizaron armas de fuego, incluyendo proyectiles de guerra, contra la población movilizada en defensa de la permanencia de Castillo. En Apurímac dispararon contra camiones en los que se movilizaban manifestantes, asesinando a una persona e hiriendo de gravedad a otra. La policía sostuvo que los civiles iban armados e iniciaron el ataque, lo que fue desmentido por los peritajes.

En Lima, un manifestante de la región Puno fue torturado y abandonado en los exteriores de una comisaría. Semanas después falleció a causa de las lesiones. La represión extrema fue racializada, dirigida a poblaciones indígenas —principalmente aimaras y quechuas— del sur andino del Perú.

“¿Cómo explicar a los sobrevivientes que rehagan su vida si muchos de ellos aún tienen más de cien perdigones de metal en el cuerpo, si viven con balas alojadas en el cuerpo, si quedaron ciegos, inválidos, si les robaron hasta la posibilidad de hablar? Ellos no solo sobrevivieron, fueron condenados para siempre”, añade el colectivo.

Con respecto a la masacre de Juliaca, un expolicía confesó que el oficial a cargo de las operaciones ordenó a agentes infiltrados detonar explosivos artesanales, para así justificar la represión extrema. Asimismo, reveló que los manifestantes no llegaron a ingresar al aeropuerto, como informó el gobierno con el fin de legitimar ante la opinión pública el uso de la violencia en “defensa” de la seguridad pública.

Fuente: Avispa Midia