Detienen a dirigentes de la COB en un operativo irregular y crece la escalada represiva del gobierno de Rodrigo Paz
La creciente ofensiva represiva del gobierno de Rodrigo Paz sumó este domingo un nuevo capítulo con la detención de cinco dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de El Alto. El operativo, realizado por efectivos policiales vestidos de civil y portando armas largas, fue denunciado como irregular por organizaciones sindicales y sociales, que exigen la inmediata liberación de las personas detenidas. Mientras no sean detenidos los bloqueos en todo el país.
Según registraron medios locales y difundió Radio Kawsachun Coca, los dirigentes fueron interceptados mientras se trasladaban en un vehículo. Testigos denunciaron que los agentes utilizaron gases lacrimógenos contra el automóvil antes de concretar las detenciones. Las personas arrestadas fueron identificadas como Limber Onofre Sánchez, Patricia Sánchez Ramos, Hever Gonzalo Bravo Tacuari, Sergio David Onofre Arispe y Evelio Ramos Chacaca.
Las detenciones ocurren en medio de una profundización de la crisis política y social que atraviesa Bolivia. Apenas días después de que el presidente Rodrigo Paz avanzara con la reglamentación del Estado de Excepción, distintos sectores denuncian que el gobierno está utilizando las nuevas facultades extraordinarias para reforzar la persecución contra dirigentes sindicales, campesinos y organizaciones populares que participan de las protestas y bloqueos en diferentes regiones del país.
La respuesta de las organizaciones obreras no tardó en llegar. En un duro pronunciamiento titulado «Denuncia por el secuestro y aprehensión arbitraria de dirigentes de la C.O.B.», la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), histórica «columna vertebral» de la COB, denunció lo que calificó como un «secuestro, atentado a la vida y aprehensión ilegal» de los cinco dirigentes nacionales.
Según la federación minera, los trabajadores fueron interceptados «violentamente mientras transitaban en vía pública de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas». El comunicado sostiene además que los agentes «no portaban identificación policial ni presentaron ningún mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente», y que incluso arrojaron gas lacrimógeno al interior del motorizado para forzar la salida de sus ocupantes, poniendo «en riesgo inminente su integridad física y sus vidas».
La FSTMB denunció que los dirigentes permanecen retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) sin que exista un informe policial que justifique el operativo. Para la organización, se trata de una «flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado», particularmente de los derechos a la vida, la integridad física, el fuero sindical, el debido proceso y la prohibición de detenciones arbitrarias sin orden judicial ni flagrancia.
El pronunciamiento también advierte sobre posibles hechos de violencia posteriores a las detenciones. La organización señaló que los videos difundidos en redes sociales, de confirmarse su autenticidad, podrían constituir actos de «tortura y violencia inhumana» contra los dirigentes sindicales, en abierta contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano en materia de derechos humanos.
En uno de los pasajes más contundentes del documento, la federación afirma que los hechos constituyen «tratos crueles y privación de libertad ilegal» y denuncia la vulneración del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la libertad sindical. Según la FSTMB, se trata de «un claro caso de amedrentamiento y persecución sindical incompatible con un Estado de Derecho».
Aunque Rodrigo Paz no ha decretado formalmente un Estado de Sitio, sindicatos y organizaciones populares sostienen que la reglamentación del Estado de Excepción y los operativos desplegados en las últimas semanas configuran un escenario de excepción de facto. La militarización de territorios en conflicto, la persecución judicial de dirigentes y las detenciones realizadas por agentes encubiertos aparecen como parte de una estrategia orientada a desarticular la resistencia social frente a la crisis política y económica.
Frente a la gravedad de la situación, la FSTMB exigió la «liberación inmediata e irrestricta» de los cinco dirigentes detenidos y solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, la organización se declaró en Estado de Emergencia Nacional y advirtió que «la clase obrera no permitirá que se criminalice la labor dirigencial ni se instauren prácticas ilegales de secuestro».
Fuente: ANRed
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