Ecuador: Liberan al activista antiminero Javier Ramírez

Idioma Español
País Ecuador

El dirigente y defensor ambiental Javier Ramírez abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, donde permanecía detenido desde abril de 2014. Fue recibido con aplausos por familiares, amigos y cientos de simpatizantes.

Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región de Íntag, fue detenido el 10 de abril de 2014 por los presuntos delitos de “rebelión, sabotaje y terrorismo”.

El 10 de febrero, el Tribunal Primero de Garantían Penales de Ibarra lo condenó a 10 meses de prisión por una supuesta agresión a funcionarios y una camioneta de la Empresa Nacional Minera (Enami).

Después de conocerse la condena, Ramírez fue puesto inmediatamente en libertad pues ya había cumplido 308 días de cárcel.

Íntag es una zona montañosa de Cotacachi, en el norte de Ecuador, donde viven unas 13.000 personas. La región es parte de dos hotspots de biodiversidad de importancia mundial: Tumbes-Chocó-Magdalena y los Andes Tropicales.

La minera estatal chilena Codelco, en alianza con el gobierno de Rafael Correa, pretenden desarrollar allí el proyecto de exploración de cobre denominado Llurimagua.

Según el diario La Hora el abogado de la defensa, Ramiro Román, se manifestó en desacuerdo con la sentencia porque “tres de los cuatro supuestos agredidos, Mauricio Díaz, Borys Esparza y David Santos, funcionarios de la Enami, declararon no conocer a Ramírez y lo identificaron únicamente por fotos” (ver noticia).

“Haremos todo lo que corresponda para que esta sentencia sea revisada por las instancias superiores”, manifestó el letrado.

Por su parte, el diario El Comercio de Quito informó que el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, y el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, hicieron público su apoyo a Ramírez (ver noticia) y rechazaron los proyectos mineros que pretenden ejecutarse en la región.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional expresaron su preocupación al gobierno de Ecuador porque “el proceso penal contra Javier Ramírez parece un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras” (ver comunicado).

Las comunidades de Íntag expulsaron a la japonesa Mitsubishi Corporation en 1997 y a la canadiense Ascendant Copper en 2002.

Fuente: Servindi

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Minería

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