El Salvador, entre el turismo y el terror
El pasado 18 de mayo se cumplió un año de la detención arbitraria de la abogada Ruth López, jefa de la unidad anti-corrupción de la organización Cristosal.
Mientras el gobierno salvadoreño promociona playas, volcanes y calles seguras en barrios gentrificados, miles de familias denuncian detenciones arbitrarias y buscan justicia para familiares encarcelados bajo el extendido régimen de excepción de Nayib Bukele. El contraste es tremendo: el país que recibe turistas con los brazos abiertos es también objeto de críticas internacionales por su situación de derechos humanos.
El pasado 18 de mayo se cumplió un año de la detención arbitraria de la abogada Ruth López, jefa de la unidad anti-corrupción de la organización Cristosal, en un claro intento de acallar a las voces críticas del régimen. Sigue presa a pesar de que el gobierno había dicho que su “arresto provisional” sería de seis meses (La Jornada, 4/6/25, https://tinyurl. com/2r938jmh).
Cientos de organizaciones de todo el mundo han reclamado la puesta incondicional en libertad de Ruth, ante la falta total de pruebas en su contra. Jamie Raskin, congresista demócrata estadunidense, tenaz crítico de Donald Trump, dijo que “a los autoritarios les encanta la corrupción y les aterroriza rendir cuentas. La detención de Ruth López, defensora de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, supone otro ataque escalofriante a la democracia por parte del régimen de Bukele” (trad. propia, https://tinyurl. com/4essn7cp).
Margaret Satterthwaite, relatora especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, reveló que Ruth López no tiene acceso pleno a representación legal y que su arresto sugiere un patrón de represión en contra de la sociedad civil y en particular a personas defensoras de la rendición de cuentas de los gobiernos (https://tinyurl. com/3xwzewfb).
En efecto, Cristosal denuncia que en El Salvador decenas de miles de personas han sido detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción y que el “espacio cívico se ha reducido de forma drástica, y muchos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil ya no pueden operar con seguridad en el país”.
En julio de 2025, Cristosal tuvo que mudar sus operaciones fuera de El Salvador, tras el aumento de la represión (https:// cristosal.org/es/). La detención de Ruth López se realizó en el contexto de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros –aprobada sin debate en la Asamblea Legislativa– apenas dos días después de su detención (https://tinyurl.com/bdebavr5). La ley impone un impuesto de 30 por ciento a la cooperación económica del exterior y muchos obstáculos para el registro de organizaciones de la sociedad civil.
Como otro ejemplo, el Comité de Solidaridad con El Salvador en México ha declarado que “se cumplieron dos años desde la detención de nueve veteranos de la guerra civil –tanto del ejército como de la guerrilla, que se unieron en 2020 para formar la Alianza Nacional El Salvador en Paz–, así como de Luis Menjívar, estudiante universitario y voluntario de comunicaciones del grupo”. Ayudaron durante años a movilizar protestas pacíficas para denunciar los ataques del gobierno de Bukele contra la democracia y los derechos humanos, así como el pisoteo de los Acuerdos de Paz firmados en México en 1992 (ver https://www.facebook.com/SolidaridadSVMX).
Por su parte, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador en Estados Unidos (CISPES, por sus siglas en inglés) reveló que Ruth López “también marchó junto a organizaciones de movimientos sociales que se oponen a la revocación, por parte del gobierno de Bukele, de la histórica prohibición de la minería metálica en el país, y ayudó a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa medida” (https:// tinyurl.com/2dykhbxj).
El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, las organizaciones e individuos que integran los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador se unieron al movimiento ambientalista salvadoreño: “Llamamos a las corporaciones mineras trasnacionales a que escuchen el clamor del pueblo salvadoreño que no quiere minería en El Salvador”.
El Salvador lideró al mundo en 2017 cuando su legislatura votó, de manera unánime, prohibir la minería metálica en el país. Encuestas de opinión pública en 2007, 2015 y 2024 muestran que más de 60 por ciento de la población salvadoreña se opone a la minería para preservar el agua de sus ríos. Pese a esa oposición pública, la legislatura controlada por el presidente Bukele aprobó una nueva ley de minería en diciembre de 2024 que abre el país a esa actividad sin protecciones ambientales.
Los Aliados Internacionales apoyan la opinión mayoritaria del pueblo salvadoreño de que la minería agravaría las condiciones de un país ambientalmente vulnerable con altos niveles de densidad de población, escasez de agua, deforestación y contaminación. Y hacen un llamado a las corporaciones estadunidenses y otras empresas extranjeras a que no inviertan en un país cuyo gobierno es acusado de tortura en sus prisiones y que niega a sus ciudadanos, como a Ruth López, el derecho al debido proceso (Pronunciamiento, https://tinyurl.com/ymdkrrab).
Sin embargo, el gobierno de Bukele hace caso omiso de los reclamos por los derechos humanos y sigue con su campaña promocional: “El Salvador sigue rompiendo récords en materia de turismo, gracias a las políticas e iniciativas que se vienen impulsando en años recientes, marcadas por los enormes avances en materia de seguridad… un logro histórico que pone de manifiesto el momento de transformaciones positivas que vive nuestra nación, mismo que atrae la atención del mundo entero” (https://rree.gob.sv/el-turismo-enel-salvador-sigue-al-alza/).
México es uno de los cinco principales socios comerciales y fuentes de inversiones para El Salvador. Es entendible la aplicación de la Doctrina Estrada, de no intervención. Pero en este caso no se trata de intervenir, sino de que el gobierno de México debería ejercer toda presión diplomática posible, por la defensa de los derechos humanos en un país hermano, y por hacer respetar los Acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec en 1992.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc. org)
Fuente: La Jornada
