El Acuerdo Estados Unidos–Argentina en la competencia estratégica con China

El Acuerdo Estados Unidos–Argentina en la competencia estratégica con China: economía, seguridad nacional y proyección hemisférica estadounidense

La escalada de la guerra económica entre Estados Unidos y China en 2025 otorgó una nueva centralidad a los minerales críticos en la política internacional. Las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros insumos estratégicos, adoptadas en respuesta a las medidas arancelarias de la administración Trump, elevadas al 100 %, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas productivas estadounidenses en sectores considerados esenciales para la defensa, la transición energética y la competitividad tecnológica. En este contexto, Washington aceleró iniciativas destinadas a diversificar proveedores, reorganizar cadenas de suministro y ampliar su influencia sobre regiones poseedoras de recursos estratégicos.

La disponibilidad de minerales críticos, la proximidad geográfica y la creciente preocupación estadounidense por la presencia económica china en la región contribuyeron a intensificar instrumentos de coordinación económica, financiera y regulatoria con gobiernos latinoamericanos. El Project Vault fue una de las iniciativas destinadas a movilizar recursos del Export-Import Bank (EXIM) para financiar la exploración y el procesamiento de la cadena de minerales críticos en el hemisferio. El Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos firmado entre Estados Unidos y Argentina en febrero de 2026 se inserta en esta dinámica más amplia.

Este artículo sostiene que el Acuerdo Estados Unidos–Argentina debe ser comprendido no solo como un instrumento de cooperación económica bilateral, sino también como parte de una estrategia más amplia de proyección hemisférica de Estados Unidos en un contexto de competencia estratégica con China. Al articular seguridad económica, inversión y acceso a recursos estratégicos, el tratado revela cómo los instrumentos económicos han pasado a desempeñar funciones centrales en la reorganización de cadenas productivas y en la disputa por influencia en el Hemisferio Occidental. Esta orientación no surge de manera aislada, sino que presenta elementos de continuidad con iniciativas previas de la política hemisférica estadounidense, como el programa América Crece, lanzado en 2019 para ampliar la presencia económica de Estados Unidos en América Latina mediante instrumentos financieros, apoyo regulatorio y promoción de inversiones privadas en sectores estratégicos. El acuerdo firmado con Argentina profundiza esa lógica al incorporar mecanismos más amplios de coordinación regulatoria, seguridad de las inversiones e infraestructura tecnológica, reflejando la creciente articulación entre política económica y seguridad nacional en la estrategia estadounidense hacia la región.

La inversión en el texto del acuerdo

Desde la primera administración Trump, el concepto de seguridad económica fue progresivamente ampliado en las Estrategias de Seguridad Nacional y en diversos instrumentos normativos estadounidenses, desplazando la economía de una función subsidiaria respecto de la defensa hacia una posición central en la formulación estratégica del Estado. Comercio, tecnología, inversión y cadenas de suministro pasaron a ser concebidos como dimensiones de la seguridad nacional, ampliando el uso de instrumentos económicos en la política exterior estadounidense.

Esta transformación también se proyecta sobre la política hemisférica. La creciente preocupación por la presencia de actores extrahemisféricos, particularmente China, contribuyó a reforzar la importancia estratégica atribuida a sectores como minerales críticos, infraestructura, tecnología y flujos de inversión. En este contexto, el Acuerdo Estados Unidos–Argentina constituye una expresión concreta de la convergencia entre seguridad económica, competencia geopolítica y política hemisférica.

El Capítulo 4 (“Economía y seguridad nacional”) constituye el núcleo del tratamiento de la inversión en el acuerdo. Establece mecanismos de coordinación en materias sensibles, incluyendo controles de exportación, respuesta a prácticas de empresas controladas por terceros países y la exploración de mecanismos nacionales de revisión de inversiones por motivos de seguridad. La inversión deja así de ser tratada exclusivamente bajo parámetros económicos y pasa a vincularse con criterios estratégicos.

El Capítulo 5 (“Consideraciones comerciales y oportunidades”) complementa esta arquitectura al orientar oportunidades de inversión hacia sectores prioritarios —minerales críticos, energía, infraestructura y tecnología— y prever la movilización de instrumentos financieros estadounidenses, como el Export-Import Bank de los Estados Unidos (EXIM) y la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), institución creada para apoyar objetivos estratégicos de la política exterior estadounidense mediante financiamiento al desarrollo e inversiones en sectores considerados prioritarios. Asimismo, establece disciplinas competitivas aplicables a empresas estatales, reforzando la convergencia regulatoria en sectores sensibles.

Los compromisos relativos a la transparencia normativa, la adopción de estándares internacionales, los análisis de impacto regulatorio y la digitalización aduanera afectan directamente el entorno de inversión, aproximando el marco institucional argentino a parámetros asociados con economías avanzadas. El fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y de los mecanismos de cumplimiento amplía la previsibilidad jurídica para inversiones intensivas en tecnología.

La articulación entre economía y seguridad adquiere así una expresión explícita en los Capítulos 4 y 5. En ellos, la seguridad deja de operar como una excepción, en los términos del Artículo XXI del GATT, y pasa a estructurar el régimen bilateral de comercio e inversión.

Minerales críticos y competencia estratégica

La sección dedicada a los minerales críticos prioriza la cooperación en cadenas de cobre, litio y otros insumos estratégicos. El texto indica una reorganización deliberada de las cadenas globales conforme a criterios de resiliencia productiva y confiabilidad política. El recurso natural deja de ser tratado únicamente como una mercancía de exportación y pasa a integrarse a una arquitectura de política tecnológica y energética.

En este contexto, aunque el tratado no menciona nominalmente a China, las disposiciones relativas a prácticas de terceros países, controles de exportación, seguridad de las inversiones y disciplina sobre empresas estatales adquieren un significado particular.

La relevancia de estas disposiciones no radica únicamente en los sectores que priorizan, sino también en los mecanismos de gobernanza que introducen. La combinación de controles tecnológicos, revisión de inversiones, disciplinas sobre empresas estatales y cooperación regulatoria amplía la capacidad de coordinación bilateral en áreas sensibles y crea condiciones institucionales que pueden influir sobre la participación de actores externos en sectores estratégicos. El Cuadro 2 resume los principales dispositivos del acuerdo con implicaciones para la competencia estratégica con China.

Conclusión

El análisis del Acuerdo Estados Unidos–Argentina demuestra que la creciente articulación entre economía y seguridad nacional está redefiniendo los instrumentos de actuación internacional de Estados Unidos. Lejos de limitarse a la liberalización comercial o a la promoción de inversiones, el tratado incorpora mecanismos de coordinación regulatoria, direccionamiento sectorial de capitales y cooperación tecnológica que aproximan la relación bilateral a prioridades estratégicas formuladas en Washington.

Aunque China aparece de forma limitada en el texto del acuerdo, su presencia es perceptible en la lógica que organiza varios de sus dispositivos. El acuerdo refleja una creciente tendencia a incorporar objetivos geopolíticos y de seguridad nacional al diseño de instrumentos económicos internacionales, desplazando la tradicional separación entre cooperación económica y competencia estratégica.

El acuerdo también puede entenderse como parte de una trayectoria más amplia de rearticulación económica de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. Iniciativas como América Crece, el fortalecimiento de la DFC y los recientes programas vinculados a minerales críticos muestran una creciente movilización de instrumentos económicos para reforzar la presencia estadounidense en la región en un contexto de competencia con China.

En este sentido, el caso argentino evidencia una reconfiguración más amplia de la política hemisférica estadounidense. Más que promover comercio o inversión, el tratado revela una modalidad de proyección de poder basada en la organización de espacios económicos estratégicos, la coordinación regulatoria y la construcción de redes de cooperación alineadas con prioridades definidas por Washington. El acuerdo muestra cómo la competencia entre Estados Unidos y China ha pasado a estructurar crecientemente la política económica hemisférica estadounidense y a redefinir el papel de los acuerdos económicos en la disputa por influencia regional.

Fuente: Bilaterals