Economía de guerra contra el pueblo
Mientras el discurso oficial insiste en mostrar a Paraguay como un ejemplo de estabilidad macroeconómica, la vida cotidiana de la mayoría de la población cuenta otra historia: endeudamiento familiar, dificultades para acceder a servicios básicos y una creciente desigualdad. Los grandes números que se sostienen sobre la soja y la carne no se traducen en bienestar para la gente.
Uno de los indicadores más claros de esta contradicción es el crecimiento acelerado de la deuda pública. Al cierre de 2025, la deuda del sector público alcanzó los 20.408,6 millones de dólares, equivalentes al 41,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo entre 2024 y 2025, el incremento fue de 2.325,4 millones de dólares, un aumento interanual del 12,9%. Para dimensionar este proceso, basta señalar que en julio de 2012 la deuda total era de apenas 2.179,4 millones de dólares. Es decir, en un solo año reciente se superó todo lo acumulado hasta entonces.
Este endeudamiento, compuesto principalmente por bonos soberanos y préstamos de organismos internacionales, no parece orientarse a mejorar las condiciones de vida de la población. Por el contrario, la inversión pública evidencia prioridades que responden al modelo extractivo. Entre 2022 y 2024, las principales obras de infraestructura se concentraron en la Región Occidental, particularmente en proyectos como el corredor bioceánico y la llamada “ruta de la leche”, que en conjunto superan los 3,2 billones de guaraníes. En la Región Oriental las principales obras, superan los 706 mil millones de guaraníes, reflejando una distribución desigual y funcional a los intereses del agronegocio, como se analiza en el material Con la soja al cuello 2024.
A esta orientación económica se suma una crisis persistente en el sistema de salud. El desabastecimiento de medicamentos y las dificultades para acceder a atención básica exponen una deuda histórica del Estado con la población. Paraguay invierte menos del 3% de su PIB en salud, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Como resultado, apenas el 28,6% de la población cuenta con algún tipo de seguro médico, mientras la mayoría debe afrontar gastos de su propio bolsillo, profundizando las desigualdades.
El impacto de este modelo también se siente con fuerza en el costo de vida. En los últimos dos años, el precio de la carne vacuna —uno de los principales productos de exportación del país— aumentó hasta un 75%, según reportes periodísticos. Esta situación resulta tan paradójica como injusta: en un país que produce y exporta alimentos a gran escala, amplios sectores de la población enfrentan crecientes dificultades para acceder a ellos.
Así, se consolida una economía que crece hacia afuera, pero excluye hacia adentro. Mientras se prioriza el pago de la deuda y la infraestructura al servicio del extractivismo, las necesidades básicas de la población quedan relegadas. Los recientes anuncios del Ministro de Economía, Carlos Fernandez Valdovinos, sólo presagian que la “economía de guerra” seguirá siendo contra la gente.
Fuente: BASE-IS