El acuerdo Unión Europea-Marruecos es ilegal e injusto

Tras casi diez años de litigios legales, la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE), dictaminó en octubre de 2024 la anulación de los acuerdos comerciales de 2019 entre Marruecos y la UE que cubrían productos agrícolas y pesqueros. La corte halló que el Sahara Occidental podría ser incluido en esos acuerdos sólo bajo dos condiciones estrictas: primero, que el pueblo saharaui se involucrara genuinamente en el proceso de negociación y recibiera una porción de los beneficios económicos resultantes; y segundo, que los etiquetados de los productos cumplieran con las leyes internacionales distinguiendo con claridad los bienes procedentes del Sahara Occidental de todos aquellos producidos en el territorio internacionalmente reconocido de Marruecos.

Sin embargo, un año después, la Comisión Europea y el gobierno de Marruecos culminaron un nuevo acuerdo que parece haber reinstaurado con diferente maquillaje las previsiones que se habían descartado. Al enmarcarlo como un acuerdo de compromiso, éste incluye financiamiento europeo descrito como asistencia humanitaria para los campos de refugiados saharauis, y como financiamiento para proyectos de infraestructura en el territorio ocupado. También se introduce una nueva clasificación administrativa, creando dos regiones de origen —Dakhla y Laayoune— bajo la designación de “Gran Sur Marroquí”, un término ampliamente disputado debido a la falta de resolución del estatus internacional de ese territorio.
El 26 de noviembre, el esfuerzo de bloquear el acuerdo en el Parlamento Europeo fracasó por un solo voto, lo que pone de relieve las profundas y persistentes divisiones existentes en las instituciones europeas en torno al Sáhara Occidental.

Bilaterals.org conversó con Mohamed Ould Cherif, director del Centro de Estudios y Documentación Franco-Saharaui Ahmed Baba Miské; y con Jean Thévenot, un agricultor integrante de la Confédération Paysanne en el País Vasco dentro de Francia, y miembro de la Coordinación Europea de Vía Campesina.

Cómo evalúan el intento de la Comisión Europea de eludir el fallo de la Corte de Justicia sobre el Sahara Occidental en el contexto del acuerdo de comercio UE-Marruecos

Mohamed Ould Cherif: Los fallos emitidos el 4 de octubre de 2024 por la Corte de Justicia de la Unión Europea, no dejan lugar a la ambigüedad: el consentimiento del pueblo saharaui —o de su representante reconocido internacionalmente, el Frente Polisario— es un prerrequisito absoluto para cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos que incluya al Sahara Occidental.

No obstante, el acuerdo que acaba de culminarse extiende sus efectos a dicho territorio. Al hacerlo, elude con toda claridad la ley europea de casos establecida y es una directa violación a las decisiones de la corte. Esto no sólo debilita la autoridad de las instituciones jurídicas europeas; contribuye también a la erosión del orden legal internacional que con tanto esfuerzo se ha construido en Naciones Unidas durante décadas. Refleja lo que puede describirse como un resquebrajamiento «trumpiano» de las normas internacionales: una tendencia que se va ampliando, y donde las instituciones multilaterales y el derecho internacional son pasados por alto cada vez más.

Jean Thévenot: La Comisión ha intentado responder—sin muchos resultados, para ser honestos—a los dos requisitos fijados por la Corte, en la esperanza de mantener el acuerdo en vigor al tiempo de seguir incluyendo al Sahara Occidental. Para ese fin, recientemente modificaron las reglas de identificación creando lo que llamaron “nuevas regiones de origen” —Dakhla y Laayoune— etiquetándolas como “Gran Sur Marroquí”.

Pero no fue eso lo que requirió la Corte. El fallo era explícito: los productos importados del Sahara pueden entrar a la Unión Europea si están etiquetados con claridad como originarios del Sahara Occidental, no de Marruecos. Dado que las autoridades marroquíes se rehúsan categóricamente a permitir que el término “Sahara Occidental” aparezca en las etiquetas, la Comisión intentó eludir la disposición dándole la vuelta. Pero o bien desobedece a la Corte, o reconoce que no puede cumplir con los requisitos legales. Por eso intenta darles la vuelta.

¿Ha perdido credibilidad la Comisión Europea, en particular con el sector agrícola europeo?

Jean Thévenot: Está claro ahora que la actual Comisión ha decidido darle prioridad a los intereses industriales sobre la agricultura. El acuerdo UE-Mercosur es el ejemplo principal: beneficia a la industria, en particular a la industria alemana —mientras que afecta a los agricultores europeos. La propuesta de un fondo de salvaguarda de miles de millones de euros para la agricultura es en sí misma un reconocimiento de estos efectos negativos.

En cuanto al acuerdo UE-Marruecos la postura de Copa-Cogeca, el principal grupo de presión europeo del sector agroindustrial, es especialmente ambigua. Mientras que Marruecos exporta sobre todo productos hortícolas a la UE, la Unión Europea exporta grandes volúmenes de cereales —en especial trigo francés— a Marruecos. Esto ayuda a explicar por qué FNSEA, el influyente grupo de presión agrícola francés (miembro de Copa-Cogeca) e importantes productores de granos, respaldan con fuerza que se mantenga el acuerdo.

Mohamed Ould Cherif: La Comisión parece operar primordialmente en respuesta a las presiones de los grupos y a los intereses de los Estados miembros más influyentes. Esto explica su orientación general y su actitud despreciativa hacia las demandas de los campesinos franceses y el pueblo saharaui. Ninguno de estos grupos posee el suficiente apalancamiento político o en los medios como para afectar significativamente la toma de decisiones, lo que deja a la Comisión en posición de darle la vuelta a los fallos judiciales vinculantes adoptando tácticas dilatorias.

Esta dinámica socava la credibilidad de la Unión Europea en cuanto a cumplir las leyes internacionales y obedecer a sus propias cortes. También revela una escisión institucional problemática entre la Comisión Europea y la Corte de Justicia, lo que revela tensiones más profundas entre la interpretación y la aplicación de la ley. Atestiguamos entonces una lógica de corto plazo provocada por los grupos de presión, que prioriza los intereses económicos inmediatos por encima de la integridad institucional y la consistencia legal. Uno habría esperado que los Estados integrantes, cuyos gobiernos fueron electos democráticamente, actuaran como contrapeso. Su silencio, en cambio sugiere un abandono de sus responsabilidades fundamentales.

En términos más amplios, esto refleja una deriva hacia un capitalismo sin restricciones, donde los Estados —que nominalmente tendrían la tarea de proteger el interés público y los bienes comunes— quedan reducidos a actores pasivos, mientras las fuerzas del mercado y las redes de cabildeo modelan los resultados políticos y legales.

¿Cuál es el estado actual de la agricultura en el Sahara Occidental? ¿Cómo se comparan los campesinos saharaui con los colonos marroquíes?

Mohamed Ould Cherif: Esencialmente hay dos sistemas agrícolas en el Sahara Occidental, y reflejan la realidad de la ocupación. El primero es tradicional, frágil y principalmente saharaui. Se basa en el pastoralismo nómada y en sus prácticas tradicionales. Hacen uso extensivo de la tierra pero cuentan con limitaciones tecnológicas y en su irrigación. Sus raíces se remontan más allá de principios del siglo XX.

El segundo es un modelo de agricultura industrial, orientado a las exportaciones —con invernaderos, con cultivos sin suelo, acuacultura— que continúa su expansión desde principios del 2000. Este sector se aglutina cerca de Dakhla y lo impulsa el capital extranjero, incluyendo algunas inversiones ligadas a la familia real marroquí, como lo documenta un estudio de la Erasmus School. Compañías como Azura han establecido operaciones en este contexto, pese a que se han interpuesto impugnaciones legales.

Este sistema dual produce profundas inequidades estructurales. Las plantaciones industriales se benefician de las concesiones de tierra, de la infraestructura de agua, y de la inversión sustancial, mientras los campesinos saharaui enfrentan restricciones en el acceso a la tierra y al agua y miran cómo se ignoran sus derechos ancestrales a la tierra.

La composición de la fuerza de trabajo es también algo crítico. Los jornaleros de las modernas operaciones agrícolas son traídos sobre todo de Marruecos, lo que refuerza la dinámica de colonización y la marginación económica de la población indígena. Una investigación reciente sobre el colonialismo de los asentamientos sugiere que la “modernización” agrícola funciona como un instrumento político: el desarrollo industrial y la agricultura de asentamientos ayuda a afianzar la presencia demográfica y económica que normaliza la ocupación.

Los estudios enfatizan la necesidad de auditorías independientes del agua, el reconocimiento de los derechos ancestrales a la tierra —dado que Marruecos, al igual que Israel en Palestina, está implicada en expropiar la tierra agrícola saharaui. También hay necesidad de activar mecanismos de trazabilidad para evitar la validación comercial de las actividades efectuadas sin el consentimiento saharaui.

¿Cuáles son sus principales objeciones al acuerdo?

Mohamed Ould Cherif: Hay tres objeciones fundamentales. Primero, el acuerdo es ilegal, pues viola los fallos de la Corte de Justicia de la Unión Europea por incluir al Sahara Occidental sin el consentimiento de su pueblo. Segundo, tiene serias consecuencias políticas, porque debilita los procesos de paz de Naciones Unidas y daña la credibilidad de la Unión Europea en cuanto a la defensa de las leyes internacionales. Tercero, es injusta social y económicamente, pues beneficia a poderosos grupos de cabildeo mientras se marginaliza a los campesinos europeos y a la población saharaui.

Jean Thévenot: La Confédération Paysanne se opone en principio a los acuerdos de libre comercio porque consistentemente benefician a las corporaciones multinacionales y no a los pueblos. En el caso de Marruecos no es el papel de una unión agrícola francesa el defender los derechos del pueblo saharaui per se, aunque podamos manifestarnos en solidaridad con ellos.

Nuestra preocupación inicial fue el impacto de la importación de tomates sobre la producción europea. Al explorar el modo de impugnar el acuerdo, nos percatamos de que el asunto del Sahara Occidental ofrecía una avenida legal y política —que se alineaba también con nuestros valores fundamentales de respeto por la soberanía de los pueblos, por las leyes internacionales, por las Naciones Unidas y el multilateralismo. Apoyar al pueblo saharaui fue un paso lógico.

Durante nuestra acción del 26 de noviembre contra la compañía Azura, convergieron dos luchas. Ante la Corte de Justicia había dos querellantes legales: La Confédération Paysanne y el Frente Polisario. La Corte escuchó los casos juntos porque estaban interconectados. Hoy es claro que existe una clara convergencia de intereses entre el Frente Polisario y organizaciones como la Confédération Paysanne y la Vía Campesina.

La Confédération Paysanne ha tomado acciones contra Azura. ¿Qué papel juega esta compañía?

Mohamed Ould Cherif: Azura es un grupo de agronegocios franco-marroquí que se especializa en producir y exportar tomates cherry, hierbas aromáticas y almejas. Las críticas que enfrenta no están siempre relacionadas con la agricultura. Es el hecho de que algunas de ellas se localicen en el Sahara Occidental, un territorio que Naciones Unidas reconoce que no está autogobernado y cuyo estatus sigue sin resolverse.

Jean Thévenot: Azura produce charolas pequeñas de tomates cherry que se venden en los supermercados por toda Francia por 99 centavos o un euro. Es un producto con mercado masivo que se halla prácticamente en todas partes. En ese sentido Azura se ha vuelto emblemático del acuerdo de libre comercio.

Cuando la Comisión renegoció las reformas al acuerdo en septiembre, el proceso fue conducido en total opacidad. Los grupos de presión de Azura estaban presentes en la mesa de negociación, mientras el Frente Polisario —representante legítimo del pueblo saharaui— fue excluido. Eso habla muy fuerte de cómo opera la Comisión.

Azura mantiene vínculos cercanos con la familia real marroquí y ha asumido una postura política en el conflicto. También cuenta con accionistas franceses y una presencia corporativa de muchos años en Francia. La vasta mayoría de los tomates importados a la Unión Europea tanto de Marruecos como del Sahara Occidental pasan por Azura y transitan vía Perpignan. Esto sitúa a la compañía en el centro del sistema.

Mohamed Ould Cherif: Las críticas dirigidas contra Azura hacen eco de aquellas que se lanzan contra otras compañías por violar las leyes internacionales. Lo que distingue a Azura es su intervención directa en el proceso del arreglo, en particular con la importación de mano de obra marroquí al Sahara Occidental ocupado. Sus actividades además son muy intensivas, y le ponen mucha presión a los acuíferos locales, además de utilizar insumos que dañan el ambiente.

La votación del 26 de noviembre en el Parlamento Europeo fracasó por un voto. ¿Hay todavía alguna posibilidad de que se frene el acuerdo?

Jean Thévenot: Paradójicamente, la votación del 26 de noviembre no era la más decisiva. Tenía que ver con reglas de etiquetado. Bajo las leyes de la Unión Europea, lo normal es que los productos indiquen su país de origen. En este caso, se creó una excepción para Marruecos, permitiendo que los productos del Sahara Occidental omitieran esa designación y se enlistara la región de origen como el “Gran Sur Marroquí”.

Esto representa una modificación a las mismas regulaciones de la UE. Aunque el Parlamento votó en contra por 359 votos, y quienes votaron a favor fueron 188, el requisito era una mayoría calificada.

Una segunda votación, que se espera que ocurra a principios de 2026, debe abordar los beneficios para el pueblo saharaui. La Comisión alega que los fondos serán invertidos en proyectos de infraestructura para el Sahara Occidental. El Frente Polisario ha señalado que la Corte había requerido una consulta y su participación, algo que no ocurrió. Más aún, los “beneficios” propuestos serán canalizados principalmente a plantas de desalinización de agua de mar.

Mohamed Ould Cherif: Hay aún una ventana de oportunidad, pero requerirá una estrategia combinada: presión política, acciones legales y una movilización pública, en los medios, económica. Si quienes se oponen al acuerdo logran transformar la mayoría relativa en una absoluta, o si se logran suspensiones judiciales, el acuerdo puede bloquearse o renegociarse. Si esto no se logra, puede entrar en vigor pese a que haya una resistencia significativa.

¿Se planean futuras iniciativas?

Jean Thévenot: Por ahora, nuestro foco es la defensa legal a nivel de Europa.

Mohamed Ould Cherif: Estamos apoyando los esfuerzos de la sociedad civil para que haya más conciencia hacia el cumplimiento de los fallos de la Corte de Justicia y exista oposición a la explotación de los recursos en el Sahara Occidental, a través de un trabajo de consultoría y publicando documentos explicativos analíticos para los ámbitos políticos y sociales.

Fuente: Bilaterals