El acuerdo militar con EE.UU. ya es Ley en Paraguay

La ley tiene 14 artículos. Entre las principales críticas se encuentran la pérdida de soberanía, la posición entreguista, el carácter de sumisión y subordinación absoluta del actual gobierno, así como los privilegios que se otorgan al personal militar extranjero en Paraguay.

Sin embargo, es importante darle la importancia necesaria para remarcar algunos puntos y señalar otros que probablemente no hayan recibido mucha atención en los distintos análisis sobre el contenido de esta nueva ley.

Primero, la inmunidad no es solo para los militares. También alcanza a civiles y contratistas que trabajen para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Segundo, se les otorgarán privilegios, exenciones e inmunidades. Entre ellas, el reconocimiento automático de licencias profesionales y licencias de conducir, además de la habilitación para portar armas.

Tercero, en cuanto a las exenciones, la ley establece que dicho personal “no será responsable de pagar ningún impuesto o cargo similar aplicado dentro del territorio del Paraguay, y podrá introducir al territorio paraguayo, así como sacar y usar en dicho territorio, cualesquiera bienes personales, equipos, suministros, pertrechos, tecnología, entrenamiento o servicios en relación con actividades al amparo del presente Acuerdo” (art. 4).

En otras palabras, todo lo que ingrese o salga estará libre de pagar impuestos aduaneros y tampoco será sometido a inspecciones.

Además, estarán habilitados a utilizar el espectro radioeléctrico -un bien público paraguayo, cuyo uso la ciudadanía paga indirectamente- sin costo alguno (art. 10).

Cuarto, también podrán desplazarse libremente dentro del territorio paraguayo buques, aeronaves y vehículos. Todos ellos estarán exentos de pagar peajes terrestres, así como cualquier pago por estacionamiento, aterrizaje o tasas portuarias. Tendrán libertad de circulación por tierra, aire y agua. Además, cualquier vehículo estará “exonerado de abordaje e inspecciones” (art. 5).

Quinto, se crea una especie de burbuja legal dentro del territorio paraguayo. El artículo 6 deja fuera de competencia, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Tampoco pagarán IVA por compras locales ni aranceles de importación.

Sexto, “los contratistas” también podrán moverse libremente. Pero ¿quiénes son los contratistas? Esto no está claro. Pueden ser desde una multinacional tecnológica hasta un proveedor de agua.

Debido a esta ambigüedad, los contratistas incluso podrían ser de un tercer país, y no necesariamente estadounidenses, y aun así recibir todos los beneficios mencionados.

Pero aquí aparece un gran PERO, extremadamente grave.

También podrían ser ex soldados convertidos en contratistas: empresas de seguridad privadas que operan con personal civil altamente entrenado militarmente. Es decir, podrían ser ex comandos colombianos, ex SEAL o ex Gurkhas. Estas empresas, en ocasiones, prestan servicios al ejército de Estados Unidos, pero sus integrantes son formalmente empleados civiles.

Un caso muy conocido es el de la empresa Blackwater, cuyos contratistas asesinaron a 17 civiles en Irak (2007) mientras prestaban servicios de protección y entrenamiento en ese país. A pesar de que hubo condenas judiciales, posteriormente fueron indultados por Donald Trump.

En otras palabras, el acuerdo habilita legalmente el ingreso de mercenarios al Paraguay.

Y, por último, otro de los pequeños detalles es que el acuerdo no tiene fecha de finalización.

Frente a esto, escandalizarse no es una exageración; en este contexto, es un hecho de dignidad. Porque lo que está en discusión no es solo un simple acuerdo militar, sino el sentido mismo de la soberanía y la responsabilidad de un Estado frente a su propio territorio y población.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)